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Parana » Bicameral
Fecha: 08/06/2025 12:40
Por Diego Genoud (*) En el hospital de pediatría de alta complejidad más prestigioso de América Latina, el gobierno de Javier Milei quedó expuesto como nunca. El abandono de la salud pública lo delató en su esencia. Los médicos residentes del Garrahan fueron obligados a levantar el paro que habían decidido por tiempo indeterminado. El miércoles pasado, junto con la intimación vía mail, un funcionario del ministerio de Salud llamó por teléfono para advertir que los telegramas de despidos de los jóvenes profesionales ya estaban redactados. Era Enrique Rifourcat, el subsecretario de Institutos y fiscalización del ministerio que conduce el cardiólogo Mario Lugones. Graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Rifourcat asumió la misión de amenazar a los residentes. El padre del consultor Rodrigo Lugones casi no habla en público, pero sí lo hace su CV: edificó una fortuna con el negocio de la medicina privada, es dueño del sanatorio Güemes y decidió entrar al Estado para debutar con la motosierra en el sector público. Rifourcat fue durante 8 años secretario de Salud de Julio Garro en La Plata y fue uno de los macristas que aterrizó en el gabinete nacional durante el tiempo de Mario Russo. Junto con los descuentos en los haberes y la pérdida de la regularidad en la residencia, Lugones ordenó avanzar con los telegramas de despidos. En un proceso de formación que lleva 15 años, los residentes nunca habían sido extorsionados de esa manera. Después de cursar medicina durante 8 años, hacer 4 años más de pediatría y entre 2 o 3 más de las especialidades básicas, los médicos formados en las universidades y el hospital público decidieron preservarse. Se trata de un caso testigo. Los miembros de la asamblea de residentes tienen entre 25 y 30 años. Provienen en muchos casos de la clase media y la clase media alta y en su ADN no están ni la política ni la militancia. Al contrario; muchos son votantes del macrismo y el mileismo. No solo ellos. “La mayoría de la planta médica votó a Milei”, dice uno de los profesionales que participa del reclamo. Hoy los une el desencanto con el ex panelista. Se sienten estafados por un outsider que vino a hacer lo mismo de siempre. El presupuesto del Garrahan está congelado desde 2023 y el reclamo del personal del hospital lleva un año y medio. En 2024, hubo 9 paros de los empleados de planta. Los residentes son parte de una generación obligada a pelear y de una sociedad que empieza a ir muy por delante del promedio de la dirigencia. El aumento que el gobierno ofreció -forzado por el altísimo rechazo que le marcaban las encuestas- consistía en un bono no remunerativo de 300 mil pesos y no en una auténtica recomposición salarial. Las amenazas de Milei, Lugones y Rifourcat tuvieron un efecto paradójico. Llevaron al personal de planta a participar masivamente de la manifestación del jueves último y precipitaron la huelga de 48 horas que se anuncia para el martes y el miércoles próximos. Lo más destacado pasó en enfermería, donde los tres turnos y los franqueros se autoorganizaron para plegarse al conflicto. En el Garrahan la lucha contra los salarios pulverizados es generalizada. Las 700 butacas del Aula Magna del hospital no alcanzan: hay médicos, profesionales y enfermeros sentados en el piso y otros que se conectan por zoom. Acostumbrado a no saber de lo que habla, el tuitero Manuel Adorni apuntó contra los administrativos. Pero además de médicos, en el equipo de salud del hospital, trabajan miles de hombres y mujeres. Enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, trabajadoras sociales, psicólogas, profesores de educación física para rehabilitación, técnicos de laboratorio y de hemodiálisis. A eso hay que sumar los 210 becarios y 78 residentes de la ciudad de Buenos Aires, que también participan del reclamo. En las últimas semanas, la pelea del Garrahan ganó alcance nacional. A la repercusión social y la muestras de solidaridad de diferentes actores, se sumaron dos datos fundamentales. Primero, el respaldo absoluto de los pacientes a los médicos y las comisiones de familias que van a apoyar. El Garrahan atiende a chicos y chicas de todo el país que no tienen recursos para ser asistidos pero también a familias que disponen de medicina privada. El segundo son las contradicciones en el gobierno y su bloque de fuerzas aliadas. Mientras Milei los ataca, Eduardo Feinman los defiende. El reclamo asambleario de los residentes coincide con la demanda de otros sectores que también rechazan la destrucción del Estado y salen a pelear en defensa propia. El miércoles pasado, las consignas del 4J se metieron en el Congreso y terminaron con la derrota más significativa de Milei en mucho tiempo. Con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, se aprobó un aumento del 7,2% para los jubilados y la suba del bono de 70 mil pesos que está congelado desde hace 15 meses: pasaría a 110 mil pesos con una actualización por inflación. Es una compensación mínima para los que sufren el corazón del ajuste y, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría un costo fiscal de apenas 0.26% del PBI. Pero Milei ya anunció que pretende volver a vetarlo. Lo particular fue que el colaboracionismo se plegó a la oposición. Por primera vez en un año y medio, el peronismo de Milei ordenó jugar contra el ajuste a los jubilados. Los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Saenz, Raul Jalil y Martin Llaryora mandaron a sus diputados a aprobar la suba o dar quórum. Arrastrarse dejó hace rato de ser negocio. Se vio en la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones que derivó en un pedido de audiencia a la Rosada. Hasta Mauricio Macri avaló 9 abstenciones entre los residuos del PRO. Entre ellas, estuvieron María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato. La Libertad Avanza no pudo bloquear tampoco la declaración de emergencia en discapacidad y la moratoria previsional por 2 años. Aunque diputados del gobierno y la oposición centraron el debate en cómo financiar el aumento a los jubilados, la suba mínima contrasta con lo que el gobierno tendrá que pagar este año en concepto de intereses de la deuda. De acuerdo a los números de Matías Rajnerman serán más de 11 mil millones de dólares. El jefe de Macroeconomía del Banco Provincia señala que son U$ 8000 millones por títulos (Bonares y Globales) y más de U$ 3300 millones por intereses de la deuda con el FMI. Es una montaña de vencimientos que puede arruinar el plan Milei. “El Caputo del 2016-2017 desestabiliza al Caputo del 2025-2026”, dice Rajnerman. Aferrado a un sistema inviable, Milei está en una carrera contra el tiempo: la deuda no alcanza para sostener el dólar barato electoral. Según los datos de la consultora Abeceb, en mayo de este año las importaciones con Brasil aumentaron un 55% en relación a 2024 y el déficit comercial de los primeros cinco meses del año asciende a 28%. El año pasado, hubo superávit. La sangría de dólares se combina con la violencia de un sistema que cada día expulsa más gente hacia las filas de la oposición. Mientras una parte de la dirigencia política y empresaria aparece entregada a la lógica de los negocios, los perjudicados por el modelo salen a la calle. Volvió a pasar, en el corazón de la tercera sección electoral, con los feriantes de La Salada que viven al día. Cumplir con las demandas del FMI atenta contra los votantes naturales de Milei. En medio de una tregua difícil en el peronismo, que llevó a Cristina a llamar a Axel Kicillof tras lanzarse como candidata, la inminencia de un fallo de la Corte Suprema contra la ex presidenta genera un clima todavía más enrarecido. A Milei no le sirve ni le agrada una condena fogoneada por los actores empresarios que fracasaron durante la aventura de Macri en el poder. Desde lo procedimental, el jubilado supremo Juan Carlos Maqueda dio este sábado -justo en Radio Mitre- las tres variantes que tienen sus ex compañeros. Respaldar a Eduardo Casal -el procurador nombrado por Macri- en su pedido de 12 años de cárcel, lo que devolvería la causa a la Cámara de Casación; confirmar ya la sentencia a 6 años a través del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil o analizar la causa constitucional en un estudio más profundo. La clave: una decisión efectiva precisa que los tres jueces fallen en el mismo sentido o demanda llamar a conjueces. Desde lo político, la Corte puede generar dos consecuencias. La primera es autodelatarse como parte de un sistema que deja al margen a la dirigente más importante de las últimas décadas, todavía hoy titular del PJ nacional y candidata. La segunda es elevar a CFK a la categoría de perseguida política, una condición que la emparentaria como nunca con Lula Da Silva. Todos se creen con derecho a ser parte de la historia, no importa cómo. Para Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tres desconocidos con enorme poder, sería reconocerse parte de un bloque de poder con intereses específicos. Si Lorenzetti fue el jefe de lawfare bajo el macrismo, bajo Milei la Corte avaló el ataque brutal a ingresos y jubilaciones, mientras le dio vía libre a un presidente que hizo por decreto lo más parecido a una reforma constitucional. Si CFK termina al margen de la política, como ella misma lo repitió en Corrientes, el cristinismo también tendrá tiempo para preguntarse por el enfrentamiento inviable que decidió librar con la Corte y la inutilidad de los operadores judiciales, algunos de ellos con un poder envidiable que los blinda de cualquier acusación. El escenario de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China también incide en el caso de una ex presidenta que tiene prohibido el ingreso al país de Donald Trump. Coincidencia o no, el fallo llegaría apenas unas semanas después de la muerte del Papa Francisco. El jesuita era el último dique de contención para muchas cosas, dentro y fuera del país. Lo sabe Rosatti, que lo visitó en noviembre pasado en el Vaticano. Nadie puede saber cómo impactaría la detención de Cristina en el peronismo y en el conurbano. Se abriría un escenario de pura incertidumbre, con actores dispuestos a apurar un nuevo reparto de poder y fuerzas en contradicción abierta. (*) Publicado en El Destape
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