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» Data Chaco
Fecha: 16/06/2025 22:49
Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner buscará ahora revertir el fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo confirmó su abogado, Alberto Beraldi, quien calificó como "grotesco" lo actuado por la Corte Suprema y anticipó que acudirán a instancias internacionales. Sin embargo, los antecedentes del tribunal, los plazos procesales y el propio diseño institucional del sistema interamericano no juegan a favor de la vicepresidenta mandataria. La posibilidad de apelar a la CIDH está prevista en el artículo 366 inciso f del Código Penal argentino, que contempla la intervención de organismos internacionales como causal para revisar una condena. Además de la CIDH, el abogado Gregorio Dalbón afirmó que también acudirán al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI). No obstante, las chances de que Cristina logre revertir la condena son mínimas, incluso según referentes del propio espacio político. El jurista Eugenio Zaffaroni, exintegrante del tribunal interamericano y cercano al kirchnerismo, admitió que el recurso "no va a servir para nada" y que el sistema interamericano "demora años" en emitir fallos. Qué puede (y qué no puede) hacer la CIDH La Corte Interamericana no tiene competencia para anular sentencias judiciales locales. Su función es supervisar que los Estados miembros respeten los derechos y garantías establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solo en caso de comprobar una violación grave puede ordenar medidas reparatorias, como compensaciones económicas, cambios legislativos o revisiones judiciales. Aunque los fallos de la CIDH son obligatorios para los Estados que adhirieron al Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Suprema argentina ya ha rechazado aplicar las decisiones del tribunal. Ocurrió en 2018, cuando se negó a revertir una condena al periodista Jorge Fontevecchia, tal como lo exigía la CIDH. En esa ocasión, la mayoría del máximo tribunal —Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Highton— consideró que acatar el fallo equivaldría a convertir al organismo en una "cuarta instancia". Antecedentes que sí y que no El único antecedente regional que podría alentar las expectativas del kirchnerismo es el caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. En 2012, fue destituido como alcalde de Bogotá por un organismo administrativo y sancionado con 15 años de inhabilitación. En 2018, la CIDH falló a su favor y ordenó su restitución por considerar vulnerados sus derechos políticos. El argumento central fue que solo un tribunal penal puede imponer una sanción que afecte el derecho a ser elegido. Pero el caso de Cristina es distinto: su condena fue dictada por jueces competentes, en un proceso revisado por múltiples instancias, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, creada específicamente para garantizar el derecho al "doble conforme". A lo largo del expediente, más de 20 jueces intervinieron, muchos de ellos designados durante gobiernos kirchneristas. Ninguno votó a favor de su absolución. Antes de llegar a la Corte IDH, el caso debe ser evaluado por la Comisión Interamericana, que puede tomar años en analizar si corresponde elevarlo. "No va a servir para nada", reiteró Zaffaroni. Y explicó que el sistema interamericano no está diseñado para intervenir como una instancia más de apelación, sino para revisar violaciones graves a los derechos humanos. En paralelo, el abogado Dalbón sugirió también acudir a la Corte Penal Internacional, aunque esta instancia está reservada a crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, por lo que su activación en este contexto resulta improbable. Notas Relacionadas
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