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Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 15/06/2025 12:32
Compartir en: En un operativo que reaviva el debate sobre el uso de la fuerza pública frente a la protesta política, más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron violentamente, en la madrugada del domingo, a cientos de militantes y simpatizantes peronistas que realizaban una vigilia pacífica frente al domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. El desalojo ocurrió alrededor de las 2:00 a.m., de forma sorpresiva y sin aviso previo. Los manifestantes, que llevaban cinco días acampando en el lugar en apoyo a la exmandataria tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad, fueron despertados entre empujones, gases y el desmantelamiento forzoso de sus carpas y pertenencias. La escena, registrada por vecinos y medios independientes, mostró un despliegue policial desproporcionado ante una protesta que, hasta entonces, se mantenía en calma. Desde el gobierno porteño, el operativo fue justificado como una “liberación del espacio público”, aunque las imágenes y testimonios contradicen la narrativa oficial. “Vinieron como si estuviéramos cometiendo un crimen. Solo estábamos acompañando a Cristina en un momento injusto”, relató una manifestante ante medios locales. Un trasfondo judicial con fuerte carga política El contexto del acampe tiene raíces profundas en el convulsionado escenario judicial y político argentino. Días antes del desalojo, la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión contra Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fallo que generó un fuerte repudio desde distintos sectores del peronismo y del ámbito judicial, por las irregularidades señaladas en el proceso: falta de pruebas directas, plazos judiciales anómalos y una supuesta intencionalidad política detrás del veredicto. La vigilia, iniciada espontáneamente por militantes y agrupaciones afines, representaba una expresión de apoyo a la ex presidenta y un rechazo a lo que muchos consideran una “persecución judicial” o “lawfare” contra figuras del kirchnerismo. El desalojo, ejecutado apenas horas después de que el abogado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, solicitara que su defendida cumpla la condena bajo prisión domiciliaria —alegando razones de seguridad personal y su rol institucional como ex jefa de Estado—, se interpreta en algunos sectores como un acto de disciplinamiento político. Clima político enrarecido El operativo no solo encendió críticas entre referentes del peronismo, sino que también volvió a poner en tela de juicio el accionar de la Policía de la Ciudad, bajo el mando del gobierno de Jorge Macri. Desde sectores de la oposición al oficialismo porteño, se denunció un patrón represivo creciente contra manifestaciones sociales y políticas críticas al gobierno. Por su parte, desde el Frente de Todos se cuestionó “la falta de garantías democráticas” en la actuación policial. “El macrismo no tolera ni la protesta pacífica ni la memoria política”, declaró un legislador oficialista. Mientras tanto, la figura de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo un eje de polarización política. Su situación judicial y la respuesta social que genera siguen configurando el tablero electoral de cara a un 2025 signado por una fuerte disputa por el sentido de la legalidad y la democracia en la Argentina.
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