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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 18/06/2025 19:01
En estos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, por hechos de corrupción que afectaron al Estado Nacional durante más de una década. No es un hecho menor. No se trata simplemente de una sentencia, sino de una señal concreta de que la Justicia, aunque demorada, puede alcanzar incluso a los más poderosos. Como presidente del PRO en mi ciudad, y también como abogado formado en el respeto a la Constitución y los valores republicanos, no puedo menos que destacar la importancia de este momento institucional para la Argentina. La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no debe leerse como un acto partidario, sino como el resultado de un proceso judicial que se extendió por más de 17 años, atravesando distintos gobiernos, obstáculos procesales, presiones políticas y resistencias del propio aparato estatal. Este fallo no persigue ideas políticas. Persigue hechos. Persigue delitos. La causa “Vialidad” documentó una estructura sistemática de desvío de fondos públicos a través de la obra pública en Santa Cruz, beneficiando empresas cercanas al poder. Hubo pruebas, audiencias públicas, pericias y múltiples instancias. No se trata de una opinión: es una sentencia judicial firme. La democracia no se agota en el acto de votar. También implica que quienes han gobernado rindan cuentas por sus actos. La división de poderes es el corazón del sistema republicano, y esta sentencia la reafirma. En un país acostumbrado a la impunidad, ver a una ex presidenta condenada por corrupción es una señal potente de que las reglas deben respetarse, más allá del cargo, del apellido o del relato. En este contexto, empieza a sobrevolar en algunos sectores la palabra “indulto”. Desde nuestro espacio político, el PRO, rechazamos categóricamente esa posibilidad. El indulto presidencial no sólo sería un agravio a la Justicia y a quienes confiaron en ella, sino que además representaría un retroceso institucional inadmisible. Sería convalidar el saqueo del Estado, legitimar el uso privado del poder público y burlar la voluntad de millones de argentinos que aún creen en el imperio de la ley. Indultar delitos de corrupción sería romper el contrato moral entre la ciudadanía y sus gobernantes. No hay república posible si el delito tiene premio y el cumplimiento de la ley, castigo. Si hay algo que no se puede indultar, es la traición a la confianza del pueblo. También es necesario responder a quienes intentan convertir esta condena en una nueva narrativa de persecución política o “lawfare”. La Justicia, a lo largo de estas casi dos décadas, ha absuelto a muchas figuras del mismo espacio político. ¿Eso no es también Justicia? ¿O sólo vale cuando absuelve a los propios? No se puede deslegitimar un sistema judicial sólo cuando la balanza no cae del lado deseado. Este no es un momento de celebración partidaria. Es un momento de madurez institucional. No necesitamos más grietas ni banderas. Necesitamos certezas, justicia y un rumbo claro. La Argentina sólo podrá salir adelante si deja atrás el pasado de impunidad y construye un presente de responsabilidad. Como ciudadano, como dirigente y como padre, quiero que mis hijos crezcan en un país donde la ley se respete y la corrupción no sea una anécdota. Donde el poder no sea una licencia para delinquir, sino una responsabilidad que se asume con honestidad. Este fallo no cierra heridas, pero empieza a cerrar una etapa. Es hora de volver a creer que la Justicia es posible, y que el cambio no depende de un líder, sino de instituciones firmes, reglas claras y ciudadanos comprometidos. Leandro Clapier, Abogado y actual presidente del PRO Uruguay. Director del Instituto de Zona Franca de Concepción del Uruguay.
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