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» El Ciudadano
Fecha: 14/06/2025 20:50
El juez de Cámara de Rosario Gustavo Salvador le concedió la libertad bajo fianza a los cuatro ex directivos de Vicentin que permanecían detenidos desde marzo. Desde ese momento permanecían arrestados en el curso de la causa que investiga el vaciamiento y las estafas millonarias en dólares con los que la agroexportadora santafesina perjudicó a productores y entidades financieras. Así, quedaron libres Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Todos ellos, imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos. Lo libertad del cuarteto no es absoluta: está sometida a condiciones restrictivas. Además, estuvo atada a una caución de 1 millón de dólares que tuvo que pagar cada uno. La decisión surgió al cabo de una audiencia de revisión que pidió la defensa técnica. Los abogados de los ex directivos cuestionaron los fundamentos de la prisión preventiva por 120 días dispuesta en primera instancia por el juez penal Nicolás Foppiani. El letrado Jorge Ilharrascondo aseveró que hubo supuestas irregularidades en la obtención de pruebas. Agregó que varias estaban “viciadas de nulidad” o eran “interpretaciones forzadas” para justificar la detención. El juez concedió El juez Salvador hizo lugar a los cuestionamientos de la defensa. Interpretó que la posible violación de garantías constitucionales en la obtención de algunas pruebas afectaba su relevancia procesal. Y concluyó que por eso no correspondía sostener la prisión preventiva sin una condena firme. Las imputaciones penales a los cuatro, sin embargo, siguen vigentes. La investigación penal indaga el presunto vaciamiento de Vicentin entre 2019 y 2024. Lo anterior, por el desvío de más de 6.000 millones de pesos por parte de los cuatro imputados. ¿Cómo?: según lo que presentó la acusación, mediante retiros personales por 2.000 millones de pesos y el uso de fondos de la empresa para cubrir una fianza judicial de 40 millones de pesos. Entre otras maniobras. Para colmo, esas maniobras fueron planeadas y ejecutadas, aseguró la acusación, en momentos en que la agroexportadora atravesaba una cesación de pagos por deudas de alrededor de 1.300 millones de dólares. Todos no fueron Vicentin: hay más de 1.700 acreedores afectados por los ilícitos. La Fiscalía no decidió si apelará o no el fallo de la Cámara que otorga la libertad a los cuatro acusados. En total, hay 19 ex directivos de la agroexportadora imputados. Y en paralelo, un complejo concurso de acreedores que también permanece sin resolución. Entramado de la acusación Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno habían sido contundentes al solicitar la detención de la cúpula. Los acusan de liderar una organización, integrada por otros 15 miembros, que se dedicó a desviar fondos de la empresa incluso después de la debacle de diciembre de 2019, cuando Vicentin entró en cesación de pagos. Según la Fiscalía, esta asociación ilícita «mutó» su objetivo: pasó de buscar ganancias ilícitas a «consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para sus integrantes». Una de las maniobras investigadas, que derivó en estas detenciones, fue el uso de fondos de empresas satélites del grupo para cubrir gastos personales de los directivos, como los honorarios de sus abogados defensores en la causa penal. Este desvío de fondos, llevado a cabo entre finales de 2019 y 2024, generó un perjuicio patrimonial estimado por los fiscales en 6 mil millones pesos a valores actuales. Esta cifra se suma a la investigación principal por la estafa general, que asciende a unos 700 millones de dólares. Desinformación paga Durante la investigación, los fiscales también confirmaron la existencia de pagos a periodistas de Buenos Aires. Según Moreno, estas personas «han desinformado en cierta forma a través de cuentas de Twitter» y «han cuestionado mediante falacias el accionar de la fiscalía en la causa Vicentin», intentando desacreditar la investigación al compararla con otras causas archivadas. Mientras los cuatro ex directivos ya se encuentran en libertad, los otros 15 imputados continúan bajo medidas restrictivas por dos años. La fiscalía, por su parte, aún no ha informado si apelará el fallo de la Cámara que devolvió la libertad a la cúpula de la malograda cerealera. Trabajadores y producción en la cuerda floja La operatividad de las plantas de Vicentin está complicada en medio del avance de las causas que no llegan a puerto. La compañía sostiene sus operaciones mediante contratos de procesamiento a fasón (alquiler para procesamiento de granos). Sin embargo, los interventores judiciales designados por el juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini alertaron sobre una crisis estructural de la empresa. Y, con los antecedentes de maniobras contables, financieras y de ocultamiento de participaciones mediante firmas offshore, están los reclamos para revisar todas las sociedades del grupo y avanzar con medidas de ajuste. Por ejemplo, el cierre de filiales en el exterior y una reorganización del personal.
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