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Parana » Informe Digital
Fecha: 20/06/2025 07:42
El interventor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, junto a su segundo al mando en el organismo, Diego Kravetz, ha sido denunciado por abuso de autoridad este jueves en relación al nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), sancionado por el Gobierno de Javier Milei. La denuncia, que ha sido presentada ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti, fue formulada por la asociación de derechos humanos CELS, cuyos representantes afirman que el Señor 5 y su par facilitaron tareas de inteligencia sobre personas y grupos por motivos políticos. “Autorizan la vigilancia sobre grupos sociales vulnerables, manifestantes, líderes políticos y sociales críticos, comunidades indígenas, ambientalistas, periodistas, artistas y cualquier actor que cuestione al Gobierno o que los funcionarios de la SIDE consideren ‘amenazas’”, declaró el CELS a través de X. Diego Kravetz, director de Operaciones de la SIDE y exfuncionario porteño Aunque el PIN es confidencial, ha sido parcialmente expuesto por el periodista Alconada Mon en La Nación y por la revista Crisis. Los extractos divulgados por estos medios destacan apartados alarmantes que ordenan “vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales”, afirmó el CELS. En el nuevo Plan de Inteligencia, la SIDE “faculta la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, así como de líderes sociales, economistas, periodistas, académicos, artistas y cualquier voz crítica”, analizó el organismo de derechos humanos. “El Plan de Inteligencia también se concentra en monitorear la conflictividad socioambiental y controlar tanto al activismo ambientalista como a las comunidades indígenas —grupos que buscan proteger patrimonios culturales y/o sagrados—”, señalaron, y explicaron que la SIDE centra su atención en esas situaciones y actores con posibilidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos que podrían afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. Asimismo, denuncian que el PIN permite la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que sean consideradas amenazas para los planes del Gobierno. “Si tomamos en cuenta medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas, podemos regresar al año pasado, cuando el Gobierno empleó esos términos para hablar de forma prejuiciosa y estigmatizante sobre manifestantes, grupos anarquistas o antifascistas”, advirtieron. Según el organismo, el PIN viola la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. LM/ML
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