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CABA » Plazademayo
Fecha: 17/06/2025 11:20
Los ministros de Salud del Mercosur encendieron una señal de alarma al advertir sobre el preocupante aumento de enfermedades infecciosas en la región. Durante la LV Reunión Ordinaria de Ministros de Salud, celebrada bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay en la sede de la Secretaría del Mercosur, se destacó el avance de tres amenazas sanitarias que parecían controladas: sífilis, tuberculosis y sarampión. El encuentro, que reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, junto a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), abordó la crítica situación epidemiológica que atraviesan los países miembros. Entre los temas más urgentes se subrayó la necesidad de impulsar acciones conjuntas frente al incremento de enfermedades que crecen de manera sostenida en América Latina. Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, la ministra Cristina Lustemberg y el subdirector general de Salud, Gilberto Ríos, advirtieron que tanto la sífilis —una infección de transmisión sexual— como la tuberculosis —de transmisión respiratoria— han alcanzado niveles que ameritan una “alerta roja”. “Estamos frente a una situación que exige respuestas urgentes y coordinadas. No podemos permitir que enfermedades evitables sigan expandiéndose por falta de prevención o acceso a tratamientos”, afirmó Ríos. Según datos de la OPS, en 2023 se registraron aproximadamente 342.000 casos de tuberculosis en América Latina, lo que representa un aumento del 6,6% respecto al año anterior y un 20% más que en 2015. Las causas del repunte incluyen el deterioro de los sistemas de atención primaria, la pobreza, el hacinamiento y la dificultad de acceso a diagnósticos y tratamientos. PREOCUPACIÓN POR EL SARAMPIÓN Y EL MOVIMIENTO ANTIVACUNAS Uno de los focos de mayor preocupación en la reunión fue el rebrote de sarampión registrado en Argentina, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se han confirmado más de 30 casos en lo que va del año. Las autoridades sanitarias vincularon directamente este fenómeno con el avance del movimiento antivacunas, que ha socavado las coberturas de inmunización en zonas críticas. “Estamos viendo cómo una enfermedad que ya estaba controlada comienza a regresar, en gran parte porque ciertos sectores de la población rechazan la vacunación. Esto exige una respuesta contundente desde los gobiernos, con campañas de información y concientización”, explicó Gilberto Ríos. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación informó que la campaña de vacunación focalizada en CABA y 40 municipios bonaerenses alcanzó apenas al 20% de los niños y niñas entre 6 meses y 4 años, muy por debajo del objetivo previsto. La baja cobertura expone al país a una posible reintroducción sostenida del virus, en un contexto donde brotes de sarampión también han afectado a Estados Unidos, México y varios países de la región. AVANCES CONCRETOS: PROTOCOLO UNIFICADO Y COOPERACIÓN EN FRONTERA Durante la cumbre sanitaria también se aprobó un protocolo único para la realización de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C. Esta medida busca garantizar una respuesta efectiva y homogénea en el Mercosur ante infecciones de alto impacto y facilitar el intercambio de buenas prácticas sanitarias. Además, se reafirmó el compromiso de fortalecer la cooperación técnica en zonas fronterizas con vigilancia epidemiológica coordinada, vacunación, preparación ante emergencias y redes de urgencias interfronterizas. “Las fronteras no deben ser barreras sanitarias, sino puntos de integración donde se refuerce la salud pública regional”, señalaron en el documento final. JUDICIALIZACIÓN DEL ACCESO A MEDICAMENTOS Otro de los puntos debatidos fue el aumento de casos judiciales iniciados por pacientes que buscan acceder a tratamientos de alto costo fuera de los programas estatales. Las autoridades sanitarias de Uruguay, Brasil y Argentina coincidieron en la necesidad de encontrar mecanismos regionales para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos sin depender de medidas judiciales individuales. Para ello, se conformará un grupo de trabajo específico que buscará negociar mejores precios de adquisición y diseñar políticas de acceso justo.
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