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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 12/06/2025 05:35
El Gobierno exigió este miércoles que el ex Vicepresidente Amado Boudou devuelva $ 236 millones percibidos por su jubilación de privilegio, que le fue quitada en noviembre del año pasado. La exigencia de la devolución del dinero se da un día después de la confirmación de la condena de Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia. “Se ha promovido demanda a efectos del recupero de los haberes percibidos indebidamente por Amado Boudou durante la vigencia de la asignación mensual vitalicia de la que resultaba titular (asignación de privilegio revocada por resultar autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública)”, dice el comunicado de Capital Humano. Horas antes se supo que la Justicia Federal rechazó una medida cautelar solicitada por Amado Boudou quien buscaba la suspensión de las resoluciones de ANSeS que le retiraron la asignación mensual vitalicia y ordenaron la recuperación de fondos ya percibidos. Boudou manifestó ante el Juzgado de la Seguridad Social N° 4 que si bien había pedido acceder al beneficio en diciembre de 2015, cuando dejó el cargo, recién lo percibió a partir de agosto de 2020, sin erogaciones retroactivas. Agregó que el pago de los meses que no cobró entre 2015 y 2020 fue suspendido por resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social que invocaron la emergencia sanitaria, y que percibió regularmente la jubilación de privilegio hasta que el organismo la retiró “sin fundamento válido”, lo que calificó como una acción de ilegítima e inconstitucional. Asimismo, al pedir la cautelar sostuvo que la asignación tiene “carácter alimentario” y que la condena penal que pesaba sobre él por el caso Ciccone ya había sido cumplida, lo que no representaba una causa válida para la baja del beneficio. Por esa causa judicial Boudou estuvo preso -en la cárcel y con domiciliaria- tras haber sido declarado culpable de cohecho pasivo -coimas- y negociaciones incompatibles con la función pública. La Corte Suprema confirmó su condena a 5 años y 10 meses.
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