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Parana » Plazaweb
Fecha: 13/06/2025 18:05
El abogado penalista Tomás Vírgala, integrante del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), cuestionó con dureza las declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, que en un procedimiento de destrucción de 4300 teléfonos celulares incautados en las cárceles de la Provincia -realizado este jueves en la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo de Paraná- dijo que no solo los familiares introducen teléfonos a los presos, sino también lo hacen “los mismos abogados que van a ver a sus clientes”. En declaraciones al programa Amanece... que no es poco (Radio Plaza 94.7), el letrado consideró que se trata de una acusación “gravísima” y sin sustento, que atenta contra el ejercicio de una profesión fundamental para el Estado de derecho. Los dichos de Rocaglia motivaron una dura respuesta del CAER: “Roncaglia ha afirmado que profesionales del derecho, en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios, estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad. Tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal”, alertaron en un comunicado. “Es una sorpresa muy ingrata realmente y nos desorientó mucho como abogados penalistas de toda la provincia los dichos del ministro de Seguridad, porque lo dijo concretamente: que había una participación de abogados en la entrega de teléfonos celulares, en la comisión de irregularidades que son gravísimas y que no tienen ningún sustento en la realidad”, expresó Vírgala. Consideró que por ese motivo les pareció “importante manifestarnos enérgicamente, porque entendemos que en un Estado de derecho decir este tipo de cuestiones y atacar gratuitamente y sin pruebas una profesión como la nuestra, tan necesaria para la democracia y para que las instituciones estén representadas, nos pareció gravísimo”. Desde su perspectiva, los dichos del funcionario podrían tener una intención más profunda. “Yo creo que, en parte, la idea es atacar o generar un espacio para atacar el ejercicio de la profesión de abogado, que muchas veces también le toca colisionar con determinadas situaciones o denunciar determinados hechos concretos que se hacen en vulneración de los derechos individuales, de las garantías constitucionales”, sostuvo. Vírgala advirtió que los abogados penalistas, por su propia tarea, muchas veces generan incomodidades. “Entonces, como es una figura que incomoda, se le ataca. Así como se puede atacar otras figuras, otros roles, creo que también se ataca al abogado, y en este caso penalista, que muchas veces también tiene un roce especial”. Frente a esa situación, explicó que desde el Instituto de Derecho Penal del CAER solicitaron al ministro una rectificación. “Nosotros le solicitamos al funcionario que rectifique sus dichos, porque realmente son muy agraviantes y se encargan de sembrar un manto de duda, un manto de sospecha sobre una actividad que, si nosotros como abogados penalistas tenemos que decir, es que tenemos un excelente nivel de abogados y a la vez un excelente nivel de ética de abogados penalistas. Entonces realmente, nosotros le exigimos y le pedimos al ministro que se rectifique en su accionar”. Vírgala agregó que, hasta el momento, no han tenido respuesta del funcionario ni del gobierno provincial. “Nos parecería importante que el gobierno provincial se encargue de rectificar esa información que se brindó, equivocada, infundada y agraviante, pero al día de hoy lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta”. Escuchá la entrevista completa:
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