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» Impactocorrientes
Fecha: 12/06/2025 17:10
Una Jueza de Corrientes pidió ampliar la infraestructura carcelaria por sobrepoblación en unidades penales La titular del Juzgado de Ejecución de Condena de Corrientes, doctora Teresa Zacarías en un oficio dirigido al ministro de Seguridad Alfredo Vallejos, solicitó ampliar y refuncionalizar la infraestructura penitenciaria, advirtiendo que se alcanzaron niveles críticos de hacinamiento que vulneran derechos humanos básicos. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Juzgado de Ejecución de Condena de Corrientes remitió el oficio OE1 2/25 al Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes, Alfredo Vallejos, en el que se advirtió sobre la crítica situación de sobrepoblación en el sistema penitenciario provincial. El documento, fechado el 23 de mayo de 2025, informa que actualmente existen 1.058 personas condenadas alojadas en unidades penitenciarias que cuentan con solo 915 plazas disponibles, lo que representa un exceso de 143 internos por encima de la capacidad operativa. El diagnóstico se basa en informes del Servicio Penitenciario Provincial y de la Dirección de Técnica Penitenciaria, que señalan especialmente al Complejo Penitenciario N°1, con 158 personas alojadas por encima del cupo máximo de 720. Esta situación, según la doctora Teresa Zacarías a cargo del Juzgado de Ejecución de Condena de Corrientes, vulnera los principios constitucionales de trato digno y pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad. Además, advirtió que esta situación obstaculiza la función resocializadora de la pena, una obligación central del sistema penitenciario conforme la Ley N° 24.660. En su escrito, la juez invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que las cárceles sean "sanas y limpias, para seguridad y no para castigo", y recordó que los tratados internacionales con jerarquía constitucional obligan al Estado argentino a garantizar condiciones dignas de detención. Concluyó solicitando la adecuación, refuncionalización y/o ampliación de las unidades penales existentes, instando al Poder Ejecutivo a reforzar y acelerar las acciones ya iniciadas, en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para cumplir con los compromisos legales y humanitarios del Estado.
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