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Parana » Informe Digital
Fecha: 06/06/2025 20:12
Análisis Con el avance de la causa relacionada con los contratos legislativos irregulares, uno de los imputados ha sido condenado tras acordar una pena leve en un juicio abreviado. Se trata de Esteban “Bebu” Scialocomo, quien se encargaba de recolectar el dinero recibido por los falsos contratistas y entregárselo a los miembros superiores de la banda. Además, era parte del equipo que reclutaba prestanombres para llevar a cabo estas contrataciones fraudulentas, en un sistema que facilitó el desvío de sumas multimillonarias del Estado provincial hacia unos pocos. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, encabezado por Rafael Cotorruelo, dictó esta sentencia el pasado jueves. Scialocomo fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de asociación ilícita y como partícipe necesario en once casos de peculado. La pena también incluye una multa de 90.000 pesos y una serie de normas de conducta a cumplir durante tres años, que incluyen la obligación de pagar 6.390.000 pesos como reparación económica y realizar trabajos no remunerados en una institución benéfica durante 96 horas anuales. Esta es la primera ocasión en que la Justicia reconoce explícitamente que se cometió un acto de corrupción a través de esta trama criminal. El juez fundamentó su decisión en la solidez de las pruebas recolectadas durante la investigación preliminar. La maniobra, que tuvo lugar al menos entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, consistió en el desvío sistemático de dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, mediante contratos de obra falsos. Los supuestos "contratistas" no realizaron ninguna prestación al Estado, sus firmas eran frecuentemente falsificadas y solo recibían una mínima parte de los honorarios acordados, quedando el resto en manos de la organización. Esteban Ángel Alberto Scialocomo formaba parte del grupo denominado "Los Particulares", que incluía a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioven, Viviana Giselle Mena Gioven, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea Demartin y Verónica Caíno. Este grupo actuaba como la “mano de obra” que ejecutaba las directrices de los líderes de la banda, abarcando desde el reclutamiento de falsos contratistas (a menudo familiares, amigos o conocidos, aprovechando la confianza) hasta la gestión del cobro de cheques emitidos desde los servicios administrativos contables de la Legislatura y la percepción de los mismos en el banco. La función principal de “Bebu” era gestionar el cobro de los cheques y recaudar el dinero. El grupo llevaba un registro minucioso de los montos que recibían y entregaban diariamente, rindiendo cuentas a las autoridades superiores de la red delictiva. Las evidencias que respaldan esta participación incluyen una gran cantidad de anotaciones en cuadernos incautados, mensajes de texto y correos electrónicos provenientes de dispositivos telefónicos y computadoras confiscadas a los imputados. Se constató que Scialocomo, junto a Mena y Beckman, llevaba un registro de las cobranzas en esos cuadernos. En la sentencia de Cotorruelo se destaca que, entre el 1° de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2018, Scialocomo registró el cobro de 178 cheques emitidos contra la cuenta de la Cámara de Diputados por un total de 2.944.000 pesos, así como 122 cheques contra la cuenta de la Cámara de Senadores por 2.291.000 pesos. Otros miembros de su familia también registraron cobros significativos durante el mismo periodo: Irene Marcela Galli (madre): 323 cheques de Diputados por 5.430.000 pesos y 284 cheques de Senadores por 4.730.000 pesos. Luis Oscar Scialocomo (padre): 242 cheques de Diputados por 4.123.000 pesos y 176 cheques de Senadores por 3.573.000 pesos. Giuliana María Scialocomo (hermana): 141 cheques de Diputados por 5.793.000 pesos y 175 cheques de Senadores por 3.064.000 pesos. Rocío Marianela Scialocomo (hermana): 117 cheques de Diputados por 1.542.000 pesos y 99 cheques de Senadores por 1.651.000 pesos. Es importante señalar que entre los funcionarios públicos y directores administrativos contables de la Legislatura se encuentran Juan Domingo Orabona, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Esteban Cardoso, quienes administraban los fondos públicos, emitían cheques y recibían el dinero a través de los contadores Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, quienes operaban una “verdadera administración” de las actividades ilícitas. Finalmente, se señala que los fondos públicos desviados fueron invertidos en bienes raíces y actividades agropecuarias, con la complicidad de auditores y el uso de estudios contables para gestionar los impuestos de los falsos contratistas, resultando en un monto total sustraído que supera los 1.235 millones de pesos. La audiencia para la remisión de la causa a juicio se reanudará después de un receso, el próximo lunes a las 9. Se aproxima el momento en que la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta, emitirá su resolución, casi ocho años después del inicio del escándalo y la investigación.
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