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» Comercio y Justicia
Fecha: 18/06/2025 06:52
Por Sergio Castelli (*) e Irene Rivarola (**) La falsificación de productos representa una amenaza creciente para la economía legal, la innovación empresarial y, en muchos casos, la salud de los consumidores. En ese contexto, España acaba de dar un paso firme al consolidar institucionalmente una colaboración histórica: el 6 de junio de 2025, la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) y la Guardia Civil firmaron un protocolo general para fortalecer la lucha contra las falsificaciones. Se trata del primer acuerdo formal entre ambas entidades, que ya venían trabajando de forma conjunta desde hace años. El convenio implica acciones concretas en múltiples frentes. En primer lugar, se prevé un plan de formación para miembros de la Guardia Civil en materia de propiedad industrial, falsificaciones y detección de productos ilegales. Esto incluye jornadas presenciales, capacitaciones específicas por sectores y elaboración de manuales técnicos. Uno de los sectores más afectados, el de la perfumería y cosmética, ha sido prioritario en esta estrategia. Según datos de Andema y STANPA, las pérdidas por productos falsificados en esta industria superan los 1.000 millones de euros anuales en España, sin contar los riesgos sanitarios que implica su uso. Una de las novedades más importantes del convenio es el acceso por parte de la Guardia Civil a la base de datos de representantes legales de marcas que administra Andema. Este recurso facilita la identificación y localización de titulares de derechos en tiempo real, un punto crítico cuando se trata de incautaciones o procesos judiciales. Hasta ahora, los procedimientos solían demorarse debido a la falta de canales ágiles de verificación. Además, se planifican operativos conjuntos, desarrollo de materiales informativos y acciones de sensibilización pública. El protocolo tiene una mirada preventiva y correctiva a la vez. Busca optimizar la actuación policial, pero también generar conciencia sobre los efectos sociales, económicos y sanitarios de la falsificación. La colaboración se inscribe en una estrategia más amplia que la Guardia Civil viene desplegando en su lucha contra los delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Durante 2024, sus unidades fiscales y de fronteras realizaron más de 1.200 inspecciones, de las cuales 908 arrojaron resultados positivos. El total ascendió a 6.623 actas de infracción y 903 atestados penales por delitos relacionados con productos falsificados. Desde Andema, su director general Gerard Guiu destacó que este acuerdo permite dar un salto cualitativo: “Defender las marcas no es solo una cuestión legal, es una responsabilidad social. La falsificación no solo daña a la economía formal, sino que pone en riesgo la salud del consumidor y alimenta redes criminales”, remarcó. En el plano institucional, el protocolo refleja una forma de cooperación público-privada que podría replicarse en otros países. No se limita a la reacción penal, sino que articula prevención, educación, tecnología y estrategia legal. El modelo promueve una acción coordinada, donde los titulares de derechos de propiedad industrial aportan información valiosa para la acción estatal. En Barcelona, por ejemplo, Andema ha trabajado con la Guardia Urbana para capacitar a sus agentes en la detección táctil y visual de productos falsificados en el llamado “top manta”. Esta articulación territorial permite combatir más eficazmente las redes de distribución informal. En definitiva, este nuevo marco de cooperación representa una herramienta fundamental para defender la propiedad industrial de forma integral. En tiempos donde la piratería digital y las falsificaciones físicas se multiplican, el enfoque colaborativo, tecnológico y preventivo se presenta como una estrategia necesaria. La propiedad intelectual deja de ser una cuestión exclusivamente privada y pasa a ocupar un lugar central en las políticas de seguridad, salud y desarrollo económico. La experiencia española podría convertirse en un modelo a seguir por otras jurisdicciones, especialmente en América Latina, donde los delitos contra la propiedad intelectual siguen creciendo y la articulación entre sector privado y fuerzas del orden es, aún, una tarea pendiente. (*) Agente de la Propiedad Industrial. (**) Abogada.
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