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» Diario Cordoba
Fecha: 20/06/2025 07:46
La violencia de género acapara, aproximadamente, la mitad de las penas y medidas alternativas a la prisión impuestas por los jueces y juezas en Córdoba durante 2024. Se trata de procedimientos donde los magistrados determinan que la formación o los trabajos en beneficio de la comunidad pueden ser alternativas a la privación de libertad y cumplir con el objetivo de la reinserción social de los condenados. Así, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, enmarcado en la actividad del centro de inserción social Carlos García Valdés, recibió un total de 1.885 mandamientos judiciales durante el año pasado en Córdoba. De ellos, 900 (lo que representa el 48% del total) castigaban la comisión de delitos de violencia machista, por lo que se trata de los casos más habituales. Dada la posibilidad de que los condenados sean extranjeros, pueden disponer de un intérprete si hablan árabe y la formación se impartirá en inglés si este es su idioma. Los magistrados pueden acordar estas penas y medidas cuando el condenado ha cometido un delito leve y, entre otras circunstancias, la pena de cárcel no excede los dos años, aunque existen excepciones hasta los cinco años. En su resolución, el órgano judicial indica la medida y el número de jornadas que debe cumplir, que pueden ser entre 60 y 90 en función de la gravedad del delito. De acuerdo con este número, el servicio de gestión plantea la ejecución de un taller, que dura en torno a dos meses; un programa formativo, que se extiende unos 10 meses; actividades de utilidad comunitaria o ambas iniciativas. En esta línea, desde la secretaría general de Instituciones penitenciarias explican que el juez determina si el penado desarrolla una tarea de utilidad pública o si la pena de privación de libertad se suspende con la condición de cumplir diferentes medidas (como, por ejemplo, el alejamiento de la víctima) y de realizar un programa. Como se ha referido, en algunos casos la sanción conlleva ambas medidas, trabajos en beneficio de la comunidad y la participación en un taller o programa. Por ello, el número de mandamientos judiciales no se corresponde con la cifra de condenados. Es más, un mismo individuo puede ser obligado a cumplir estas medidas en diferentes ocasiones. Para su desarrollo, se tienen en cuenta diferentes circunstancias como la situación personal del penado (por ejemplo, si puede desplazarse a otros municipios), y la asistencia a estas actividades se compatibiliza con la vida familiar y laboral. En el caso concreto de los delitos de violencia de género, el 85% de los mandamientos judiciales recibidos el año pasado (768 en cifras absolutas) correspondieron a trabajos en beneficio de la comunidad. El 15% restante (132 sanciones) implicaron la realización de un programa. Tráfico y robos En cuanto a otros delitos con los que se pueden cumplir penas y medidas alternativas a la prisión, las infracciones de seguridad vial son el segundo grupo más numeroso en Córdoba, ya que sumaron 505 mandamientos judiciales el año pasado. De acuerdo con la información facilitada por Instituciones penitenciarias, en el 94% de los casos (475 mandamientos judiciales) se impusieron trabajos en beneficio de la comunidad y en el 6% restante (30 medidas) la condena de prisión se suspendió con un programa. Los delitos contra el patrimonio (como robos, estafas y apropiaciones indebidas) dieron lugar a 237 sanciones el año pasado. De ellas, el 95% fueron trabajos en beneficio de la comunidad. Los jueces y juezas también plantearon 164 penas y medidas alternativas por lesiones y el 91% fueron servicios de utilidad pública. Otros delitos motivaron 79 sanciones en total. Junto a los programas de violencia de género, tráfico o patrimonio, los penados también pueden realizar otros para el control de la agresión sexual; la delincuencia sexual con menores en la red (Fuera de la Red); la violencia familiar; habilidades sociales; sensibilización en drogodependencias; Justicia restaurativa; formación para el empleo e inserción laboral, o el programa Puente extendido, para personas con discapacidad, entre otros. La información de Instituciones penitenciarias pone de relieve, no obstante, que las actividades de utilidad comunitaria constituyen la gran mayoría (el 89%) de las penas alternativas a la cárcel en Córdoba. De las 1.885 sanciones ingresadas por el servicio de gestión en 2024, un total de 1.682 correspondieron a esta tipología. Estos trabajos cuentan con la colaboración de ayuntamientos y de entidades privadas y públicas. El número de mandamientos judiciales relativos a penas y medidas alternativas a la prisión se mantiene, prácticamente, sin cambios en los últimos años. En este sentido, los 1.885 recibidos en 2024 representan un descenso del 3% en comparación con los anotados en 2023. No obstante, en el primer trimestre de 2025 se han contabilizado 478 y estos son una cuarta parte de los gestionados el año pasado. Suscríbete para seguir leyendo
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