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Parana » Paginajudicial
Fecha: 07/06/2025 15:32
El juez de garantías Julián Vergara remitió a juicio una causa que tiene al ex gobernador acusado de haber recibido coimas para favorecer contrataciones a favor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrenos. El ex ministro Guillermo Smaldone y otros cuatro ex funcionarios también serán enjuiciados y enfrentan penas de prisión. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El juez Julián Vergara remitió a juicio una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, por haber favorecido al empresario Diego Armando Cardona Herreros, señalado como su testaferro, con contrataciones para desarrollar e implementar un software para la administración pública. El magistrado, además, rechazó los pedidos de sobreseimiento efectuado por los defensores de Guillermo Smaldone, Carlos Haidar, Miguel Ángel Ulrich, Luis Alfonso Erbes y José Humberto Flores, ex funcionarios de la gestión que encabezó Urribarri entre 2007 y 2015, sospechados de gestionado las contrataciones a favor de empresas de Cardona Herreros y de haber percibido coimas. Vergara tampoco hizo lugar a los planteos de los defensores en cuanto a que las contrataciones habían sido auditadas y aprobadas por los organismos de control, un argumento que ya habían utilizado, sin éxito, en otros procesos penales. Los ex funcionarios públicos y el empresario paraguayo están acusados por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho; y el Ministerio Público Fiscal adelantó que podría solicitar una pena de diez años de prisión para Urribarri y nueve años para Cardona Herreros. También se pidió una condena de cinco años de cárcel para Smaldone, ex titular del Ministerio de Trabajo. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, a cargo de la investigación, también habían imputado en su momento a gerentes de la empresa Relevamientos Catastrales, pero todos accedieron a la suspensión del juicio a prueba, una figura vedada para funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio del cargo. El esquema de negocios Los fiscales sostienen que el ex gobernador Urribarri se interesó personalmente para favorecer la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales para desarrollar e implementar un software para la administración pública. Lo que hizo Urribarri, según los fiscales, fue vincular a Cardona Herreros con funcionarios de su gestión y les pidió que le aportaran al empresario información anticipada sobre los procesos licitatorios y tramitaran las contrataciones. Por esas gestiones se habrían pactado sobreprecios, que fueron utilizados para realizar pagos a los funcionarios intervinientes, en contraprestación por esas gestiones. Lo primero que hicieron, dicen los fiscales, fue generar un expediente administrativo en el cual Haidar, a cargo de la Dirección de Informática, dejó plasmada la necesidad de contratar un “Servicio de Administración de Recursos Humanos” que permitiera generar un legajo electrónico único, la descentralización operativa (interconectado vía web), un módulo liquidador adaptable a múltiples escalafones, la administración de beneficiarios, compatibilidad con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el rediseño de circuitos administrativos y de documentación y la generación de reportes. A partir de ahí, se conformó una suerte de mesa operativa que integraban funcionarios públicos y representantes de Relevamientos Catastrales para gestionar las negociaciones y que la empresa tuviera toda la información disponible para adjudicarse la licitación. Con toda esa información disponible, Relevamientos Catastrales se adjudicó la licitación. Con una salvedad: en el precio final que iba abonar el Estado por el servicio contemplaban el costo del servicio, la ganancia de la empresa y un porcentaje de sobreprecios para distribuir entre funcionarios y la empresa beneficiaria. Los fiscales aseguran que esas condiciones habían sido acordadas previamente por Urribarri y Cardona Herreros. El contrato era por 10.201.060 pesos y las coimas que recibieron los funcionarios fue de 2.021.993 pesos. El ex gobernador habría percibido el 36,47 por ciento del monto fijado como sobreprecio, equivalente a la suma de 1.000.007, más una mensualidad de 20 mil pesos por 14 meses; mientras que a la empresa le quedaban 1.000.007 pesos. En 2010 (con fecha antedatada) se hizo una “adenda” a la primera contratación, en la cual se especificaba la necesidad de prorrogar el plazo de cumplimiento del servicio, por las modificaciones en los requerimientos del servicio contratado. La disposición implicaba una prórroga del contrato por ocho meses, a razón 285 mil pesos mensuales (incluido el sobreprecio). De ese monto, dicen los fiscales, se destinaron 30 mil mensuales para los directivos de Relevamientos Catastrales en concepto de “beneficios extraordinarios” y 106 mil pesos mensuales para los funcionarios públicos. Vencido ese lapso, hacia fines de 2010, se firmó una continuidad por diez meses por vía de una “contratación directa”. La cotización de la empresa fue de 180.290 pesos por mes, que contemplaba un pago de 30 mil mensuales a funcionarios. Entre 2012 y 2015 se adjudicó a Relevamientos Catastrales SA la contratación de un servicio de soporte diario de Administración de base de datos y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones por 18 meses, con opción de prórroga por otros 18 meses. Por ese servicio se pagaron 17.734.249,40 pesos en tres años y, otra vez, los representantes de la empresa, tuvieron conocimiento previo y privilegiado de los pormenores de la licitación. Esos montos contenían la previsión de 67 mil pesos mensuales a distribuir entre los funcionarios que tomaron parte del procedimiento. En 2013 se incorporó al esquema al Ministerio de Trabajo, entonces a cargo de Guillermo Smaldone, que después iba a ser designado como presidente del Tribunal de Cuentas. Dicen los fiscales que Smaldone, estando en conocimiento del plan para beneficiar a Cardona Herreros, inició tratativas para contratar un servicio de relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de Software de gestión Integral del Ministerio de Trabajo. La contratación de Relevamientos Catastrales se hizo por 19.800.000 pesos y en el contrato se había acordado previamente con la empresa un sobreprecio de aproximadamente 155 mil mensuales que fue distribuido entre los funcionarios públicos provinciales intervinientes. Smaldone habría percibido 50 mil pesos mensuales y a Urribarri le tocaban 40 mil pesos por mes. Erbes y Haidar también habrían percibido una mensualidad durante, al menos, tres años. Luego, el 2 de diciembre de 2014, se inició un expediente administrativo para la contratación de una consultoría técnica informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso. Relevamientos Catastrales fue la única oferente y fue contratada por un año, con opción de la provincia a una prórroga por otros seis meses. Por el servicio se abonaron a la empresa 7.836.600 pesos por 12 meses, suma que comprendía 102.000 pesos mensuales como sobreprecio a distribuir entre los distintos funcionarios intervinientes. En el requerimiento de elevación de la causa a juicio los fiscales adelantaron que solicitarán condenas para Urribarri, Cardona Herreros –señalado como testaferro del ex gobernador en otra causa– y Smaldone. También señalaron que pedirán condenas para Carlos Marcelo Haidar, ex director de Informática, para quien pidieron seis años de prisión; Luis Alfonso Erbes, ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas, que podría recibir una pena de cinco años de cárcel; Miguel Ángel Ulrich, ex director general de Ajustes y Liquidaciones, a quien piden una pena de cuatro años y seis meses de prisión; y José Humberto Flores, ex secretario de Hacienda, que enfrenta un pedido de tres años de prisión condicional. El ex secretario Legal y Técnico, José Gervasio Laporte, quedó fuera del proceso tras su fallecimiento en 2020.
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