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» Data Chaco
Fecha: 07/06/2025 23:27
La Oficina Anticorrupción (OA) concluyó que el presidente Javier Milei no violó la Ley de Ética Pública al difundir en redes sociales el proyecto privado "Viva la Libertad Proyect", vinculado a la criptomoneda $LIBRA. La causa judicial, sin embargo, continúa abierta y bajo investigación en el fuero federal. En una resolución fechada el 5 de junio, la OA determinó que Milei "no infringió la Ley N.º 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública" por la publicación realizada el 14 de febrero de 2025 en su cuenta personal de X (@JMilei), donde difundió una criptomoneda basada en blockchain Solana que prometía "revolucionar la libertad". El organismo —que depende del Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona— argumentó que el presidente actuó como un "ciudadano particular" y no en el marco de su investidura. El dictamen utiliza el término "difusión" en lugar de "promoción", una distinción clave para desligar a Milei de una posible incompatibilidad o uso indebido del cargo público. La resolución oficial replica la línea de defensa que adoptaron tanto el mandatario como su entorno: el mensaje en redes no constituyó un acto de gobierno ni implicó beneficios personales ni institucionales. Según la OA, no existieron elementos suficientes para iniciar una investigación administrativa de oficio. Un escándalo que sacudió al Gobierno La publicación presidencial generó una corrida especulativa en el mercado cripto. En cuestión de minutos, el valor de $LIBRA pasó de fracciones de centavo a más de cinco dólares, para luego desplomarse. Se trató de un esquema clásico de "pump and dump" —inflar el valor artificialmente y vender en el pico—, con pérdidas millonarias para pequeños inversores. Según informes financieros, los principales beneficiarios del alza repentina fueron los desarrolladores del proyecto, entre ellos los hermanos estadounidenses Hayden y Tom Davis, quienes concentraban cerca del 70 % de los tokens emitidos. Las ganancias estimadas superaron los 87 millones de dólares. El impacto fue tal que, a los pocos días, el Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que había sido creada específicamente para colaborar con la OA en casos de corrupción . La medida fue duramente cuestionada por sectores de la oposición, que acusaron al oficialismo de intentar blindarse institucionalmente frente a la investigación. La causa penal sigue abierta Más allá del dictamen de la OA, la causa judicial continúa su curso en la Justicia Federal . El fiscal Eduardo Taiano solicitó a fines de mayo información sobre las líneas telefónicas utilizadas por Javier y Karina Milei, y por tres de los señalados como partícipes en la maniobra: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. La jueza María Servini, a cargo de la investigación, ordenó además la remisión de informes patrimoniales por parte del Banco Central para establecer si existió algún tipo de enriquecimiento ilícito vinculado a las operaciones con $LIBRA. En paralelo, medios estadounidenses confirmaron que el FBI abrió una investigación por posible fraude informático y estafa contra los desarrolladores de la criptomoneda. Parte de los activos obtenidos por la venta inicial fueron congelados por la justicia de ese país. Notas Relacionadas
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