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Parana » Entreriosya
Fecha: 13/06/2025 04:51
En las últimas horas, una serie de declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, causaron gran revuelo entre los abogados penalistas de la provincia. Durante una conferencia de prensa, el Ministro acusó a los abogados de facilitar la introducción de celulares a los internos de las unidades penitenciarias. La acusación, hecha sin evidencias claras, generó un rechazo inmediato de la comunidad legal, quienes consideran estas palabras como un ataque directo a su integridad profesional.El Dr. Patricio Cozzi, delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, expresó su malestar ante los dichos de Roncaglia. “El ministro formuló declaraciones sin ningún tipo de sustento, donde acusa a los abogados de involucrarse en el ingreso ilícito de celulares a las cárceles”, explicó Cozzi. Según el abogado, estas acusaciones carecen de pruebas y dañan gravemente la imagen pública de los profesionales del derecho. Cozzi destacó que, como abogados, su labor es esencial para el funcionamiento del sistema judicial, específicamente en la defensa de los derechos de los internos. “Afectan directamente la imagen pública de los abogados y las abogadas a través de sospechas injustificadas”, agregó, mostrando su preocupación por cómo este tipo de generalizaciones pueden poner en duda el ejercicio ético de la profesión. Falta de evidencia y generalización preocupante El rechazo por parte de los abogados no se limita solo a la acusación en sí, sino a la forma en que se realizó. El ministro no presentó evidencia concreta que respaldara sus afirmaciones. “Si tienen conocimiento de algún hecho ilícito, que lo denuncien, que lo individualicen. No se debe generalizar ni usar los medios de comunicación para hacer imputaciones tan graves”, subrayó Cozzi, quien remarcó la responsabilidad de las autoridades en presentar pruebas claras antes de lanzar acusaciones públicas. Además, Cozzi enfatizó que los abogados tienen un protocolo establecido para ingresar a los penales, que incluye registros de matrícula y controles rigurosos. En este sentido, el Dr. Cozzi explicó que los abogados son sometidos a procedimientos de seguridad antes de sus visitas a los internos. “Estamos registrados, se nos solicita el carnet de matrícula y firmamos en un libro de control. Es un proceso claro que permite un seguimiento estricto”, detalló el abogado, aclarando que si las autoridades tuvieran alguna sospecha fundada, podrían hacer controles adicionales en cualquier momento. Llamado a la reflexión y retractación pública El malestar generado por estas declaraciones no solo afectó a los abogados penalistas, sino que también ha generado una reflexión sobre el papel de los funcionarios públicos en la preservación del estado de derecho. Cozzi mencionó que, al ser un abogado, el Ministro Roncaglia debería comprender la magnitud del daño que sus palabras causan. “Creo que el Ministro, siendo colega, entiende en carne propia la preocupación y la molestia de todos los colegas de la provincia”, comentó. Finalmente, Cozzi hizo un llamado a la reflexión y pidió que el Ministro se retractara públicamente de sus declaraciones. “Sería un acto de grandeza que el Ministro pueda rectificar sus palabras, porque entiende lo que significa para nosotros como profesionales del derecho”, concluyó el delegado del Instituto de Derecho Penal. El descargo completo del Colegio de Abogados de Entre Ríos En su página oficial, expuso: “El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las declaraciones públicas realizadas por el Sr. Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Dr. Néstor Roncaglia, quien ha afirmado que profesionales del derecho (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad”. Luego ahondó: “Tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal”. Por tal motivo, aclaró: “Recordamos que el Sr. Ministro, en su carácter de funcionario público, tiene el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no recurrir a medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del Estado de Derecho”. “El acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento. Cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes”, resaltaron. Por último, precisaron: “Solicitamos al Sr. Ministro que, con el mismo alcance y difusión con que formuló sus afirmaciones, reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales”. Fuente: Elonce Podes comentar y leer comentarios sobre esta noticia mas abajo
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