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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 14/06/2025 13:20
(ADN).- En su paso por Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck habló de la causa Techo Digno que tiene una veintena de intendentes y ex intendentes de toda la provincia (incluidos los últimos dos de esa localidad) imputados. Despegó a la administración provincial del proceso, indició «irregularidades» en algunas comunas pero aseguró ningún implicado «se llevó un peso al bolsillo». “El rol de nuestro gobierno fue terminar las viviendas, no tenemos nada que ver con la causa judicial”, subrayó Weretilneck en diálogo con Radio Con Vos. El Gobernador explicó que el programa contemplaba la construcción de unas 3.500 unidades habitacionales y que, de manera excepcional, el gobierno nacional de Cristina Kirchner decidió que fueran ejecutadas por los municipios, en lugar del tradicional Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de la provincia. “Ahí comenzaron los problemas”, sintetizó. Según el Mandatario, la ejecución local derivó en situaciones de lo más diversas: desde fondos que se usaron para pagar sueldos municipales sin devolución, hasta viviendas cobradas como finalizadas pero apenas ejecutadas en un 30%. “Hubo de todo”, resumió Weretilneck, aunque aclaró de inmediato: “No emitimos juicio de valor, eso le corresponde a la Justicia”. La denuncia original, recuerda, fue presentada por Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación durante el macrismo. El expediente fue tomado por el juez Claudio Bonadío en los tribunales federales de Comodoro Py, y, tras su fallecimiento, fue derivado a la justicia rionegrina. Desde entonces, el expediente avanza con lentitud pero con consecuencias concretas: varios ex intendentes están imputados y podrían enfrentar juicio oral. Weretilneck se despegó con énfasis: “Nuestra participación fue para terminar las obras”, dijo, y puso como ejemplo a Bariloche, donde las casas fueron finalizadas hace apenas unos meses con fondos provinciales. “El IPPV se hizo cargo porque los municipios no estaban en condiciones técnicas ni económicas de llevar adelante este tipo de proyectos”, señaló. A pesar de las irregularidades señaladas, el gobernador insistió en una distinción clave: “No creo que ningún intendente se haya llevado un peso al bolsillo”. Para él, el problema radica en la desprolijidad administrativa y en un diseño estructural fallido del programa. “Fueron situaciones tiradas así de prepo”, sintetizó, para luego señalar que ahora será tarea de los fiscales y los jueces determinar si existieron responsabilidades individuales. En esa línea, defendió el accionar de su gestión como parte de una reparación institucional. “Nosotros tuvimos que poner dinero de la provincia para terminar viviendas que estaban al 30%, al 40%, al 50%…”, enumeró. Sin embargo, no ocultó su preocupación por la deriva judicial que enfrentan algunos exjefes comunales: “Tendrán que ir a juicio y explicar por qué tomaron esas decisiones”.
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