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Parana » Informe Digital
Fecha: 12/06/2025 14:27
Mariano Federici, ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó que Cristina Kirchner debería cumplir su condena en prisión común, no en su domicilio. En este contexto, subrayó que la decisión de la Corte Suprema de ratificar la sentencia por corrupción “no deja espacio para más planteos ni dudas” y desestimó los argumentos que presentan la situación de la ex presidenta como una supuesta persecución. “No se trata de una venganza ni de persecución, como sostiene el kirchnerismo. Se busca consolidar la justicia, que ha sido determinada a través de un fallo definitivo de la Corte Suprema, donde se confirma sin lugar a discusión la sentencia condenatoria contra Cristina Fernández de Kirchner como autora del delito de corrupción”, aseguró. Federici recordó su participación durante el juicio por el caso Vialidad, mencionando que desde la UIF aportaron pruebas clave en su gestión. “Nosotros hemos querellado en esta causa y consideramos que aportamos una parte valiosa de la prueba. Yo firmé la acusación penal contra Cristina Kirchner y otros implicados en estos delitos, y tuve la oportunidad de enfrentarlos cara a cara en la primera audiencia del juicio, justo antes de que finalizara nuestra gestión”, comentó en diálogo con Radio Rivadavia. El abogado también expresó su pesar por la ausencia de la calificación de jefa de una asociación ilícita en la sentencia, aunque reconoció que dicho planteo fue rechazado por la Corte. “Nos habría gustado que fuera condenada también como jefa de la asociación ilícita. Así lo argumentamos, y también lo hicieron los fiscales del juicio, el fiscal de Casación y el propio Procurador General. Considero que hay pruebas suficientes que fundamentaban esta posibilidad”, destacó. Federici subrayó que el cumplimiento de la pena debería ser en un establecimiento federal. “Mi expectativa habría sido y todavía es que el Tribunal disponga que la pena se cumpla efectivamente en una prisión federal. No solo por la gravedad de los hechos, sino también por el poder que aún ejerce Cristina Fernández de Kirchner, que, a mi entender, no puede ser trivializado”, expuso. En este sentido, enfatizó que el beneficio de la prisión domiciliaria no es un derecho garantizado, sino una opción sujeta al criterio del tribunal. “La prisión domiciliaria, debido a la edad, no es un derecho garantizado, sino un beneficio que el tribunal puede decidir otorgar o no. Nuestra posición, mi posición, es que se presentan elementos que justifican una prisión efectiva en un establecimiento federal para asegurar la eficacia de la implementación de la pena”, afirmó. El ex titular de la UIF comparó esta situación con el caso de Amado Boudou y argumentó que los fundamentos utilizados en esa ocasión podrían aplicarse actualmente. “En el caso Boudou, donde también fuimos querellantes desde la UIF en el juicio y solicitamos la aplicación efectiva de una pena de prisión con la sentencia condenatoria ante el tribunal, los argumentos que presentamos y que luego fueron validados por la Cámara Nacional de Casación Penal, entendemos que son aplicables aquí”, explicó. Además, advirtió sobre la posibilidad de que el poder político y económico de la ex presidenta influya en la aplicación de la pena. “No estamos hablando de ciudadanos comunes, sino de personas que ejercen un poder político que no puede ser subestimado. También poseen un poder económico, que a Cristina no se le ha despojado del todo. Posee una cantidad significativa de dinero oculto que podría permitirle financiar voluntades y dificultar el cumplimiento efectivo de la pena”, indicó. Para Federici, la prisión domiciliaria no garantizaría el cumplimiento real de la condena. “Las personas que cumplen prisión domiciliaria disfrutan de ciertos beneficios que quienes están en prisión no tienen. La posibilidad de estar en su hogar, con visitas permanentes, o salir a un balcón para saludar a un grupo de personas que acude a apoyarla, entre otras cosas, puede generar disturbios”, mencionó. También manifestó objeciones sobre el uso de dispositivos de comunicación desde un ámbito doméstico. “Debería estar privada de esos beneficios, como lo están la mayoría de los reclusos. O como deberían estar, mejor dicho”, añadió. Finalmente, consideró que la situación actual ya muestra señales de posibles complicaciones. “Los gestos y actos observados en los últimos días indican que otorgar a esta persona el beneficio de la prisión domiciliaria podría traer complicaciones que lamentaremos. Desde la perspectiva de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena de prisión, tal como debería ser”, concluyó.
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