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Parana » Informe Digital
Fecha: 20/06/2025 16:39
SANTA FE.- El grupo agroexportador Vicentin se encuentra con poco margen judicial para evitar el cramdown, un proceso que permite a cualquier interesado presentar una propuesta por la compañía, la cual se encuentra en concurso de acreedores y tiene una deuda superior a US$1500 millones. Recientemente, sufrió otra derrota en el ámbito legal. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial rechazó el recurso de inconstitucionalidad que la empresa había presentado contra el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rafaela. En su evaluación, el Tribunal determinó que el planteo de la empresa no cumplió con uno de los requisitos formales establecidos por la Ley 7055, específicamente en lo relativo a la “propuesta y mantenimiento de la cuestión constitucional en todas las instancias del proceso”. Para recordar, en mayo pasado, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó un fallo que ordena la realización del proceso de cramdown, respaldando así una resolución emitida por el juez del concurso de la cerealera, Fabián Lorenzini. A pesar de que la Cámara reconoció que Vicentin cumplió con varios de los requisitos exigidos, como la legitimación, la fundamentación coetánea y la presentación en término, consideró que no sostuvo de manera oportuna ni clara la supuesta violación constitucional que alegó. Por lo tanto, según la interpretación del Poder Judicial de la provincia, el acuerdo de acreedores en el concurso alcanzado previamente por Vicentin se considera un caso cerrado. Esto implica que se ratifica la invalidez del acuerdo por ser “abusivo e ilegal”. No obstante, queda una última instancia, que es el recurso de queja que Vicentin presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, este trámite no detiene las acciones en la provincia. En consecuencia, tras su decisión, la Cámara de Rafaela deberá remitir el expediente al juez de primera instancia, es decir, Fabián Lorenzini de Reconquista, para que organice el período de salvataje o cramdown. La empresa también ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, el cual está pendiente de resolución. Marcelo Manera – LA NACION La reciente decisión, firmada por los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, establece que la cerealera debe hacerse cargo de los costos, fijados en el 25% de los honorarios que se regulen en primera instancia. Antes de emitir esta resolución, la sala consultó a las partes involucradas; es decir, Commodities SA, la Fiscalía de Cámaras y la Sindicatura concursal. Como se informó anteriormente, el recurso había sido formalizado el 28 de mayo por la concursada en respuesta al rechazo judicial a su propuesta de pago en el contexto del concurso preventivo. Entre los principales argumentos, la empresa había esgrimido varios agravios constitucionales que, a su juicio, invalidaban lo decidido inicialmente por la Corte provincial, y luego confirmado por la Cámara de Rafaela. Este nuevo período que se abre en la larga resolución del caso Vicentin, desde la presentación judicial efectuada a fines de 2019, se conoce como cramdown. Este proceso está contemplado en la Ley de Concursos y Quiebras del país y se activa cuando el deudor no consigue la aprobación de su propuesta de pago por parte de la mayoría de los acreedores o cuando no es homologada por el Poder Judicial. Esta última variante es aplicable en este caso. Durante este período, que deberá ser iniciado por el juez Lorenzini, los interesados en adquirir los bienes de Vicentin tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas. Si se presenta una oferta viable y se obtienen las mayorías legales, podrá ser homologada por el juez, incluso sin el consentimiento del deudor. Mientras el escenario judicial sacude al grupo Vicentin, cuya dirección está intervenida, las tres plantas operativas de la firma (San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda) continúan trabajando normalmente en el procesamiento de granos aportados por ocho empresas que han aceptado el sistema de fasones. Desde junio se ha garantizado la actividad en dichas plantas por cinco meses más, lo que ha brindado tranquilidad a los 1700 trabajadores. La planta de Vicentin ubicada en Ricardone; con los fasones se aseguró la operación de los establecimientos de la empresa El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo, Daniel Succi, admitió en una consulta a este medio que la operatoria sigue sin contratiempos, aunque los trabajadores esperan conocer los siguientes pasos judiciales para evaluar las condiciones en las que se mantendrán las fuentes laborales. Por otro lado, mediante una resolución dictada por el juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador, los cuatro directivos de la firma que se encontraban detenidos –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti–, imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos, recuperaron su libertad tras el pago de una fianza de US$1 millón cada uno.
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