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Caseros » Genesis 24
Fecha: 09/06/2025 21:00
Las acciones legales fueron impulsadas por la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, y tienen como ejes centrales: el incumplimiento de la Nación con el régimen previsional provincial y la histórica deuda por los excedentes de la represa de Salto Grande. Juicio contra Anses: más de 200 mil millones de pesos La primera demanda se dirige contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por el incumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017, que establecían la asistencia financiera a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional. Según la Fiscalía, la deuda original era de 154 mil millones de pesos, pero actualizada supera los 200 mil millones, contemplando: Diferencias en la tasa de contribución patronal utilizada para calcular el déficit previsional. Discrepancias entre lo devengado y lo efectivamente transferido a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Falta de actualización según el índice de movilidad previsional (SIPA). Retrasos injustificados y arbitrarios en las transferencias nacionales. El gobierno provincial reclama que la Corte Suprema obligue a la Anses a saldar estas diferencias con sus respectivos intereses, respetando el esquema acordado en 2017 y convalidado por leyes nacionales y provinciales. Salto Grande: un reclamo histórico por 724 millones de dólares La segunda demanda tiene su origen en el Pacto Intrafederal de 1998, que garantiza a las provincias afectadas por la construcción de Salto Grande (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) el acceso a un fondo especial conformado por los excedentes económicos de la explotación hidroeléctrica, una vez descontados los costos operativos. No obstante, Entre Ríos denuncia que la Secretaría de Energía de la Nación modificó de forma unilateral ese esquema, regulando a la baja el precio de la energía generada, reduciendo así deliberadamente los excedentes. Esta acción, según la provincia, viola el equilibrio económico del acuerdo, perjudicando a las provincias contratantes en beneficio del Gobierno Nacional. Esta semana, Frigerio y Rodríguez Signes ampliaron la demanda, y especificaron que el monto retroactivo reclamado por este incumplimiento asciende a 724 millones de dólares. “Un reclamo legítimo por los derechos de Entre Ríos” Desde Casa de Gobierno, calificaron las demandas como “un acto de responsabilidad institucional”, y destacaron que Entre Ríos **reclama lo que le corresponde por ley y por derecho”. “La decisión de llevar ambos casos a la Corte tiene que ver con la firmeza del gobernador Frigerio de no resignar recursos fundamentales para la provincia. Se trata de fondos que representan servicios, obras y bienestar para todos los entrerrianos”, indicó Rodríguez Signes. Con estas dos demandas, Entre Ríos se posiciona como una de las provincias que más firmemente reclama al Estado Nacional por derechos históricos no cumplidos, en un contexto de creciente tensión financiera entre las jurisdicciones provinciales y la Nación.
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