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» SL24
Fecha: 12/06/2025 04:11
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp “Hubo un examen completo de los honorarios del estudio en los últimos cinco años. Lo hicieron a través del ARCA, sin atribuciones. Es un desborde institucional”, afirmó Ilharrescondo en una entrevista con el periodista Hernán Funes antes de ingresar al segundo día de la audiencia de Cámara de Apelación. El planteo no es nuevo, pero esta vez fue acompañado por un dictamen académico que respalda la posición de la defensa. Según explicó, los fiscales accedieron a documentación protegida por el secreto profesional entre abogados y clientes para construir parte del sustento de las prisiones preventivas que hoy pesan sobre los ex directivos. “Lo que sí estoy diciendo es que es un caso que hoy, al día de hoy, mantiene por sus consecuencias, además de lo general, por lo particular, preso a cuatro personas hace dos meses en prisión preventiva sin condena”, agregó Ilharrescondo. Y recordó que los imputados estuvieron “cuatro años y medio a derecho, sin ninguna cautelar personal”: ni prohibición de salida del país, ni caución real. El abogado fue más allá en su crítica: “Fueron habidos en sus domicilios y hace dos meses están prisionizados por esta colecta de evidencia que tiene este vicio de origen. En este caso me tocó a mí, pero si usted hubiera sido magistrado, le hubiera tocado quizás a usted o a quien ocasionalmente defienda este asunto”. Mirá también San Lorenzo no es el AMBA: temor por declaraciones incendiarias de diputados K cercanos a Arico y Cerdera La defensa insiste en que los hechos utilizados como fundamento para las detenciones no ameritan prisión preventiva: “Son hechos que se ajustan completamente al derecho y que no motivan de ninguna manera la existencia de una apariencia de responsabilidad que sirva de sustento para la prisiónización de nuestros clientes”. Además, señaló que algunas de las acusaciones actuales ya fueron parte de un pedido de prisión realizado en octubre de 2021, “que obtuvo suerte esquiva para los fiscales”. La audiencia de apelación, presidida por el camarista Gustavo Salvador, continuará esta semana y se espera que el tribunal decida si los ex directivos continúan detenidos o recuperan la libertad mientras avanza el proceso. Mientras tanto, el escándalo por el presunto “desborde institucional” ya encendió alarmas entre abogados y referentes del fuero judicial, al punto que el Colegio de Abogados de Rosario emitió un comunicado de respaldo al libre ejercicio de la abogacía y al respeto al secreto profesional.
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