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Parana » Informe Digital
Fecha: 20/06/2025 05:08
“Me quieren fundir”. Así se expresó Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, al referirse a una nueva resolución judicial que, según ella, pone nuevamente en riesgo a la pyme láctea de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares. El juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, José Ignacio Ramonet, ordenó un embargo preventivo de más de $167 millones a pedido del gremio Atilra, en el marco de un conflicto gremial que ya se extiende por tres años. La situación se desencadenó tras un bloqueo que llevó al despido de empleados. La decisión del juez se hizo pública un día antes de una audiencia de conciliación que se llevó a cabo hoy, en la cual la empresa presentó una nueva oferta para resolver el conflicto: pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados, tal como había sugerido el propio juez en una instancia anterior. Sin embargo, según explicó la empresaria, ninguno de los trabajadores asistió a la audiencia virtual. Solo estuvo presente el abogado del gremio, Alberto Coronel, y el juez Ramonet no participó, delegando la convocatoria en su secretaria. “No entiendo nada. Hicimos una oferta razonable, tal como sugirió el mismo juez. Además, fue rechazada sin la presencia de los trabajadores. Solo estaba el abogado. Tampoco el juez. La audiencia fue un simulacro”, afirmó la empresaria. Bada Vázquez explicó que el embargo se basa en una multa (astreintes) por no haber reincorporado a 26 trabajadores despedidos. Insistió en que dicha resolución está apelada ante la Corte Suprema y que el cálculo del monto es totalmente erróneo. “Tomaron como válidos $50.000 por día, cuando lo único firme son $10.000. El embargo debería ser por 40 millones, no por $167 millones. Es una locura”, sostuvo. En la resolución firmada por el juez, se indicó: “Decrétese embargo preventivo sobre los fondos presentes y futuros que Lácteos Vidal tenga depositados o a depositar […] hasta cubrir la suma de $129.723.774, más $38.900.000 en concepto de intereses y costas”. El conflicto judicial se remonta a 2022, cuando los trabajadores agrupados en Atilra iniciaron medidas gremiales en reclamo de recategorizaciones. La empresa denunció bloqueos y hechos de violencia. En ese contexto, despidió a 26 de sus 46 empleados. El gremio judicializó la situación y el juez Ramonet dictó una medida cautelar para que los trabajadores fueran reincorporados. Según Bada Vázquez, el juez actuó alegando que los despedidos contaban con fueros gremiales, “cuando en realidad ninguno los tenía”. Posteriormente, varios de los trabajadores desistieron de su reclamo de reincorporación y optaron por solicitar la indemnización, razón por la cual el juez declaró abstracta la medida en una resolución previa. “En ese momento le pedimos que cierre el tema porque no se puede solicitar indemnización y reincorporación al mismo tiempo. Y nos dio la razón. Sin embargo, en la misma resolución, liquidó los astreintes hasta el día en que pidieron la indemnización. Eso es lo que estamos apelando”, explicó. “No se puede pedir reincorporación y dinero al mismo tiempo. El juez lo reconoció, pero a pesar de ello nos liquidó una multa. Y ahora, sin que esté firme, nos embargan. Es muy injusto”, añadió. A pesar del proceso judicial, la empresaria insistió en que el embargo pone en peligro el funcionamiento diario de la pyme. “Nos deja sin recursos para pagar los sueldos, aguinaldos, impuestos y proveedores. No es que me retienen dinero que tengo guardado, es que nos dejan sin aire para operar. Es un daño irreparable”, advirtió. La firma continúa operando, aunque con numerosas dificultades. Produce leche, quesos y otros productos lácteos, tanto para el mercado interno como para la exportación. Sin embargo, según su dueña, esta situación podría paralizar toda la operación. “Estamos produciendo, pero si me embargan esa cuenta, no podré pagar nada. Usamos ese dinero a diario. No es una reserva, es el flujo normal del negocio”, explicó. Denunció que la intención del gremio es llevarla al cierre definitivo. “Hace tres años que estoy luchando por sobrevivir. No quieren que esto termine. No buscan un acuerdo. Y siento que manejan al juez, porque esto no tiene lógica”, afirmó. Además, criticó el hecho de que el embargo se haya impuesto justo antes de la audiencia de conciliación: “¿Cómo vamos a negociar algo si ya nos pusieron un embargo? ¿Qué trabajador aceptaría un acuerdo si ya le prometieron millones? Esto se hizo para frustrar cualquier posibilidad de arreglo”, dijo. “El mensaje es claro: fundite y cállate. Nos están empujando al abismo con medidas que carecen de sentido y justicia. Pero vamos a seguir peleando”, concluyó. Añadió: “Vamos a apelar este embargo y a denunciar todo lo que tengamos que denunciar. No nos rendiremos”. Desde Atilra, por su parte, confirmaron la medida judicial y resaltaron que se trata del primer embargo contra la firma por no pagar los astreintes. En un comunicado, el gremio indicó: “Este es el primer embargo que recibió la empresa láctea por negarse a reincorporar a los trabajadores despedidos injustamente”. Afirmaron que hay más embargos en proceso, por montos incluso mayores. “Se están preparando otros embargos por cifras superiores a este primer embargo, sin perjuicio de las otras causas que están pendientes de resolución”, añadieron. El sindicato también cuestionó el rol del juez Ramonet: “El juez no fue capaz de hacer cumplir en su momento la resolución que él mismo dictó”. Finalmente, explicaron el propósito de los astreintes: “Son sanciones económicas impuestas por un juez a una parte que no cumple con una orden judicial determinada. Se calculan como una suma de dinero por cada día, semana o mes que transcurre sin que se cumpla la orden judicial”.
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