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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 10/06/2025 18:18
Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex Presidente Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, confirmando su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 la encontró coautora del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, marcando un hito en la justicia argentina al resolver un caso de alto impacto político y social. La Corte, integrada por los Ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que no existieron violaciones al debido proceso, la defensa en juicio ni el principio de legalidad, argumentos centrales de la apelación presentada por la defensa de Fernández de Kirchner. En su resolución, la Corte Suprema destacó que la condena se sustentó en “elementos probatorios suficientes”, evaluados bajo las reglas de la sana crítica racional. Los Jueces subrayaron que el Tribunal Oral actuó dentro de los principios del proceso penal acusatorio, sin incurrir en arbitrariedades ni apartarse de la Ley. Además, desestimaron las alegaciones sobre la falta de imparcialidad de los magistrados, señalando que su participación fue consentida y no objetada oportunamente por la defensa. El caso, conocido popularmente como parte de las investigaciones sobre corrupción en la obra pública, involucró acusaciones de desvío de fondos estatales durante la gestión de Fernández de Kirchner. La confirmación de la condena reafirma la responsabilidad penal de la ex mandataria, quien ocupó la presidencia entre 2007 y 2015, en un esquema de defraudación que, y según las pericias causó un perjuicio significativo al erario público por lo que incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos. El caso comenzó con una denuncia de Elisa Carrió en 2008, pero tomó impulso en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo la gestión de Javier Iguacel, que reveló irregularidades en la asignación de obras en Santa Cruz. El proceso judicial que investigó irregularidades entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La “causa Vialidad”, como se popularizó, se centró en el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner y propietario de Austral Construcciones. La investigación determinó que el 80% de las obras viales en la provincia fueron adjudicadas a empresas de Báez, particularmente Austral Construcciones, en condiciones preferenciales. Según la investigación, se adjudicaron de manera irregular 51 obras viales por más de 46 mil millones de pesos, con licitaciones manipuladas, sobreprecios, falta de controles y pagos por trabajos inconclusos o no realizados. La acusación sostiene que se montó una organización criminal desde el Poder Ejecutivo Nacional, liderada por CFK, por lo que la apelación de los Fiscales apunta a agravar la pena a 12 años.
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