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CABA » Plazademayo
Fecha: 20/06/2025 13:14
La causa Vialidad, que concluyó con la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un origen marcado por decisiones políticas y judiciales controvertidas. Una de las piezas clave en su armado fue Javier Iguacel, exministro de Energía y extitular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue él quien, sin fundamentos sólidos, ordenó iniciar una auditoría exclusiva sobre la obra pública en Santa Cruz, la provincia natal del kirchnerismo. La llegada de Iguacel a la Dirección Nacional de Vialidad fue rápida y con objetivos definidos. Según reveló el periodista Ariel Zak en el programa Minuto Uno, «su primera resolución, prácticamente minutos después de asumir el cargo, fue ordenar una auditoría de las obras públicas realizadas en Santa Cruz», ignorando intencionalmente el pedido de realizar un relevamiento nacional. Es decir, el enfoque estuvo desde el inicio dirigido únicamente hacia el kirchnerismo. Esa decisión marcó el rumbo de lo que luego sería una causa judicial plagada de cuestionamientos por su orientación política, falta de pruebas concluyentes y la colaboración activa del juez Julián Ercolini, quien admitió la causa y la empujó hasta su judicialización. La intervención de Iguacel, avalada por el entonces presidente Macri, fue la piedra fundacional del expediente que terminó por condenar a la actual titular del Partido Justicialista. De operador judicial a empresario petrolero A fines de 2023, en medio de las negociaciones entre Mauricio Macri y Javier Milei para definir el nuevo gabinete libertario, el nombre de Javier Iguacel volvió a sonar fuerte. Macri propuso a su exfuncionario como titular de YPF o al frente del área de Energía, aunque finalmente no fue designado en ninguno de esos cargos. Según el periodista Andrés Lerner, Iguacel terminó recalando en el sector energético privado: se puso al frente de Bentia Energy S.A., una empresa creada en junio de 2024, que en pocos meses logró posicionarse estratégicamente en áreas clave de explotación hidrocarburífera. «A Iguacel, como no le dieron YPF, que era lo que él quería, le terminaron pagando con pozos petroleros», revelaron fuentes del negocio energético. El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Cristina Kirchner y su inhabilitación política, utilizando el controvertido artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta herramienta legal permite al tribunal rechazar recursos extraordinarios sin fundamentar la decisión, solo con la invocación de dicha norma. “La Corte, según su sana discreción, podrá rechazar el recurso extraordinario con la sola invocación de esta norma”, señala el artículo. Su aplicación en este caso implica que el máximo tribunal avaló el proceso judicial sin revisar a fondo las pruebas ni los cuestionamientos de la defensa, cerrando la vía de apelación de la expresidenta. Una causa con final político La causa Vialidad no solo condenó a la expresidenta, sino que dejó al descubierto los mecanismos con los que el poder político —durante la gestión de Macri— intervino en el ámbito judicial para perseguir a sus adversarios. La figura de Javier Iguacel representa ese engranaje que, desde el Estado, inició una causa dirigida, cuya lógica de construcción y objetivos políticos están hoy cada vez más en debate. Mientras tanto, su carrera como funcionario se transformó en una veloz incursión empresarial, con acceso a áreas clave de explotación energética.
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