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» Comercio y Justicia
Fecha: 19/06/2025 11:02
El ex ministro de Salud de la provincia Diego Cardozo fue absuelto. Aunque hubo condenas por encubrimiento y falsedad ideológica, todos los exfuncionarios evitaron la prisión efectiva y fueron eximidos de indemnizar a las familias. El peso civil de la tragedia recaerá sobre Agüero y el Estado provincial. Hubo cinco absoluciones Después de seis meses de audiencias públicas, con 99 testigos y 57 jornadas de debate y tras 10 horas de deliberación, la Cámara 7° del Crimen de Córdoba y los jurados populares dictaron una sentencia sin precedentes. La enfermera Brenda Agüero, de 30 años, fue condenada a prisión perpetua por el asesinato serial de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho, ocurridos entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”. Agüero fue declarada culpable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterada en cinco casos y tentativa de homicidio en otros ocho casos, de bebés que pudieron sobrevivir. El veredicto fue dictado por un jurado popular compuesto por ocho ciudadanos y dos jueces técnicos, quienes por mayoría consideraron probado que Agüero inyectó de forma intencional sustancias letales como potasio e insulina a bebés que estaban a su cuidado inmediato, pese a que su función era atender a las madres. En sus últimas palabras antes de la sentencia, la enfermera aseguró: “A esos niños jamás les hice nada. Pase lo que pase, estoy sumamente en paz”. En pocas semanas se cumplirán tres años desde que está detenida en el penal de Bouwer. Al oír la sentencia, apenas cerró los ojos, sin lágrimas ni palabras. Cuando intentó girarse para mirar hacia atrás, una agente policial que la custodiaba la sostuvo por los hombros. Su abogado se acercó de inmediato para hablarle en voz baja. Además del caso de Agüero, el juicio analizó la responsabilidad penal de otras diez personas, entre ellas funcionarios públicos y profesionales del hospital. La exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, fue condenada a cinco años de prisión por incumplimiento de deberes y encubrimiento y cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La ex funcionaria recuperó su libertad ya que llegó a juicio con prisión domiciliaria que cumple hace tres años. En cambio, el exministro de Salud, Diego Cardozo, fue absuelto por mayoría del cargo de omisión de deberes de funcionario público. La exjefa del área de Neonatología, Marta Gómez Flores, fue condenada por mayoría a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación profesional por falsedad ideológica y encubrimiento, pero también recuperó la libertad. También fueron hallados culpables la médica neonatóloga Adriana Moralez, exsubdirector de Gestión Administrativa Alejandro Escudero Salama y el ex secretario de Salud Pablo Carvajal. Salama recibió una condena de cinco años de prisión y se le fijó una fianza para que permanezca en libertad. Al mismo tiempo, le impusieron una inhabilitación de cinco años. En el caso de Carabajal, fue condenado a cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación. Por el contrario, fueron absueltos por unanimidad, la exvicedirectora y jefa de Tocoginecología Claudia Ringelheim, el exjefe del Área Legal del Ministerio Alejandro Gauto, la médica que firmó actas de defunción sin denunciar lo ocurrido María Alejandra Luján y la exjefa de Enfermería Alicia Ariza. Además, el Tribunal dispuso que los familiares de los bebés sean considerados víctimas de violencia institucional y millonarias indemnizaciones que estarán a cargo de Brenda Agüero y la Provincia de Córdoba. En cambio, se rechazaron todas las demandas civiles contra los exfuncionarios y exdirectivos del hospital, quienes no responderán con sus patrimonios por los distintos daños a las víctimas. En dos semanas se comunicarán los fundamentos de la sentencia. A partir de ahí las partes podrán apelar. El perfil de la acusada y las pruebas clave El juicio comenzó el 6 de enero de 2025 y fue uno de los más relevantes en la historia judicial de Córdoba. Su desarrollo reveló no sólo la actuación criminal de una empleada de la salud, sino también un fallo estructural de control y supervisión estatal, que permitió que los crímenes se sucedieran sin freno durante casi tres meses. La investigación determinó que Agüero actuó en soledad, y que era la única persona presente en todos los casos denunciados. Según la hipótesis de la fiscalía, buscaba destacarse profesionalmente al ser la primera en alertar sobre los síntomas graves que luego presentaban los bebés. Aunque se desempeñaba en el área de Obstetricia, Agüero tenía acceso a los recién nacidos y a los “carros de paro” del hospital, desde donde habría obtenido los insumos. El fiscal que instruyó la causa, Raúl Garzón, presentó como evidencia los pinchazos encontrados en los cuerpos de los bebés en lugares no habituales para inyecciones, los niveles anormales de insulina y potasio en sangre, y la presencia de archivos en su celular sobre el efecto del potasio en neonatos. Madres que testificaron en el juicio reconocieron a la enfermera como la última persona que tuvo contacto con sus hijos antes de que comenzaran a presentar síntomas. En algunos casos, las autopsias de las víctimas confirmaron que las sustancias inyectadas eran incompatibles con la vida. La cronología de los hechos Los ataques ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022. Sin embargo, la denuncia penal no se realizó hasta un mes después, gracias a la valentía del ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica del hospital que se enteró de lo que estaba ocurriendo y decidió presentarse ante la Justicia. El 6 de junio fue un punto de quiebre: cuatro bebés se descompensaron en pocas horas. Según declararon los médicos en el juicio, nunca antes habían visto algo similar. Esa misma noche, Brenda Agüero y otros profesionales fueron apartados preventivamente. La autopsia de dos de las últimas víctimas —Melody Luz Molina y Angeline Rojas— fue determinante para avanzar con la causa y establecer el patrón criminal. El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante el juicio que hubo un intento sistemático de ocultar lo que sucedía en el Neonatal. Las autoridades, en lugar de alertar a la Justicia, habrían intentado proteger la imagen del hospital y de la gestión sanitaria, desplazando a Agüero “simuladamente” mediante licencias y evitando documentar lo ocurrido. La cadena de responsabilidades, según la fiscalía, se extendía desde la enfermera hasta los más altos niveles del sistema de salud provincial. Una jornada diferente en los tribunales Durante la jornada de sentencia, decenas de familiares de las víctimas se acercaron a los Tribunales de Córdoba. Vestidos con remeras con los rostros de los bebés, colocaron globos con sus nombres en las escalinatas del edificio, pasacalles y pancartas con la consigna: “Justicia por los bebés del Neonatal”. Del otro lado, también hubo manifestaciones en apoyo a Brenda Agüero, con carteles que sostenían su inocencia. Por primera vez, habló el padre de la acusada, quien no vive en Córdoba. “Cómo va a pedir disculpas por algo que no hizo. Mi hija no tiene que pedir disculpas, es inocente”, dijo el hombre.
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