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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/06/2025 21:43
En la noche del jueves 12 de junio de 2025, un hecho que inicialmente parecía un acto de vandalismo menor escaló rápidamente hasta convertirse en un tema de debate público y político en Paraná. Cinco jóvenes, identificados como miembros de la agrupación La Cámpora y con edades entre 20 y 30 años, fueron demorados por la Policía de Entre Ríos mientras realizaban pintadas en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Lo que comenzó como una intervención rutinaria tras un llamado al 911 por parte de vecinos que denunciaron el hecho, derivó en un operativo que incluyó el rastreo del vehículo de los involucrados mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad, la demora de los cinco militantes y una requisa vehicular ordenada por la fiscalía interviniente. Este accionar policial ha generado una fuerte controversia, con acusaciones de "persecución política" por parte de referentes de derechos humanos, legisladores y figuras políticas de la oposición, quienes cuestionan la proporcionalidad de la respuesta frente a una infracción que, en principio, no reviste mayor gravedad. Los jóvenes fueron sorprendidos in fraganti mientras realizaban pintadas en un cartel publicitario con mensajes de apoyo a CFK, quien en diciembre de 2022 fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Aunque las pintadas podrían encuadrarse como una contravención menor bajo el Código de Faltas de la provincia de Entre Ríos, que regula actos de daño a la propiedad pública o privada, el despliegue policial y la posterior demora de los militantes han sido interpretados por sectores de la oposición como un intento de criminalizar la protesta y la expresión política. En este contexto, el hecho no solo ha puesto en el centro de la discusión la actuación de las fuerzas de seguridad, sino también la relación entre el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, y las organizaciones políticas de corte peronista. Uno de los primeros en pronunciarse fue la diputada nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien exigió explicaciones al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, sobre el accionar policial. Gaillard afirmó: “El Ministro Roncaglia deberá explicar este accionar antidemocrático de la fuerza. No fue un acto de vandalismo, fueron pintadas de protesta”. La legisladora subrayó que la detención de los jóvenes representa una restricción al derecho de expresión y un uso desproporcionado de la autoridad por parte de la Policía, dependiente del Ejecutivo provincial. Cora y Ledesma se quedan afuera del Congreso a fin de año. A las críticas de Gaillard se sumaron los legisladores provinciales de Unión por la Patria, Cora y Ledesma, quienes también manifestaron su repudio al operativo policial. Ambos legisladores calificaron el hecho como un acto de intimidación por parte de “la policía de Frigerio”, en referencia directa al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien asumió el cargo en diciembre de 2023 tras vencer en las elecciones provinciales al candidato peronista Adán Bahl. Los legisladores cuestionaron la necesidad de un operativo de tal magnitud para abordar una infracción menor, destacando que el rastreo del vehículo mediante cámaras de seguridad y la requisa ordenada por la fiscalía parecen desproporcionados frente a la naturaleza del hecho. Además, señalaron que este tipo de acciones podrían interpretarse como un mensaje intimidatorio hacia los movimientos sociales y políticos que se identifican con el kirchnerismo. Gaillard tambien quedá afuera del Congreso a fin de año. Desde el punto de vista legal, la situación de los cinco jóvenes demorados aún no ha sido completamente esclarecida. Los militantes fueron liberados tras algunas horas, pero no se ha precisado si enfrentarán cargos formales por daño a la propiedad o si el caso será tratado como una contravención menor. El Código de Faltas de Entre Ríos, en su artículo 60, establece sanciones para quienes realicen pintadas o grafitis sin autorización en espacios públicos o privados, pero estas sanciones suelen limitarse a multas o trabajos comunitarios, salvo que se demuestre un daño significativo. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el estado del expediente ni sobre las declaraciones de la fiscalía interviniente, lo que deja abierta la posibilidad de que el caso adquiera mayor relevancia en los próximos días.
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