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» Misioneslider
Fecha: 19/06/2025 00:03
Una historia de terror Los primeros casos ocurrieron el viernes 18 de marzo de 2022. Ese día a la mañana, pocas horas después de haber nacido, se descompensó Francisco, el primer bebé en fallecer y el único que había nacido por cesárea. Era el tercer hijo de Vanessa Cáceres, una de las madres que fue más activa en su reclamo de justicia. Cuando habló en el juicio, el 14 de enero, el testimonio de Vanessa –que declaró vestida con una remera con el rostro de su bebé– fue desgarrador: “Le reventaron el corazón. El corazón de mi hijo estaba totalmente destruido”. Esa misma mañana, también se descompensó Uma, la hija de Natalí Martínez. La beba logró sobrevivir. Al día siguiente, otros dos casos: Francesca y Luna, las hijas respectivamente de Justine Bustamante y Magalí Hermosilla, que tuvieron que pasar varios días internadas pero pudieron salvar su vida. Lo mismo que Isabella, la hija de Gabriela González, que se descompuso el 26 de abril. La denuncia y la investigación Después de esa madrugada fatal, se dio licencia a 23 personas que habían estado trabajando y las autoridades del hospital iniciaron una investigación interna pero sin dar aviso a la Justicia. Tras tomar declaraciones en ese sumario interno, el cerco se cerró sobre Agüero, a quien le extendieron la licencia mientras el resto del personal se fue reincorporando. Pero tuvo que pasar casi un mes para que interviniera la Justicia: no fueron las autoridades del hospital las que denunciaron las muertes, sino el ingeniero Francisco Luperi, esposo de la anestesióloga del hospital Virginia Zamora. Enterado por su mujer de las muertes y las sospechas y, para protegerla a ella, se presentó ante el juzgado el 4 de julio. «Forma parte de los deberes de un ciudadano», dijo Luperi sobre esa denuncia frente al jurado y los jueces cuando le tocó declarar en el juicio. La responsabilidad de las autoridades La fiscalía y las dos querellas que representan a las familias avanzaron también sobre la responsabilidad en las muertes de las autoridades por no dar aviso a la Justicia ante las primeras muertes que ocurrieron en el hospital. Para los fiscales, si los hechos se hubieran denunciado cuando los funcionarios tomaron conocimiento, se podrían haber obtenido más pruebas, colocado personal de seguridad en el centro obstétrico y evitado muertes. En resumen, la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por la muerte de 5 bebés en el hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” de Córdoba. El juicio reveló una historia de terror donde recién nacidos sanos morían a las pocas horas, y se demostró que Agüero inyectó insulina o potasio a los pequeños, causando su fallecimiento. Además, otras autoridades del hospital fueron condenadas o absueltas en un caso que conmocionó al país. Las familias de las víctimas fueron consideradas víctimas de violencia institucional y se les otorgaron millonarias indemnizaciones.
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