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» Santafeactual
Fecha: 12/06/2025 05:01
La acusación realizada por el Tribunal Oral Federal N°2 y Casación estableció el “monto de perjuicio al Estado” por los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, ex socio comercial de la expresidenta. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad abrió interrogantes sobre lo que podría ocurrir con su situación económica, puesto que se confirmó que la expresidenta deberá afrontar –junto a los otros ocho condenados– un decomiso de bienes por la cifra total de $84.835 millones, en concepto de reparación por la acusación de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Los condenados por la causa, entre ellos Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich, deberán enfrentar también el decomiso y la ejecución de bienes embargados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a modo de devolución de los fondos defraudados al Estado entre 2003 y 2015. En ese marco, el fiscal Diego Luciano solicitará que se avance con el embargo sobre los patrimonios de los condenados si no cumplen de manera voluntaria con la devolución del dinero en un plazo de 10 días hábiles. No obstante, la Justicia aún no determinó el monto exacto que deberá pagar cada uno, por lo que resta todavía esa definición. En el caso de Cristina Kirchner, cuando el juez Julián Ercolini la procesó en la causa Vialidad en 2016, le trabó un embargo por $10.000 millones. En aquel entonces, se estimaba que el perjuicio al Estado por las 51 licitaciones viales adjudicadas en Santa Cruz al Grupo Austral era de $46.000 millones. Actualmente, esa cifra total fue actualizada a casi $85.000 millones. Ese monto global debe ser desagregado y actualizado por peritos técnicos, quienes trabajarán bajo las directivas del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2. La situación económica de Cristina Kirchner La expresidenta declaró un patrimonio de $250 millones ($249.421.220) al cierre de 2023, según informó la Oficina Anticorrupción en base a la declaración jurada que todos los funcionarios públicos están obligados a presentar cuando dejan el poder. Allí también consta que no declaró propiedades a su nombre, ya que en 2016 transfirió sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Solo conserva el usufructo de las residencias en Río Gallegos, El Calafate y su departamento de Recoleta. Además, dijo tener $1.744.271 en cuatro cajas de ahorro en el país, y bienes del hogar por $1.843.496. No declaró dinero en el exterior ni deudas, e informó $97.727.008 como ingresos anuales y $82.109.709 en gastos durante 2023. En tanto, las asignaciones que recibía la expresidenta (jubilación y pensión) están suspendidas desde noviembre y siguen su proceso judicial. La familia Kirchner es dueña de dos sociedades que están bajo investigación de la Justicia: Hotesur, que adquirió en 2008 y es propietaria del Hotel Alto Calafate; y Los Sauces, la inmobiliaria familiar comprada en 2006. A su vez, a la condena penal se suma una demanda civil que inició la gestión de Mauricio Macri en 2016 por daños y perjuicios al Estado. Allí se reclaman $22.300 millones a Cristina Kirchner y los demás condenados de forma solidaria. El cálculo surgió al constatar que el 50% de las rutas adjudicadas al Grupo Austral fueron abandonadas tras recibir pagos con sobreprecios. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la demanda civil quedó estancada. Pero con Javier Milei en la Casa Rosada, los abogados de Vialidad Nacional retomaron el impulso del expediente, y ahora pedirán una actualización del reclamo: de los $22.300 millones originales a una cifra más cercana a los $85.000 millones establecidos como perjuicio económico en la causa penal. La sentencia firme incluye también multas y decomisos como penas accesorias. Según el Código Penal, los condenados primero deben ser intimados para el pago voluntario y, en caso de no cumplir, la Justicia podrá ejecutar bienes embargados o cualquier ingreso que puedan tener. El artículo 23 del Código Penal habilita el decomiso como mecanismo de reparación del daño. Así, el fallo que ordena recuperar los $84.835.227.378,04 deberá traducirse en legajos individuales con bienes y activos embargables. Fuente: R3
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