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Fecha: 20/06/2025 13:48
Un grupo de legisladores nacionales presentó un proyecto para derogar el decreto presidencial que crea el nuevo Departamento Federal de Investigaciones dentro de la Policía Federal Argentina. Desde el espacio Democracia para Siempre advierten que la norma podría vulnerar derechos constitucionales y fue incluso denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El decreto 383/2025, firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, establece una amplia reforma dentro de la estructura de la Policía Federal, con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado y equiparar sus estándares a los de agencias internacionales como el FBI. La presentación oficial se realizó en un acto encabezado por el presidente junto a parte de su Gabinete. Sin embargo, los diputados Pablo Juliano, Facundo Manes, Fernando Carbajal, Danya Tavela, Mariela Coletta y Carla Carrizo, aseguran que esta medida excede las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley Bases y representa un riesgo para los derechos civiles. Según señalaron, el Congreso solo habilitó reformas administrativas y no la creación de nuevas normativas que puedan restringir libertades individuales. Uno de los aspectos más cuestionados del decreto es la ambigüedad en ciertos conceptos, como "amenazas al orden público" o "seguridad del Estado", que podrían ser utilizados de forma discrecional por las fuerzas de seguridad. Los legisladores alertan que eso podría abrir la puerta a prácticas como el ciberpatrullaje a opositores, la persecución de protestas o la criminalización de organizaciones sociales. Milei y parte de su Gabinete durante la presentación. Además, el diputado Carbajal denunció que se modifican indirectamente artículos de los Códigos Procesales, permitiendo detenciones basadas en criterios subjetivos, algo que considera un retroceso en materia de derechos humanos. El bloque opositor presentó un pedido formal para declarar la nulidad del decreto y solicitó una medida cautelar internacional para impedir su implementación. También reclaman un mayor debate legislativo antes de aplicar cambios que, aseguran, podrían afectar garantías fundamentales de los ciudadanos. Notas Relacionadas
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