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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 07/06/2025 04:50
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires En los últimos años, muchas comunidades religiosas, educativas, sociales, incluso académicas me han hecho llegar su preocupación por enterarse demasiado tarde de proyectos concretos que afectaban sus principios, derechos o formas de vida. Y esto sucede por falta de transparencia institucional, impidiendo el conocimiento y la participación ciudadana oportuna mediante el acceso a la información pública, fallando en los pilares esenciales de toda democracia moderna. Lejos de ser algo accidental, es una consecuencia directa de un modelo en el cual el acceso a la información parlamentaria requiere tiempo, conocimientos técnicos y seguimiento constante. En este marco, con el legislador porteño Yamil Santoro, hemos presentado el proyecto de ley para incorporar un sistema de alertas legislativas personalizadas al sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta herramienta permitiría que cualquier persona se suscriba gratuitamente para recibir notificaciones automáticas sobre los proyectos que contengan palabras clave o temáticas de su interés, lo cual representa un avance significativo hacia un sistema político más accesible, informado y deliberativo. De esta forma se acorta la distancia entre la norma en formación y la ciudadanía que la sufrirá o celebrará, evitando lo que Pierre Rosanvallon denominó como “distancia cívica”, es decir, la percepción creciente de que las decisiones se toman a espaldas de la sociedad, generando desafección institucional, polarización y crisis de representación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 establecen el derecho a recibir información pública como condición indispensable para el ejercicio de la libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile (2006), ha interpretado este derecho como una obligación positiva del Estado para garantizar mecanismos eficaces de acceso y difusión. Localmente, la ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al acceso a la información pública, promueve mecanismos que garanticen el principio de máxima divulgación. Por todo ello, este proyecto se alinea con la obligación de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole contribuyendo a la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno no como una concesión, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos y una obligación jurídica del Estado. Desde el punto de vista filosófico, el proyecto incorpora principios ético-comunicativos propios del republicanismo cívico. Siguiendo a Jürgen Habermas, la democracia deliberativa requiere que los ciudadanos puedan participar activamente en la formación de la opinión y la voluntad política, lo que sólo es posible si se garantiza un flujo claro, accesible y personalizado de la información legislativa. Este proyecto de ley se encuentra además en línea con la integración de la tecnología con la responsabilidad cívica y el valor de la verdad en la esfera pública. Porque no puede haber libertad responsable sin información veraz y accesible. Existen múltiples antecedentes que demuestran la eficacia y necesidad de sistemas similares: En Estados Unidos, el sitio congress.gov permite suscripciones a alertas por temas o por proyectos individuales. La Biblioteca del Congreso incluso desarrolló aplicaciones de acceso móvil para facilitar la participación. El Parlamento Europeo ofrece un sistema de notificaciones y seguimiento temático a través de la plataforma EP NewsHub, una herramienta crucial en el contexto de la legislación multilingüe y multinacional. De hecho la Unión Europea considera estas herramientas parte del “ecosistema de participación digital” recomendado por el informe Digital Democracy in Europe de la European Parliamentary Research Service, 2020. En Chile, el portal de la Biblioteca del Congreso Nacional implementó un sistema de alertas por materia, autor o comisión, destacado como ejemplo de buenas prácticas en transparencia legislativa por la OCDE en su informe 2018 sobre Gobierno Abierto en América Latina. En Brasil, el Congreso Nacional ofrece un sistema denominado e-Cidadania, permitiendo al ciudadano participar en encuestas vinculadas a proyectos y recibir alertas personalizadas. Su implementación fue clave en el seguimiento del Marco Civil de Internet, con más de 300.000 aportes ciudadanos verificados en su etapa de tratamiento parlamentario. Un estudio del Pew Research Center (2019) mostró que el 63% de los usuarios que reciben notificaciones legislativas por correo electrónico o plataformas digitales se involucra activamente en acciones cívicas y debates políticos informados, compensando la falta de tiempo, recursos o conocimiento jurídico, permitiendo que sectores históricamente menos activos accedan a procesos legislativos. La implementación de este sistema permitiría no sólo colocar a la Legislatura porteña a la vanguardia institucional del país, sino democratizar el acceso al conocimiento legislativo, empoderando a ciudadanos, ONGs, instituciones educativas, centros académicos, empresas, gremios y comunidades religiosas, pudiendo recibir información en tiempo real sobre temas que los afectan, sin intermediarios ni filtros ideológicos. Promovería además la vigilancia cívica, pudiendo detectar con mayor rapidez iniciativas que puedan afectar derechos adquiridos, libertades fundamentales o el equilibrio institucional. Estimularía además la participación temprana y fundamentada en el proceso legislativo, facilitando aportes, correcciones y debates públicos antes de la sanción de una norma. Más allá de su eficacia funcional, este proyecto constituye un gesto de pedagogía democrática enseñando que el poder legislativo no debe vivir a espaldas de la ciudadanía. Porque la educación cívica no se impone desde las aulas, sino desde las instituciones que demuestran con hechos su compromiso con los valores de la república, la libertad y el bien común. Como bien ha señalado Giovanni Sartori, la democracia no puede reducirse a un régimen electoral, requiere una ciudadanía informada y activa. Por todo ello, el proyecto de alertas legislativas no sólo sería una mejora técnica en el sitio web de la Legislatura. Es una respuesta concreta a las demandas de una ciudadanía que exige más información y transparencia efectiva, y que merece mayor participación. Bajo el firme compromiso republicano que me une al diputado Yamil Santoro, este proyecto de ley representa un paso firme hacia una Legislatura más abierta, más cercana y comprometida con su pueblo. Su sanción no sólo sería deseable sino necesaria para fortalecer el contrato democrático en tiempos de creciente desafección institucional. Estoy convencido de que este sistema será recordado como un hito en la democratización legislativa porteña. Si la participación ciudadana es una de las columnas de la democracia, este proyecto es uno de sus cimientos. Confío en que la Legislatura lo apruebe y que los ciudadanos lo usen. Porque una ley conocida a tiempo puede ser mejorada pero una ley ignorada es una amenaza.
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