12/06/2025 10:19
12/06/2025 10:19
12/06/2025 10:19
12/06/2025 10:18
12/06/2025 10:18
12/06/2025 10:18
12/06/2025 10:18
12/06/2025 10:16
12/06/2025 10:15
12/06/2025 10:15
» Diario Cordoba
Fecha: 11/06/2025 00:04
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas y en adjudicaciones de obra pública ha ordenado este martes el registro del domicilio en Valencia del ahora diputado del Grupo Mixto, para proceder a intervenir la documentación relacionada con la pieza secreta abierta. Además de la vivienda de Ábalos, cuya inspección se ha prolongado durante casi nueve horas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado varias empresas en diferentes partes de España en busca de documentación sobre obras públicas, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Entre estas mercantiles se encuentra la navarra Servinabar 2000 Obras y Servicios S.L. Según informa Diario de Navarra uno de los agentes de la UCO que acudieron a la sede de esta firma radicada en Pamplona fue el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas. En Valencia, el dispositivo ha estado compuesto por una decena de agentes, que abandonaron el domicilio del exministro con varias cajas de cartón llenas. Pocos segundos después salió la abogada de Ábalos, que no quiso hacer declaraciones ante los numerosos medios de comunicación desplegados en la puerta del inmueble. El que sí las ha hecho ha sido el propio exministro, para lamentar su situación. "Yo la condena ya la tengo, es lamentable el juicio paralelo que se me ha hecho", aseguró. "Lo único que les interesaba era el teléfono, lo han clonado y unas memorias digitales, en concreto dos, que no les ha dado tiempo a clonar, se las han llevado y las tendré mañana a mi disposición", explicó. En un auto del pasado 23 de abril el juez Leopoldo Puente ordenó a la UCO que investigara "la adjudicación de las obras y/o rectificados que aparecen destacados con línea fluorescente" en los documentos que había aportado el comisionista Víctor de Aldama, considerado el "nexo corruptor" de la trama investigada en el caso Koldo y las distintas causas abiertas por fraude del IVA a través de hidrocarburos. Documento presentado por Aldama en el Tribunal Supremo / Nacho García del Álamo Según estas fuentes, los agentes del instituto armado buscan documentación sobre adjudicaciones de contratos de obra civil, unas diligencias que se enmarcan en una pieza secreta de la investigación que dirige Puente. Esta documentación estaría relacionada con algunas de las supuestas comisiones a las que aludió el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. El empresario imputado cifró en 128 los contratos públicos que se habrían adjudicado a constructoras próximas a Koldo García por un importe total de 54 millones de euros entre 2018 y 2021. Tres empresas Aldama afirmó que la mayoría de estos contratos fueron a tres empresas: Obras Públicas y Regadíos SA, Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL. En un escrito confesó haber ingresado dos "comisiones" de casi 100.000 euros, de las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Grupo Azvi. Aldama dijo que estos pagos se habrían realizado gracias a su intermediación para que estas firmas obtuvieran adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos. Las diligencias, que han sido declaradas secretas por el magistrado, se han desarrollado en el domicilio donde reside el exministro en Valencia, pero no afecta a otros inmuebles de su propiedad. Los agentes no han entendido necesario proceder al arresto de Ábalos mientras se producen los registros, aunque sí le han requisado los terminales electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores. Fuentes cercanas a Ábalos explican a esta redacción que los agentes de la UCO está procediendo al "volcado" del contenido de los teléfonos y el resto de terminales del exministro de Transportes, diligencia que ha podido prolongar los registros, al necesitar un tiempo para realizarse. En el entorno del que fuera secretario de Organización del PSOE consideran que esta actuación "no tiene ningún sentido. Cuatro meses después de haber sido imputado, y sabiendo que en febrero pasado cambió de teléfono e incluso de terminal". El procedimiento contra el exdirigente socialista se abrió en el Supremo a principios del pasado mes de noviembre, a raíz de la exposición razonada elevada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, después de encontrar indicios contra el diputado del grupo mixto, condición que obligaba a que solo el alto tribunal pudiera ocuparse de las pesquisas. Archivo - El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo Las citadas fuentes del entorno de Ábalos sostienen que los agentes de la UCO abrieron todas las cajas y compartimentos de la vivienda en busca de más pruebas. También registraron el garaje y el bajo en el que el exministro guardaba "varias cajas" con documentación. Es la primera vez que la UCO registra una propiedad del también exdirigente socialista, investigado en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extendió también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por