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» Comercio y Justicia
Fecha: 18/06/2025 19:07
Brenda Agüero, enfermera acusada de matar a cinco recién nacidos e intentar asesinar a otros ocho, podría ser condenada a prisión perpetua. También están imputados exfuncionarios del sistema de salud provincial Tras seis meses de audiencias, este miércoles se conocerá el veredicto del juicio por la muerte y descompensación de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. El caso tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, imputada por cinco homicidios y ocho intentos de homicidio. De ser hallada culpable, la única pena posible es la prisión perpetua. Se trata de un caso sin antecedentes en Argentina y con muy pocos paralelos en el mundo. El más cercano es el de la enfermera británica Lucy Letby, condenada en 2023 por asesinar a siete bebés. En este juicio, además, hay diez exfuncionarios y profesionales imputados por delitos como incumplimiento de deberes, encubrimiento y falsedad ideológica, lo que lo convierte en un proceso judicial inédito también a nivel internacional. Entre los acusados figuran el exministro de Salud Diego Cardozo y la exdirectora del hospital, Liliana Asís, quien cumple prisión domiciliaria. El veredicto estará en manos de los ocho integrantes del jurado popular convocado por la Cámara Séptima del Crimen, integrada por los jueces Laura Huberman, Patricia Soria (presidenta) y José Daniel Cesano. La acusación estuvo a cargo de los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Participan del proceso 14 querellantes particulares y 29 demandantes civiles, quienes también apuntan contra el Estado provincial. Los hechos ocurrieron entre marzo y junio de 2022, pero recién en agosto el caso tomó estado público. El giro en la investigación llegó el 6 de junio, cuando murieron dos bebas, Melody Molina y Angelina Rojas. Las autopsias revelaron niveles de potasio en sangre incompatibles con la vida, sin justificación médica. A partir de allí, se exhumaron los cuerpos de otros tres bebés fallecidos previamente: Francisco, Benjamín e Ibrahim. Si bien no se logró determinar de forma concluyente la causa de muerte, los peritos coincidieron en la existencia de “indicios” de intervenciones externas. Los especialistas señalaron que casos de descompensación inexplicable en recién nacidos suelen ocurrir en una proporción de uno cada 100.000. En este caso, hubo 13 en apenas tres meses. Varios bebés presentaban pinchazos injustificados y niveles anómalos de potasio e insulina que, según los peritos, sólo pueden explicarse por aplicación externa. Acusaciones y defensas Para la Fiscalía, Brenda Agüero es la autora de los crímenes. “Inyectó potasio, sabía lo que hacía y que las dosis eran letales”, sostuvieron. Los querellantes también pidieron prisión perpetua. Carlos Nayi, abogado de tres familias, afirmó: “Mataba desde el sigilo, con un método insidioso. En los días que ella no estuvo, no hubo ningún caso”. Daniela Morales Leanza, otra representante legal, sostuvo que “Agüero se creía Dios. La prueba permite llegar al grado de certeza”. La defensora oficial Ana Pagliano coincidió con el peso probatorio, representando a tres madres y a una beba que sobrevivió. La defensa de Agüero, encabezada por el abogado Luis Nievas, pidió su absolución. Alegó que no existe prueba directa que la vincule con los hechos: “Ninguna madre la vio inyectar. Es un perejil. La hipótesis de una asesina serial fue funcional al gobierno provincial en plena campaña”. El inicio de la causa Según la acusación, desde mayo de 2022 el personal directivo ya estaba al tanto de lo que ocurría, pero la primera denuncia formal recién se presentó el 6 de junio, cuando ya había al menos dos muertes y varios bebés con secuelas irreversibles. Al respecto, la exdirectora del hospital, Liliana Asís, se defendió al hacer uso de su última palabra. Dijo que durante el juicio accedió a información que antes desconocía y sostuvo que, en su momento, nunca consideró que las muertes pudieran tener un trasfondo penal. En el mismo sentido, el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, explicó que tampoco había comprendido la dimensión de lo que ocurría hasta que empezó el juicio. Atribuyó su desconocimiento a problemas de salud que atravesaba en aquel momento, pero afirmó que una vez que recibió información concreta, el 7 de junio de 2022, ordenó que se investigara. “Si me hubiera enterado antes, las medidas se habrían tomado antes”, expresó. El origen de la denuncia fue la inquietud del ingeniero informático Francisco Luperi, esposo de una anestesióloga del hospital. Su esposa le transmitía comentarios y preocupaciones del personal por muertes sin explicación. Luperi decidió presentar la información a la Justicia, lo que derivó en el inicio de la investigación formal.
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