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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/06/2025 01:07
El mercado inmobiliario rural argentino se encuentra en un período de actividad sostenida. Según expertos del sector, la compraventa de campos ha tenido un notable impulso desde finales de 2023, favorecida por la expectativa de estabilidad económica, el blanqueo de capitales y una perspectiva más optimista sobre el futuro del país. La cercanía de las elecciones no ha detenido el dinamismo, y la flexibilización del cepo cambiario ha facilitado las transacciones. Sin embargo, persiste una limitación significativa para la inversión extranjera debido a la ambigüedad en torno a la Ley de Tierras. “El mercado está en movimiento sostenido. Se están concretando muchas operaciones, y procesos que han madurado comienzan a cristalizarse. Hace un tiempo estábamos esperando en la pista, listos para que se encendieran las luces. Luego esas luces se encendieron, pero comenzamos a girar lentamente. Ahora, la carrera ya ha comenzado, con el circuito un poco más despejado”, afirmó a LA NACION Juan José Madero, director de la División Campos de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios. Según el especialista, la reactivación inició en el último trimestre del año pasado, tuvo una breve pausa estacional en el verano y luego retomó su ritmo. Por su parte, Mariano Maurette, encargado de Campos de Álzaga, Unzué y Cía., coincidió en que “las ventas se mantienen firmes y activas”, calificando el momento como una rareza positiva en un mercado históricamente volátil. “Desde finales de 2023 hasta hoy, mitad de 2025, el ritmo no ha cesado. No parece que las elecciones estén influyendo en las decisiones de compra”, destacó. Para Madero, este dinamismo se manifiesta en la actitud de los inversores, que ahora “salen a recorrer campos, comparar y buscar alternativas que se ajusten a sus proyectos”. Este dinamismo se refleja en la actitud de los inversores, que hoy “salen a recorrer campos, comparar y buscar alternativas que se ajusten a sus proyectos”. Madero explicó que hay tres grandes perfiles de inversores: productores que crecen en el sector, aquellos que venden un campo y buscan uno que se adecúe a su nueva estrategia, y personas ajenas al agro que buscan refugio de valor en la tierra. En lo que respecta a los vendedores, en general, se trata de decisiones que no son forzadas por urgencias económicas, sino por “ciclos familiares cumplidos” o reestructuraciones patrimoniales. Esto hace que la negociación esté centrada en defender el valor de los activos, sin prisas que presionen a cerrar a cualquier costo. El contexto económico también favorece el movimiento. Según Madero, “las cosas se están normalizando” y la flexibilización del cepo cambiario facilita el cierre de operaciones. Además, muchos actores del mercado anticipan que el Gobierno saldrá fortalecido tras las elecciones legislativas, lo que permitiría afianzar políticas económicas estables. Maurette subrayó que los inversores siguen siendo, en su mayoría, productores o empresarios con vínculos previos en el sector. Asimismo, expresó que este es “un momento muy propicio para invertir”, ya que el Gobierno muestra disposición para acompañar al agro con políticas más favorables. “El sector esperó mucho tiempo un Gobierno que enviara señales amigables, y esta administración lo está haciendo, creando una sensación positiva que impulsa las decisiones de inversión”, afirmó. En cuanto a los precios, los campos agrícolas de alta calidad, especialmente en la zona núcleo, siguen siendo los más demandados. “En esas áreas se habla de valores entre US$18.000 y US$20.000 por hectárea. Cuando aparece algo, a menudo lo compra directamente un vecino. Hay poca oferta y una altísima demanda”, explicó Madero. Actualmente, para los campos ganaderos o mixtos hay más oferta y la demanda es más selectiva, pero sostenida. En cambio, para los campos ganaderos o mixtos, hay más oferta y la demanda es más selectiva, aunque sostenida. “Hoy hay inversores dispuestos a sentarse a negociar sobre bases que antes eran rechazadas. Si antes se pedía US$3000 y se ofrecían US$2000 sin éxito, ahora se comienza a discutir desde los US$3000”, detalló. Respecto a los valores, Maurette fue cauteloso: “El aumento de precios dependerá de cada caso. La estabilidad se mantiene y, en algunas zonas agrícolas con baja oferta, puede haber incrementos. No obstante, en los campos ganaderos aún no se habla de aumentos significativos”. El mercado de alquileres también actúa como termómetro de esta reactivación. Los valores de la campaña agrícola se mantienen en relación al año anterior y existe una buena demanda. En ganadería, el panorama es similar: la hacienda está rindiendo bien y los alquileres se sostienen con interés en todo el país. A diferencia de otros momentos, la inversión no se concentra únicamente en la pampa húmeda. Regiones como el NOA y el NEA también muestran actividad, aunque con mayor selectividad. “La onda expansiva de la mejora del mercado está alcanzando zonas que antes estaban muy quietas”, observó Madero. Uno de los principales obstáculos que enfrenta actualmente el mercado inmobiliario rural argentino es la incertidumbre jurídica en torno a la Ley de Tierras. Así lo advirtió Madero, quien indicó que el inversor extranjero muestra interés y realiza consultas, pero se encuentra con una situación legal confusa que le frena. “La carpeta Argentina está sobre la mesa del inversor extranjero; la está revisando. Sin embargo, hay un tema pendiente que el Gobierno debería aclarar cuanto antes”, afirmó Madero. El núcleo del problema radica en que la Ley de Tierras, que limita la adquisición de campos por parte de extranjeros, fue derogada mediante el decreto presidencial 70/2023, el mismo que flexibilizó otros aspectos relacionados con la economía. No obstante, el Senado rechazó el decreto y la Cámara de Diputados nunca llegó a tratarlo, por lo que la norma sigue técnicamente vigente. A esto se suma un conflicto judicial: una agrupación de excombatientes de Malvinas de La Plata presentó un amparo contra la derogación de dicha normativa. Aunque fue rechazado en primera instancia, la apelación llegó a la Corte Suprema, que aún no se ha expresado. Mientras tanto, la ley permanece activa, y el Registro Nacional de Tierras Rurales continúa cerrado, lo que provoca una “situación sumamente confusa” para los inversores extranjeros. “El inversor extranjero no compite con el productor argentino. Generalmente, observa zonas marginales donde al productor local le es difícil acceder. En las zonas agrícolas por excelencia, la extranjerización es muy baja. Además, el extranjero no se lleva la tierra: invierte, produce, genera empleo y contribuye con impuestos. Es un jugador que está deseoso de volver, pero lo han sacado del campo. Es hora de dejar la ideología de lado y resolver con sentido común”, sostuvo Madero. En resumen, el mercado inmobiliario rural argentino atraviesa un momento de firme reactivación, con valores sostenidos, un aumento en las operaciones y señales de confianza. La expectativa de una mayor normalización macroeconómica, el contexto político y el renovado atractivo de la tierra como refugio de valor son factores que potencian esta tendencia. Sin embargo, para que este ciclo se consolide, será fundamental destrabar el frente normativo que actualmente frena las inversiones extranjeras en el sector.
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