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» Diario Cordoba
Fecha: 10/06/2025 03:35
El jefe de seguridad de Correos, el teniente coronel de la Guardia Civil Arturo Crespo Arranz, renunció a su puesto en marzo de 2025, apenas tres meses después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), integrado en el Ministerio de Hacienda, instara la anulación de un contrato de 10 millones de euros tras detectar "un conflicto de interés". La adjudicación, que fue a parar a la empresa Trablisa, estaba destinada a sufragar los servicios de seguridad de las dependencias de la empresa pública en la Comunidad de Madrid. Crespo Arranz era comandante de la Guardia Civil en Barajas en la fecha en la que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, acudió al Aeropuerto Adolfo Suárez el 20 de enero de 2020, según informan a esta redacción fuentes conocedoras de los hechos. Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz de Correos, cuyo presidente es ahora el socialista murciano Pedro Saura, que ha reconocido que el contrato de seguridad de 10 millones de euros "se anuló al detectarse una interferencia en el proceso de adjudicación, tras lo cual se ha vuelto a licitar y a adjudicar". Correos comunicó la anulación del contrato el 14 de marzo. Pedro Saura, actual presidente de Correos. / / JUAN CARLOS CAVAL El día de su nombramiento, Correos justificó la creación de la Dirección de Seguridad y el nombramiento de este oficial de la Guardia Civil, "con casi 20 años de experiencia", pues se buscaba el "objetivo de reforzar la coordinación de la gestión de la seguridad en el grupo". También se explicó que Crespo Arranz participaría "en el Comité de Dirección", al mismo tiempo que lideraría "las áreas de Seguridad Física, el Centro Operativo de Seguridad y la coordinación con otras áreas relacionadas, estableciendo los controles administrativos, técnicos y físicos necesarios". En un mensaje dirigido a diferentes empleados, Crespo Arranz comunicaba su decisión de reincorporarse al servicio activo como miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que abandonaría un puesto de trabajo muy bien remunerado, en el que había sido nombrado en 2022, cuando el exjefe de Gabinete de Sánchez Juan Manuel Serrano era presidente de Correos: "Aunque retomo mi anterior camino, siempre recordaré con cariño y gratitud mi paso por Correos. Estoy seguro de que el departamento de seguridad seguirá avanzando para constituirse en un elemento fundamental dentro de la compañía", escribió el teniente coronel de la Guardia Civil. Fallos en los controles En la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 4 de diciembre, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se especifica que el jefe de Área de Seguridad de Correos, Julián César Lara Toribio, cuyo jefe era Arturo Crespo Arranz, "había trabajado en la empresa licitadora dentro de los dos últimos años, previos a su participación como experto en la evaluación de criterios sujetos a juicio de valor". Asimismo, se destaca que la posición laboral concreta que ocupaba Lara Toribio en la empresa era "relevante, al ser director de proyectos”; a semejanza de su papel en la empresa pública, en el que ocupa el puesto de jefe de área de seguridad. Este tribunal sostiene que este conflicto de intereses "no fue declarado", por lo que "fue detectado a posteriori". Por eso, los hechos solo se conocieron "externamente" a través de la reclamación de una empresa, por lo que critica la actuación de los directivos de Correos, pues se han detectado "fallos en los controles preventivos. Ni el evaluador declaró su situación, ni se aplicaron eficazmente los procedimientos de control ex ante [antes del evento] para evitar este tipo de circunstancias. Ante esta situación, la entidad contratante ha tomado la decisión prudente de suspender la formalización de los restantes lotes", destaca la resolución. Correos, prosigue el escrito, llevó a cabo una valoración preliminar sobre la posible intencionalidad del evaluador, "considerando que esta pudo haber influido decisivamente en la adjudicación del lote en cuestión. [...] El análisis de la entidad contratante apunta claramente a que dicho conflicto pudiera haber influido en la adjudicación". Sin asesoramiento En el mismo sentido, la decisión de adjudicar a la empresa Trablisa el contrato fue adoptado "sin que previamente el órgano que adjudica el contrato haya sido asesorado por un órgano colegiado, como pudiera ser una mesa de contratación. La relación entre los firmantes del informe sobre criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor es, al menos, funcional, cuando no claramente de jerarquía en favor de la persona afectada por el conflicto de interés, siendo este jefe de área de seguridad y la segunda técnica asesora de seguridad, lo que pone de manifiesto un papel preponderante en la evaluación de la persona conflictuada", concluye la resolución. Por eso, para el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales "parece evidente que el supuesto de hecho controvertido reúne los requisitos para ser calificado de conflicto de interés, pues, como hemos señalado, pudiera parecer (en realidad parece) que se ha comprometido la imparcialidad e independencia". El nombre de la empresa de Correos saltó la semana pasada a la opinión pública en relación a la exmilitante del PSOE Leire Díez, que fue grabada buscando información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, y del fiscal de anticorrupción, José Grinda. En declaraciones al programa 'Todo es mentira' de Cuatro, reconoció que durante su etapa en la empresa pública ya recopilaba información sobre "las cloacas" para el empresario Javier Pérez Dolset.
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