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Parana » Informe Digital
Fecha: 12/06/2025 14:27
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Corrientes ha emitido una alerta acerca de la próxima publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que afectaría la asistencia a las economías regionales. Este DNU, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, propone una serie de reformas estructurales en el INTA. Gabriel Escobar Bonfanti, secretario general de la seccional correntina de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), detalló que el Ejecutivo Nacional busca modificar la estructura del Consejo Directivo del INTA, reduciendo el número de miembros de 10 a 8, limitando su autonomía y eliminando la representación de las universidades nacionales, entre otras alteraciones. “El Consejo de INTA está compuesto por diez miembros: tres del Estado y siete de organismos público-privados, incluidos representantes de las facultades de Veterinaria y Agronomía. Desde allí se toman decisiones sobre el trabajo del organismo, lo que justifica su carácter autárquico”, aseveró Escobar en una entrevista en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Destacó que la mayoría absoluta del Estado y la dependencia del Ejecutivo Nacional podrían conducir a una pérdida de pluralidad en los espacios de decisión. “La reforma que pretende implementar el Gobierno consiste en asignar a cuatro miembros del sector privado y cuatro del Estado. En caso de empate, el presidente del INTA, que depende del Estado, tendrá el voto decisivo. Esto nos hará perder la condición de autárquicos, lo que afectará nuestras tareas vitales para el país y los pequeños productores en investigación y transferencia, todo por capricho del Gobierno de turno”, expresó. Entre otros cambios propuestos, Escobar mencionó el cierre de unidades, la eliminación de programas de extensión territorial, la no renovación de contratos de trabajadores de planta transitoria y la creación de cinco macroregiones en lugar de los actuales quince centros regionales. “Esta propuesta es extremadamente peligrosa. Sin extensión, no podremos transmitir a los pequeños productores la investigación realizada por el INTA. Es desmantelar las regionales en cada provincia, alterando totalmente su funcionamiento”, subrayó. Escobar agregó que estos cambios estructurales se acompañan de un drástico recorte de personal, resultando en la pérdida de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, y se prevé que la actual plantilla de unos 6.000 empleados se reduzca aún más en un tercio. También advirtió que esta reducción amenaza la capacidad del INTA para ofrecer servicios de investigación, extensión y apoyo técnico a pequeños productores y a la agricultura familiar. “Actualmente contamos con 17 becarios en toda la provincia. Son profesionales y técnicos que se especializan en áreas específicas. Tenemos dos becarios trabajando en Búfalo, quienes son excepcionales. Si no se renuevan esas becas o no se les permite tener un puesto fijo en el futuro, significará una gran pérdida para la provincia y las economías regionales en general; porque están siendo formados y especializados, y no habrá forma de transferir ese conocimiento al territorio”, subrayó. Si se concreta el decreto, Escobar manifestó que el futuro del organismo es incierto: “Desconocemos cuál será la función final del INTA. Lo que intenta el Gobierno es direccionar la investigación hacia grandes producciones, que son pocas. Hablamos de maíz, soja, arroz; son muy pocos los productores. Las líneas de trabajo terminarían enfocándose solo en quienes más tienen, dejando desamparados a quienes no cuentan con recursos”, advirtió. Apoyo del sector privado y de las universidades públicas La Mesa de Enlace, que reúne a las principales entidades del campo argentino (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro), ha expresado una postura crítica y clara ante la reestructuración del INTA que propone el Gobierno nacional. En una carta pública, la Mesa de Enlace se opuso a la disminución de la representación del sector agropecuario y académico en el Consejo Directivo, así como a la concentración de poder en el Ejecutivo y a la posible pérdida de la autonomía financiera del Instituto, que pasaría a depender directamente del Ministerio de Economía. Asimismo, justifican su rechazo a las decisiones de la gestión de Javier Milei por considerar vital mantener la presencia territorial y la estructura de centros y agencias de extensión rural, ya que constituyen herramientas clave para el desarrollo agropecuario en todo el país. “Los productores desean y requieren un organismo eficiente, con amplia territorialidad, que fomente el desarrollo agropecuario en todo el país, para beneficio de todos los argentinos. Cualquier medida que atente contra esto perjudica a todo el sector”, afirmaron desde la Mesa de Enlace. Además, esta entidad subrayó que “el financiamiento del INTA no debe ser considerado un gasto público, sino una inversión”. En la misma línea, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunció, a través de su Comité Ejecutivo, emitiendo una declaración que valora la labor del Instituto en “la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías dirigidas a resolver problemas tecnológicos en el sistema agropecuario nacional”. Desde el CIN señalaron que los cambios propuestos por el Ministerio de Desregulación amenazan la gobernanza democrática del INTA y apoyaron los pedidos de revisión de la medida, haciendo un llamado al diálogo y al consenso: “Coincidimos con la visión del personal del organismo que destaca la gravedad de la situación. Defendemos un INTA que sea independiente, para que pueda seguir generando tecnología de alto impacto local, regional, nacional y exportando conocimiento”, sostuvieron.
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