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» El litoral Corrientes
Fecha: 15/06/2025 07:08
A cada chancho le llega su San Martín. El refranero popular es rico en moralejas como la que explica el sino trágico de los puercos cebados para la faena masiva que los campesinos franceses consumaban en vísperas de la celebración de San Martín de Tours. La matanza porcina coincidía con el santoral porque la fecha del 11 de noviembre marcaba la proximidad del gélido invierno europeo, para el que había que pertrecharse con suficiente carne almacenada. ¿Cristina Fernández de Kirchner se preparó para el invierno de su vida? ¿O le llegó su San Martín sin que lo viera venir? Una mujer con su inteligencia, dos veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta, jefa del Partido Justicialista, entro otros lauros de su exitosa carrera política, tuvo numerosas oportunidades para tomar recaudos y evitar así ser alcanzada por un dispositivo judicial que podrá haber cumplido con las formalidades procesales, pero que a juzgar por sus procederes careció de objetividad hasta condenarla porque es ella y no por lo que hizo ella. La Corte Suprema ratificó la condena a prisión y la inhabilitación para Cristina en un momento demasiado obvio. En año electoral, a pocas semanas de que la ahora condenada se inscribiera como candidata a diputada provincial por la tercera sección bonaerense y cuando el Gobierno de Javier Milei se aprestaba a polarizar con su figura en un distrito estratégico como es la provincia de Buenos Aires, teatro de operaciones de una compulsa electoral que marcará el destino del oficialismo en su imperiosa necesidad de revalidar lauros. ¿Alguien mandó a ejecutar a la ex mandataria? Sí, por supuesto. Usamos la palabra “ejecutar” porque a sus 72 años la pena impuesta representa la muerte política para la que sigue siendo la referente opositora más taquillera, con un 30 por ciento de la ciudadanía dispuesto a votarla a pesar de las serias sospechas de corrupción que se ciernen sobre su figura. Y decimos “sospechas” porque, por más que la sentencia lo afirme, no está probado que la viuda de Néstor haya sido partícipe del desfalco que convirtió a un modesto cajero bancario en un magnate de la megaconstrucción. Los fervientes antiperonistas aplauden a una justicia supuestamente independiente que mandó por fin en cana a la chorra, pues -para ellos- se caía de maduro que fue la perpetradora principal de los más viles actos de corrupción en perjuicio del erario público. Los fervientes peronistas K, en cambio, creen ciegamente en la inocencia de su lideresa y fustigan a la Corte por parcialidad manifiesta, en razón de haber confirmado una condena de segunda instancia que venía floja de pruebas. A estas alturas de la castigada democracia argentina queda claro que hay un poder fáctico con fuerzas e influencias suficientes para ejercer presión constante sobre los botones rojos de cualquier gobierno, incluidos los tribunales, compelidos a bajar martillo contra aquellos protagonistas de la vida institucional argentina cuyas decisiones hayan perjudicado intereses económicos inferidos como “intocables”. La Ley de Medios fue un caso paradigmático. Impulsada por el kirchnerismo después de la equivocada guerra contra el campo, amenazó con podar los tentáculos de las corporaciones mediáticas mediante un proceso de desmonopolización que obligaba a grupos multiplataformas a deshacerse de canales de televisión y frecuencias de radio. Los empresarios del rubro, encabezados por el número 1 de Clarín, Héctor Magnetto, jamás le perdonaron a la entonces presidenta aquel plan para desarticularlos, neutralizado por la misma justicia que ahora mandó encerrarla. La complejidad que enfrentó el gobierno de Cristina para aplicar la mentada norma fue un obstáculo fortalecido por la resistencia de los CEOs, quienes dieron lugar a una campaña de desprestigio enancada en hechos tan disvaliosos como ciertos. Ejemplo: el escándalo de la “Rosadita”, aquella financiera en la que el hijo de Lázaro Báez aparecía en cámara contando millones de dólares junto a sus secuaces en Puerto Madero. Después vendrían otros casos, todos teledirigidos a la línea de flotación de la ex jefa de Estado, quien finalizó su mandato en 2015 con una pila de causas judiciales. Entre todas esas denuncias prosperaron algunas como la del caso Vialidad. Las rutas que nunca se terminaron, los contratos cautivos a favor de Austral Construcciones (empresa insignia de Lázaro Báez), el alquiler de hoteles en Santa Cruz por parte del empresario favorito de Néstor Kirchner, cuyo pomposo mausoleo fue un obsequio del mismo Báez. Todas las pistas señalaban a la ex presidenta, pero nunca se produjeron las pruebas directas: un documento firmado, una llamada telefónica grabada, un testigo calificado, el dinero “K” supuestamente enterrado en las planicies patagónicas que algún fiscal buscó sin éxito. Solamente se ofrecieron las llamadas pruebas indiciarias. Es decir, elementos que ratificaban la presunción de culpabilidad, pero no la confirmaban, como es el caso de un intercambio de Whatsapp entre el secretario de Cristina y José López (el de los bolsos). No es suficiente. ¿Por qué? En el derecho penal es indispensable que para imputar a alguien deba existir un nexo de causalidad. Para determinar el curso causal, la técnica jurídica recurre a la teoría de la supresión mental hipotética (una genialidad desarrollada por los juristas alemanes Von Liszt y Beling) a fin de determinar quiénes son los causantes de un hecho, cualquiera sea. Se trata de suprimir en forma imaginaria una conducta para analizar lo siguiente: si quitamos la acción de Cristina haciendo de cuenta que nunca ocurrió, ¿el hecho del latrocinio desaparece o continúa siendo ejecutado? Dada la autonomía con que se conducían los funcionarios con responsabilidad directa en la contratación de proveedores, las maniobras desplegadas por Lázaro Báez y sus cómplices seguiría siendo ejecutada aunque la conducta de Cristina fuera suprimida, pues no resultaba indispensable su anuencia personal ante cada paso dado por los desfalcadores. Puede colegirse entonces que nunca se acreditó la participación de la ex presidenta en los escandalosos contubernios de la causa “Vialidad”, lo que no quiere decir que sea una santa mártir. Todo lo contrario. Cristina Fernández de Kirchner no puede explicar el crecimiento patrimonial de su familia, eso está claro. El problema es que sus detractores no han podido demostrar que sea la cabeza de una organización dedicada a vaciar el Estado porque la justicia argentina presenta un déficit tremendo en materia de investigación. Ergo, los fiscales no buscaron lo suficiente y se autoconvencieron de la culpabilidad en función del perfil personal de la imputada. Cayeron en el vicio del “derecho de autor” y condenaron a la ex mandataria por cómo es y no por lo que hizo. Lo cierto es que Cristina sabía que iban por ella. Pudo ratificarlo el día en que le gatillaron en la cabeza. Pero su exceso de confianza pudo más. Se dejó estar y en un país donde los tribunales son cooptados por los poderes fácticos que promueven fallos antijurídicos, se entregó a sus verdugos sin un plan que la protegiera. Ejemplo: pudo haberse postulado en 2023 para acceder a un cargo legislativo a fin de adquirir fueros. O pudo haber impulsado juicio político contra miembros del Poder Judicial por conductas prevaricantes como aceptar la invitación del Grupo Clarín para pasar uno días de relax en el paradisíaco Lago Escondido. O pudo haber alegado persecución política ante los tribunales internacionales encargados de velar por los derechos humanos. Pudo hacer mucho, pero hizo muy poco. La situación de Cristina Fernández llegó a un punto de no retorno. No valen las comparaciones con Perón (quien fue echado y exiliado por una dictadura), ni con Menem (quien nunca recibió condena firme), ni con Lula (su condena fue anulada por la máxima instancia de Brasil). Es la primera ex jefa de Estado en ser condenada por la máxima instancia del país, con lo cual no tiene más remedio que cumplir el castigo y retirarse de las lides electorales para siempre. ¿Para siempre? En la Argentina nunca se sabe.
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