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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 13/06/2025 06:00
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó un procedimiento que se llevó adelante en la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo de Paraná, en el que se compactaron 4.300 teléfonos celulares incautados a los internos alojados en las distintas unidades penales de la Provincia. Estuvo acompañado por la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Precisamente, Roncaglia hizo declaraciones periodísticas y achacó responsabilidad a abogados de introducir en forma irregular teléfonos celulares a sus defendidos en las unidades penales. La aseveración mereció el duro reproche del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo ante las declaraciones públicas realizadas” por Roncaglia, “quien ha afirmado que profesionales del derecho (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad”. “Tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal”, señalaron los abogados. Y agregaron: “Recordamos que el Sr. Ministro, en su carácter de funcionario público, tiene el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no recurrir a medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del Estado de Derecho”. En ese marco, subrayaron que el acceso de los abogados a sus defendidos “es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento. Cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes”. Y pidieron al ministro Roncaglia que, “con el mismo alcance y difusión con que formuló sus afirmaciones, reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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