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Parana » Informe Digital
Fecha: 19/06/2025 02:53
Augusto Amirante, un narcotraficante con antecedentes en el contrabando de cocaína, busca retomar sus operaciones en el Puerto de Concepción del Uruguay. Planeaba valerse de una empresa a través de intermediarios para hacerse con el depósito fiscal, tras la quiebra de la anterior firma en medio de un entramado delictivo, lo que pone de manifiesto los intereses de diversos grupos narcotraficantes en esta ubicación estratégica. Amirante no es un nombre nuevo en el mundo del narcotráfico en Argentina. En 2009, fue condenado a cinco años y medio de prisión por el caso conocido como "jabón blanco", un intento de contrabando de 140 kilos de cocaína desde la terminal portuaria de Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, hacia Holanda. La droga estaba oculta en 12.000 bolsas de jabón en polvo y fue descubierta por la Aduana y la Policía Federal el 17 de enero de 2007. Es hermano del exfiscal federal porteño, Oscar Amirante, y cuenta con un título en Ciencias Económicas y un diploma en Comercio Exterior. Se le acusó de haber diseñado, dirigido y llevado a cabo esa operación. En 2018, Amirante llegó a Concepción del Uruguay y se convirtió en Administrador General de TPCU, la empresa que operaba el Depósito Fiscal, aparentemente bajo la propiedad de Cristian Galante, un prestanombre. Presentándose como un empresario legítimo, recibía a funcionarios y destacaba el éxito comercial del puerto. No obstante, hasta finales de 2023, ocurrieron eventos cuestionables en ese ámbito. La situación, escandalosa y aparentemente desapercibida, se hizo pública en 2022. En junio de ese año, Amirante aparentemente se retiró de TPCU y un personaje polémico, el abogado José Alberto Uriburu, emergió como nuevo dueño, en medio de una confusa serie de cambios de propietarios y directores. En 2023, la empresa enfrentó una avalancha de demandas laborales y se vio inmersa en un proceso de quiebra, lo que impidió a Uriburu renovar la concesión del Depósito Fiscal ante las nuevas autoridades de 2024. Fue entonces cuando él denunció pagos ilegales a funcionarios de la administración anterior: Carlos María Scelzi, administrador del Ente Autárquico del puerto, y Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, expresidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos. Esta historia fue relatada previamente por Marcelo Medina en su informe sobre el caso. Uriburu también mencionó a Gastón Tallone, un operador portuario que desapareció en abril, con su familia denunciando un secuestro extorsivo por el que pagaron aproximadamente 40.000 dólares, pero Tallone nunca regresó. Mientras tanto, una investigación por narcotráfico y lavado de activos avanzaba de manera subrepticia en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Escuchas telefónicas revelaron una trama criminal: el secuestro extorsivo de Tallone, quien había quedado con un cargamento de cocaína en Brasil, mientras una banda narco de Rosario esperaba para utilizar el puerto para contrabando internacional. Según la investigación liderada por el fallecido juez Pablo Seró y la fiscal Josefina Minatta, a mediados de 2023 se habrían llevado a cabo operaciones de narcotráfico en el depósito fiscal de TPCU. El caso finalmente fue transferido a la Justicia Federal de Buenos Aires, debido a la competencia territorial relacionada con el secuestro. Uno de los imputados es Gustavo Juliá, condenado a 13 años por intentar introducir casi una tonelada de cocaína de alta pureza en España en 2011, en el caso denominado "Narcojet". La intención de Uriburu era convertir el puerto de Concepción del Uruguay en un punto de salida de drogas a gran escala, por lo que estaba ansioso por asegurar la continuidad de la concesión que otorga el Ente Autárquico. Sin embargo, ante las deudas, la quiebra y el fin de la concesión, su historia portuaria se tornó incierta, aunque las intenciones de los narcotraficantes de seguir operando persistieron. En este contexto, Augusto Amirante reapareció, aunque no en persona. A finales del año pasado, su abogado, Pablo Martincic, se presentó ante el Ente Autárquico del puerto para realizar los trámites necesarios que permitieran a Amirante retomar el control del depósito fiscal, a través de una nueva empresa llamada Logistic Fee. Las autoridades actuales manifestaron su oposición a la propuesta de Amirante. Martincic intentó gestionar una reunión con Rogelio Frigerio, pero esta no prosperó. En diciembre, el abogado acudió nuevamente, esta vez acompañado por un joven empresario de unos 30 años, supuestamente dueño de una empresa de operaciones portuarias, aunque la gestión tampoco tuvo éxito. Desde Logistic Fee solicitaron respuesta por su intención de hacerse cargo del Depósito Fiscal, pero la respuesta del Ente Autárquico, presidido por el arquitecto Marcos Di Giuseppe, fue que el predio no está disponible mientras permanezca en situación judicial. Además, subrayaron que, dado el carácter estratégico de los permisos de uso y concesiones, cualquier decisión al respecto debe seguir las normativas pertinentes y contar con la intervención del Consejo de Administración, el IPPER y el Poder Ejecutivo provincial. Por el momento, tanto Amirante como su abogado no han vuelto a aparecer, tal vez a la espera de que el juez civil Máximo Mir resuelva sobre la clausura del lugar, que aún está sellado. Se prevé la subasta de los elementos que quedaron, desde mobiliario de oficina y aires acondicionados hasta contenedores, para pagar indemnizaciones laborales. Asimismo, la Justicia Federal tiene retenidos varios contenedores que se presume contienen vehículos en su interior. A pesar de esta situación, en otros sectores del puerto, la actividad sigue con normalidad, con la salida de buques y barcazas, y se están gestionando acuerdos con empresas para almacenar diferentes producciones de la región. La duda que persiste es si Uriburu, Tallone y otros personajes que han aparecido en torno al puerto en los últimos años realmente eran los dueños de TPCU o simplemente actuaban como intermediarios del verdadero cabecilla detrás de toda esta red.
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