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Parana » Uno
Fecha: 15/06/2025 12:42
En los Tribunales sigue el debate sobre la elevación a juicio de la causa contratos truchos de la Legislatura. Se espera una resolución antes de septiembre. En los Tribunales de Paraná continúa la discusión en torno a la elevación a juicio de la causa conocida como Contratos truchos de la Legislatura. Se trata de un voluminoso expediente investigativo que va desde 2008 a 2018, con un perjuicio económico estimado por la Fiscalía de alrededor de 53 millones de dólares. En los próximos días se cumplirán dos meses del inicio de las audiencias ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien deberá definir si remite el expediente con 18 imputados a juicio oral y público. Las primeras jornadas fueron maratónicas: con debates que comenzaban a las 9 y se extendían hasta cerca de las 16 o 17. Eso permitió avanzar rápido con el tratamiento de los diversos planteos de los abogados defensores y de los fiscales. Últimamente, las audiencias sólo se vienen realizando por la mañana. Por el significativo avance que se dio en estos meses, es posible pensar que se llegue a una resolución de elevación a juicio antes de septiembre, mes hasta el que fijó la discusión la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Gustavo Acosta, el representante de la Fiscalía de Estado, que interviene como actor civil en la causa, señaló a UNO que el debate en esta etapa intermedia ya tuvo una primera resolución contundente por parte de Barbagelata: “La jueza rechazó todos los pedidos de exclusión probatorios formulados por las defensas”. “Ahora empezamos la discusión sobre cuáles serán las pruebas que van a ir al juicio. La jueza dijo que va a lo último va a responder la pregunta de si esta causa tiene mérito para elevarse a juicio”, añadió. En esa línea, Acosta explicó que la Fiscalía de Estado viene adhiriendo a las posturas de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los acusadores buscan que al juicio lleguen Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider. uader.jpg La jueza Marina Barbagelata debe resolver si la causa es elevada a juicio. “Nosotros adherimos a lo que ha dicho la Fiscalía y postulamos tres pruebas para llevar a juicio: que se convoque al Tribunal de Cuentas para dar cuenta de la cuantificación del daño; que si no se lo convoca, que declare como testigo en el juicio la perito contable Andrea Marina Battisti, quien calculó el daño al Estado; y que se libre oficio al organismo de contralor para que remita un expediente administrativo de 2018”, explicó Acosta destacó que si el caso llega a la instancia de juicio oral, será fundamental la explicación que pueda dar la profesional que analizó y llegó a una cifra sobre el presunto desfalco realizado a la Legislatura durante una década. “El Estado perdió tanto y es importante que esta pericia vaya al juicio y la perito explique los cálculos que hizo”, completó. Cuarto intermedio El 9 de junio, la jueza rechazó las exclusiones probatorias solicitadas por los defensores. Los procedimientos y evidencias más atacadas por los letrados fueron: los allanamientos, el secuestro de documentación y dispositivos, como un disco rígido; el acceso a correos electrónicos, intervenciones telefónicas y la idoneidad de los peritos informáticos y contables de la Fiscalía, entre otros puntos. Barbagelata consideró que la actuación de los fiscales estuvo siempre dentro de los parámetros legales. “Resuelvo desestimar los planteos de exclusión probatoria. La invalidez o ilegalidad será producida cuando la manipulación de la evidencia impida el ejercicio de un derecho constitucional. Sostener lo contrario es declarar la nulidad por la nulidad misma”, puntualizó. Finalmente, explicó que comenzará a valorar los planteos defensivos en cuanto a la acusación fiscal. Es decir, analizará el delito endilgado a cada acusado y el rol que le asignó el Ministerio Público Fiscal a cada uno. “Quiero individualizar cada imputación para valorar, a partir de ahí, lo impugnado por las defensas”, dijo la jueza y dispuso un cuarto intermedio. En la semana, la OGA informará a las partes cuándo se reanudan las audiencias. La maniobra de los contratos truchos Al dar cuenta de cómo era la maniobra de sustracción de dinero de la Legislatura, el fiscal Ignacio Aramberry sostuvo que los acusados se movían como enjambres organizados y que recolectaban el dinero “como si fuera miel”. “Un grupo de personas constituían la mano de obra que ejecutaba las directivas de quienes estaban por encima. Este grupo reclutaba falsos contratistas y percibía el dinero que iba liberando la Legislatura. El señor Hugo Mena se encargaba de registrar todo y lo hacía de manera prolija dando cuenta día a día de la actividad de la empresa delictiva a los efectos de rendir cuentas a los eslabones superiores de la cadena”, dijo en la audiencia del 28 de abril. “Recolectan la miel, es decir el dinero, y lo llevaban a la colmena. Después están las abejas bodegueras que lo reservaban para nutrir a la abeja reina, que eran los destinatarios finales del dinero. En los trabajos de campo se destacan Mena y Beckman, quienes fueron auxiliados por familiares directos realizando cobranza de cheques, reclutamiento y pago de gastos”, explicó. Y profundizó: “El dinero, una vez colectado, se le hacían los descuentos correspondientes: los cobradores, la cochera donde iba el vehículo que llevaba a los cobradores, gastos en general y los cajeros del banco, además de los porcentajes correspondientes a Beckman y Mena y el neto era rendido a Gustavo Pérez o Alfredo Bilbao, quienes lo distribuían o lo aplicaban en beneficios propios en inversiones. En algunas ocasiones también era distribuido de manera final a Juan Domingo Orabona, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso”.
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