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Concordia » Diario Junio
Fecha: 09/06/2025 22:30
Durante el Encuentro Regional de Derechos Humanos “Plan Cóndor: Historia, impacto y vigencia en la región”, realizado en Concepción del Uruguay los pasados 4 y 5 de junio, la fiscal federal Josefina Minatta presentó una ponencia basada en una investigación en curso que reconstruye una historia largamente silenciada: el despliegue del terrorismo de Estado sobre trabajadores vinculados a la construcción de la represa de Salto Grande, entre 1975 y 1978. Titulado “Las huellas del Cóndor en la costa del Río Uruguay (Entre Ríos)”, la presentación de la fiscal -basada en una investigación en curso que podría tener importantes derivaciones judiciales- permitió entender cómo la represión actuó con precisión quirúrgica para destruir la organización obrera en torno a la principal obra de infraestructura de la región, en articulación con las dictaduras de Argentina y Uruguay. La Triple A, el Ejército, Prefectura y los aparatos de inteligencia se activaron para “limpiar” el terreno de militantes, sindicalistas y voces disidentes. El 8 de octubre de 1974, cuando la represa recién comenzaba a erigirse, una serie de volantes firmados por la “Alianza Anticomunista Entrerriana” —una franquicia local de la Triple A— fueron distribuidos en Concordia. El texto, anónimo pero plagado de amenazas explícitas, enumeraba a quienes serían “condenados a morir como se merecen los traidores del pueblo”: “Los bandoleros apátridas, auto marginados públicamente, agitadores de otras banderas, están matando a mansalva dejando en su funesto camino, desolación en hogares dignos. Concordia, ciudad de paz y tranquilidad, tiene en su seno estos individuos que la Alianza Anticomunista Entrerriana los tiene debidamente detectados y a quienes ya los condena a morir como se merecen los traidores del pueblo” Entre los amenazados se encontraban el ingeniero Omar Rizzo, el arquitecto Juan Gustavo Figueroa, y varios obreros que trabajaban en el obrador de Salto Grande. Nombres como Mario Néstor Ruiz, José Luis Yoya, José Luis Rey, Víctor Carlos Ingold, Raúl Hipólito Etchart y Marcelo Néstor Fischer encabezaban la lista. “Deben saber los subversivos que la Alianza Anticomunista Entrerriana tiene poderosos medios de acción y que ninguno de los elementos aquí citados saldrá impune de su accionar traidor. Estamos decididos a exterminarlos.” El contexto era explosivo: el conflicto gremial crecía, y el sindicato reclamaba mejores condiciones laborales, de seguridad, y la incorporación de trabajadores uruguayos en igualdad de condiciones. “Yo llevaba los reclamos de los uruguayos” Uno de los protagonistas de esa historia, el exdelegado sindical José Luis Yoya, relató ante la justicia y en diferentes entrevistas el nivel de persecución que vivieron los trabajadores: “Cuando se inició el primer conflicto, los uruguayos ya estaban en dictadura entonces no podían concurrir a las asambleas ni tener representación sindical, entonces yo llevaba los reclamos de los uruguayos. La mayoría eran bancarios que habían estado presos, salvo dos hermanos José Luis Rodríguez y su hermano. Había habido una razzia en un banco en Uruguay porque los bancarios eran los más combativos, los más cercanos a los tupa”. Esa solidaridad no fue gratuita. Yoya recuerda que fue seguido, fotografiado, amenazado y finalmente incluido en las listas negras: “Una noche me despierto y me habían escrito con pintura negra ‘Montonero hijo de puta’ en la pared del frente de mi casa. Ya antes me habían llegado anónimos. Después aparecieron los volantes. No podíamos hablar por teléfono, sabíamos que nos escuchaban”. La situación se volvió insostenible. Los sindicatos eran desarticulados, se militarizaban los obradores, y cada reclamo era respondido con inteligencia, amenazas o directamente con detenciones. Estos delegados tenían frecuentes desencuentros con el secretario general de UOCRA, Rogelio Papagno, quien había intentado disuadirlos sobre la prolongación de las medidas de fuerza. Sin embargo, la decisión de la Asamblea fue la continuidad de la huelga, en reclamo de un franco compensatorio, narró la fiscal. “A algunos los sacaban de la obra y los subían a un Falcon sin explicaciones. A otros los dejaban sin trabajo y los empujaban a irse de Concordia. Era una limpieza encubierta, pero todos sabíamos lo que estaba pasando”, testimonió Yoya. El 30 de octubre de 1975, el secretario general de UOCRA, Papagno separó de sus funciones sindicales a Mario Néstor Ruiz. De tal modo, la construcción de la represa constituyó una plataforma fértil para la coordinación represiva de los países fronterizos. De acuerdo con el relato de uno de los delegados gremiales, José Luis Yoya, que representaba a los trabajadores uruguayos, fue conducido por la fuerza a la ciudad de Montevideo a una reunión con militares de la República Oriental del Uruguay y dirigentes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande: «El primer reclamo fue por los salarios, a mí me llevaron a Montevideo a hablar con los milicos. Entonces la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande propuso esa reunión en Montevideo, entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, las tres empresas italianas, y los milicos. Me llevaron medio preso”. Mas adelante, los intentos por desarticular los reclamos se irían recrudeciendo contra todos los trabajadores. Tal como señaló otro exdelegado gremial, Víctor Carlos Ingold, hubo desde el directorio de Salto Grande, amenazas hacia los obreros para desalentar las huelgas: “La patronal de Salto era un consorcio de empresas, italianos fundamentalmente. Militares no se veían, Salto Grande tenía lanchas con nombres de dioses griegos, y tenía la lancha donde nos cruzaban a nosotros, los lanchones. Tenían colectivos con logo de Salto Grande, todo identificado. Cuando los militares toman el gobierno hubo asambleas donde dijeron bueno se acabó de la joda, trabajen para terminar Salto Grande, ellos llamaron a los trabajadores para que los escucharan, los milicos eran, del directorio de Salto Grande. Pusieron militares en el directorio”. En un mismo sentido declaró Yoya, al relatar otro modo de instigación, más violento, para la deposición de la huelga: “Después de la bomba hubo una razzia contra todos los trabajadores de Salto Grande. Estábamos en asamblea en Salto y ahí vienen los milicos uruguayos, sacan toda la gente, la cargan en colectivos y van todos mezclados, a la cana, al Regimiento de Salto, en Uruguay. Desde ahí, los uruguayos tenían miedo, después de la razzia que los llevó a todos en cana quedaron todos fichados, muchos eran laburantes que no militaban, había bolivianos, chilenos, un húngaro había también, entonces empezaron a venir muchos menos uruguayos a las asambleas. Decayó el número de asistentes uruguayos a las asambleas.” Mientras se construía el complejo hidroeléctrico —la Empresa Constructora Salto Grande SA estaba formada por la italiana ImpregiloSpA (Fiat–Impresit de Umberto Girola y Vincenzo Lodigiani que participará también en Yacyretá y El puente General Manuel Belgrano, entre Chaco y Corrientes entre otras obras); Sollazzo Hermanos SA (de Salvador Sollazzo que participó en El Chocón y Yacyretá), ImpresitSideco SA (de Francisco Macri, subsidiaria asociada a Fiat-Impresit para la construcción de silos en Mar del Plata) y Álvaro Palenga SA (que también participó deYacyretá)—, quienes alzaban la voz eran acallados. Las empresas constructoras no solo sabían de la represión: la promovían. En los expedientes judiciales aparecen comunicaciones entre directivos de las empresas y las fuerzas de seguridad, solicitando “medidas” contra delegados molestos. El argumento era siempre el mismo: había que evitar demoras en la obra. El precio era la dignidad, y muchas veces la vida, de quienes intentaban defender derechos laborales mínimos. El 6 de noviembre de 1975 se produjo un atentado explosivo en Concordia, contra la sede del gremio de la construcción al que eran afiliados los obreros, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, -UOCRA-. Tras ello, fueron detenidos los delegados sindicales Mario Néstor Ruiz y José Luis Rey. En los días posteriores, fueron también detenidos Víctor Carlos Ingold y José Luis Yoya, y delegados de otras empresas vinculadas a Salto Grande, como la firma Garamendi. El dueño de dicha empresa, Gualberto Joaquín Garamendi, sería detenido el día del golpe de estado, al igual que otros integrantes del Comité de Huelga de Empresa Constructora de Salto Grande SA, como León Oscar Córdova, Fausto Bonvicino y Raúl Hipólito Etchart. El Cóndor sin fronteras La investigación de Minatta demuestra que la represión no fue solo argentina. La condición binacional de Salto Grande exigió una coordinación directa con Uruguay. El Plan Cóndor, esa red clandestina de inteligencia, secuestro y asesinato coordinado entre las dictaduras del Cono Sur, tuvo en la frontera del río Uruguay uno de sus puntos calientes. “La represión sobre los trabajadores de Salto Grande no fue un hecho aislado. Fue parte de un dispositivo transfronterizo sistemático, planificado y ejecutado desde los estados argentino y uruguayo”, afirmó la fiscal en su ponencia. Minatta repasó documentos oficiales y partes de inteligencia del Ejército Argentino y de la Prefectura Naval Argentina, testimonios judiciales y notas periodísticas que confirman que había listas negras de trabajadores y vigilancia sobre militantes uruguayos y argentinos, a lo que se puede agregar el intercambio de información entre los países, la realización de operativos conjuntos por grupos de trabajo internacionales, traslados clandestinos y los ya conocidos y denunciados “vuelos de la muerte” entre Argentina y Uruguay como parte del circuito de desaparición forzada. Como ejemplo del abundante trabajo conjunto entre los dos países vecinos, está el testimonio del concordiense Hugo Galvani ex trabajador de una empresa subsidiaria de Salto Grande, detenido en Salto (Uruguay) en noviembre de 1975. Galvani había decidido dejar la obra para mudarse a la ciudad vecina a Concordia, debido al clima de persecución que se vivía con relación a los trabajadores de los obradores. Sin embargo, la coordinación represiva entre ambas orillas funcionaba ya en esa época: “Fui detenido en el Uruguay bastante antes del golpe de estado de Argentina, en Salto. Yo iba caminando por una calle lateral a la principal, en la zona céntrica; ahí me llevaron, me detienen las fuerzas conjuntas del Uruguay, me meten en una camioneta de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se identificaron como investigaciones del Uruguay, me llevaron primero a un regimiento que tengo entendido estaba en el cerro. El lugar era grande, con un patio inmenso con una galería, me ponen una venda en los ojos, me meten en una celda y me empiezan a interrogar sobre la represa Salto Grande que gente había ahí que gente conocía. Movimientos sindicales de la represa, porque en ese momento había problemas de paros, marchas en el centro de Concordia y un poco nos conocíamos todos. Me preguntaban si yo conocía gente de la represa. En Uruguay me interrogaban con respecto a la represa, me interrogaba gente de ellos, servicios uruguayos. Estando yo en Uruguay se da el golpe en Argentina. Ellos se interesaban en la relación mía con gente del Uruguay. Me mostraban fotos, si los conocía, me interrogaban por toda esa gente. Allá me trataron mal sí, pero después me traen para acá, me traen al puerto de Concordia, en una lancha. Estuve bastante tiempo en el regimiento de Salto. Cuando me sacan las esposas los uruguayos, me cambian por otras, la venda me la ponen cuando llego, ahí alcanzo a ver el puerto y Prefectura. Me llevaron al puerto de Concordia desde el puerto de Salto en una lancha de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”. La fiscal advirtió que todavía hay mucha documentación que está siendo analizada, y que los crímenes cometidos en Concordia, Salto y la región siguen sin justicia. Pese a los avances en las causas de lesa humanidad, la represión vinculada a Salto Grande permanece, en gran medida, invisibilizada.
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