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Fecha: 09/06/2025 18:31
El máximo tribunal deberá decidir si confirma o no el fallo emitido en 2022 por el Tribunal Federal Oral N°2, que dictó una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta condena fue previamente ratificada por la Cámara de Casación Penal en 2024. Si la Corte ratifica la sentencia, la exvicepresidenta no podría presentarse como diputada en los próximos comicios bonaerenses, donde aspira a competir por la Tercera Sección Electoral. Además, en teoría debería cumplir arresto, aunque debido a su edad (más de 70 años) podría recibir el beneficio de la detención domiciliaria. Días atrás, la Corte Suprema ya había rechazado in limine y por unanimidad una recusación presentada por la defensa de Cristina Kirchner. El tribunal, integrado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y que carecía de fundamentos jurídicos suficientes. Grupo de Pueblo denunció «persecución política» contra Cristina Kirchner En este contexto, el Grupo de Puebla ya ha denunciado lo que considera una «persecución política» contra la expresidenta Cristina Kirchner. En un texto denominado «Argentina: Vuelven las proscripciones políticas a inocentes», el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denunciaron en las últimas horas «el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política» contra Cristina en el marco de lo que consideran es «una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió» y tildaron el proceso judicial de «persecución política». «La Causa Vialidad es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri», dice el comunicado difundido por Parrilli.
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