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» Comercio y Justicia
Fecha: 11/06/2025 01:44
Tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner buscará ahora llevar la causa Vialidad al plano internacional. Su defensa iniciará acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos multilaterales, en lo que consideran una ofensiva jurídica para denunciar una presunta persecución política y judicial por parte del Estado argentino. La defensa tiene seis meses para realizar una petición formal ante la CIDH, con el objetivo de que el organismo acepte examinar el caso. En esta instancia, no se busca anular directamente la condena dictada por la Corte Suprema —ya que la CIDH no tiene esa facultad—, sino denunciar posibles violaciones a derechos humanos y garantías judiciales durante el proceso. En caso de que la Comisión acepte el caso, podría emitir recomendaciones al Estado argentino para revisar el fallo o modificar leyes que pudieran haber vulnerado derechos fundamentales. Si esas sugerencias no fueran acatadas en un plazo de tres meses, la CIDH tiene la potestad de elevar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí puede dictar sentencias vinculantes. Apoyo internacional y estrategia política Paralelamente al camino judicial, el entorno de Cristina Kirchner busca sumar respaldo político en el ámbito internacional. Aunque aún no se definió la forma, se analiza la posibilidad de emitir una carta o declaración con la firma de referentes políticos de la región y otros países del mundo en apoyo a la exmandataria. Además, la defensa prepara presentaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se alegará que durante todo el proceso judicial —desde la instrucción hasta el juicio oral— se habrían producido “graves violaciones a las garantías convencionales”, lo que podría comprometer internacionalmente al Estado argentino. Entre los puntos centrales de la denuncia, los abogados apuntan a una supuesta connivencia entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Mauricio Macri, y los fiscales y jueces que intervinieron en la investigación de las irregularidades en las licitaciones de obra pública en Santa Cruz. La defensa insistirá en que la condena contra Cristina Kirchner fue producto de un entramado judicial impulsado con fines políticos, en un contexto que, según afirman, socavó el derecho al debido proceso y afectó la imparcialidad del Poder Judicial.
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