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Parana » Informe Digital
Fecha: 19/06/2025 07:02
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, ha confirmado los procesamientos de dos exfuncionarios de Vialidad Nacional, junto a empresarios y dos empresas, por fraude contra la administración pública y otros delitos relacionados. Entre los acusados se encuentran dos reconocidas firmas de Entre Ríos: LPP SA (Lemiro Pablo Pietroboni SA) y Luis Losi SA, así como el empresario Gabriel Losi. Ambas empresas han presentado ofertas recientemente para hacerse cargo de una millonaria obra vial en diversos tramos de las rutas en los departamentos de Paraná y Nogoyá, con un valor que supera los 30 millones de dólares. La investigación se centró en un esquema de fraude que perjudicó a la administración pública y el cobro de “retornos” (sobornos) durante los trabajos en la Ruta Nacional N° 19, Tramo II “Cañada Jeanmarie – Arroyito”, entre mayo y diciembre de 2017. Según los detalles del procesamiento, la maniobra de fraude se basó en la simulación de una ejecución de terraplén, que fue reportada como mayor al volumen realmente construido. Esto se logró mediante la presentación falsificada de mediciones de los perfiles de la base de asiento en los certificados de obra. Como resultado, el Estado Nacional sufrió un perjuicio económico de al menos $9.429.483,84 (a valor de contrato, sin actualizar) debido a una subejecución de 67.152 metros cúbicos de terraplén. Esta irregularidad se reflejó en la presentación mensual de certificados de obra. Durante una auditoría realizada en diciembre de 2017, se encontraron discrepancias entre los trabajos certificados y los realmente efectuados. Testimonios y evidencias electrónicas indicaron que el personal de la empresa interrumpió el registro de datos de un GPS de medición, lo retiró y borró archivos. A pesar de estos borrados, se recuperaron archivos “crudos” que mostraron una diferencia de cota en el centro de perfil de entre -14 cm y -30 cm. Además, durante la auditoría se halló suelo suelto sobre la base de asiento, lo que impidió realizar nuevas mediciones y sugirió un intento de ocultar la subejecución. Las conversaciones interceptadas entre los involucrados revelaron instrucciones para “limpiar todas las computadoras que contengan información” y “tapar todo” ante posibles visitas. A raíz del informe, la Dirección Nacional de Vialidad tomó medidas, que incluyeron la asignación de un nuevo equipo de inspección y la emisión de una circular a nivel nacional para reconfigurar el procedimiento de mediciones, exigiendo notificaciones previas al inicio de los trabajos para un control adecuado. En cuanto a los sobornos, los funcionarios públicos Guillermo Crisci y Fernando Darío Mardiza, según la imputación judicial, recibieron distintas sumas de dinero de las empresas contratistas L.P.P. S.A. y Luis Losi S.A., a través de las firmas INAC Consultores S.R.L. (vinculada a Crisci) y M y C Servicios S.A.S. (vinculada a Mardiza). Estos pagos se realizaron bajo la apariencia de contratos de servicios profesionales o alquiler de maquinaria. La investigación reveló comunicaciones que daban cuenta de Mardiza liderando las negociaciones de MyC, y los miembros de la UTE (unión temporal de empresas) estaban al tanto de su vinculación. Asimismo, se encontraron correos que demostraban la conexión de Crisci con INAC Consultores y su involucramiento directo con las empresas contratistas, a pesar de haber cedido sus cuotas societarias al asumir su función pública. Los delitos en cuestión incluyen Defraudación, Falsificación de certificados de obra y Cohecho activo para las empresas Luis Losi S.A. y L.P.P. S.A. Este delito está contemplado en la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2018. Se considera aplicable dado que los pagos de los “retornos” continuaron incluso después de la entrada en vigencia de la ley. Esta norma establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos como el cohecho activo si se realizaron en su nombre, interés o beneficio. Se determinó que los mecanismos de control interno de las empresas no se aplicaron correctamente y se evidenció una “organización defectuosa”. En otro orden, la Unidad Ejecutora Provincial ha convocado a licitación pública internacional para una obra vial significativa. El objetivo de esta licitación es la reconstrucción de la Ruta Provincial N° 34, que abarca tramos desde la ruta 32 hasta la 33; de la ruta 33, desde la 34 hasta la 43; la ruta 43, desde la 33 hasta la 31; y la Ruta Provincial 31, desde la 43. Estas rutas se localizan en el Distrito Quebracho, Departamento Paraná, y en Crucecitas, Departamento Nogoyá. La inversión provincial para esta obra asciende a $36.678.908.883,16, lo que equivale a aproximadamente 30,5 millones de dólares. Dos de las empresas que han presentado ofertas para el proyecto están directamente relacionadas con el caso de los sobornos. Será necesario esperar la evaluación de la licitación para determinar si esta situación judicial influye en la valoración de cada oferta.
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