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» Comercio y Justicia
Fecha: 17/06/2025 16:13
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una nota ante la Justicia expresando su preocupación por la posibilidad de que se otorgue a Cristina Fernández de Kirchner, con condena confirmada por la Corte en la causa “Vialidad”, el beneficio de la prisión domiciliaria en su departamento de San José esquina Humberto Primo, en Constitución, por los “efectos negativos” que tendría en una zona de alto tránsito de vehículos y personas. La Procuración planteó que una eventual domiciliaria “afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito”. “Ya se están registrando concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa desde que se confirmó la condena de la exmandataria”, advirtió, y pidió “medidas excepcionales” para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales. El texto está dirigido al presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, quien tiene a su cargo fijar en qué lugar la encartada cumplirá la pena de seis años de prisión a la que fue condenada junto, con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Pese a que el TOF2 ordenó una una inspección detallada del estado edilicio, del entorno barrial, el flujo vehicular y peatonal, viviendas linderas y seguridad, la Procuración porteña sostuvo que todo se hizo requiriendo informes “solo a organismos federales”. “El inmueble ofrecido para cumplir la prisión domiciliaria se ubica en una zona estratégica del barrio Constitución, con alta concentración vehicular y peatonal, conectando arterias vitales”, enfatizó, y afirmó que se registrarán “graves y sostenidas afectaciones en caso de autorizarse la prisión domiciliaria”. “La detención en el macrocentro de la Ciudad producirá cortes y desvíos permanentes en el tránsito”, recalcó, sumando que en las inmediaciones del inmueble funciona la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con la consecuente afluencia de miles de estudiantes, docentes y personal administrativo. “El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia sin perjuicio grave al interés general”, alegó además. “La detención de una figura política de alta visibilidad atraerá concentraciones masivas de partidarios y opositores en una zona intermodal ya congestionada”, añadió. Por lo tanto, reclamó que, en caso de concederse allí la prisión domiciliaria, se tomen “acciones administrativas coordinadas”, como la delimitación de horarios y condiciones para el ingreso de personas vinculadas al entorno de la condenada y la garantía de acceso vehicular y peatonal a los domicilios linderos, con prioridad para residentes y servicios de emergencia. Además, le pidió a la Justicia la implementación de “medidas paliativas específicas”, con intervención de las áreas técnicas competentes de los gobiernos local y nacional, para resguardar el interés público.
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