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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 06/06/2025 12:54
El exsenador argentino permanece bajo arresto domiciliario en Asunción desde diciembre. La Justicia paraguaya lo acusa de contrabando y avanza hacia un juicio oral, mientras se dilata su entrega a la Argentina, donde enfrenta causas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A seis meses de su detención en la frontera entre Brasil y Paraguay con una mochila cargada de dólares sin declarar, el exsenador Edgardo Kueider fue formalmente acusado por la Justicia paraguaya por el delito de contrabando. El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de Ciudad del Este, presentó la acusación que también involucra a Iara Guinsel Costa, acompañante de Kueider en el cruce fronterizo del Puente de la Amistad el pasado 4 de diciembre de 2024. Ambos permanecen desde entonces bajo prisión domiciliaria en Asunción, mientras el expediente avanza hacia el juicio oral. El delito que se les imputa —contrabando de divisas— prevé penas de hasta cinco años de cárcel en Paraguay. Según la acusación, fueron hallados en “flagrancia” con 211.102 dólares en efectivo en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet Trailblazer, además de 640.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos. Parte del dinero fue incautado, y 9.900 dólares les fueron restituidos por ser la cantidad máxima que se puede ingresar sin declarar. Además del proceso penal, un expediente administrativo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ya dictaminó que Kueider y Guinsel Costa cometieron contrabando, y ordenó la incautación definitiva del dinero y la subasta del vehículo. AUDIENCIA Y JUICIO EN PUERTA El juez Humberto Otazú deberá definir en las próximas semanas si acepta la acusación y eleva el caso a juicio oral. La fiscalía propone una lista acotada de testigos y considera que se trata de un caso sin mayor complejidad. Mientras tanto, Kueider permanece en su domicilio bajo custodia. EXTRADICIÓN TRABADA Paralelamente, la Justicia argentina insiste en su pedido de extradición. El fiscal Fernando Domínguez y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado acusan a Kueider por lavado de dinero y asociación ilícita, en una causa conectada con la megainvestigación sobre pagos ilegales de la empresa de seguridad Securitas a funcionarios públicos. En ese marco, ya hay varios detenidos, entre ellos allegados al exsenador y socios en empresas que aparecen en operaciones inmobiliarias sospechosas en Paraná. Sin embargo, Paraguay ha rechazado dos veces la solicitud de extradición, alegando inconsistencias formales, superposición de normativas internacionales y falta de documentos clave. Desde la Justicia argentina niegan esas deficiencias y sostienen que el expediente está sólidamente fundamentado. MÁS SOSPECHAS Kueider también es investigado por enriquecimiento ilícito en Entre Ríos. En uno de los procedimientos, se halló un disco rígido con un video donde se lo ve contando fajos de dólares en su oficina de Paraná, cuando era secretario general de la gobernación. Ante la difusión del material, el exsenador afirmó que se trataba de “fondos reservados de la provincia”, pero los investigadores señalaron que no existen partidas de ese tipo en moneda extranjera. En Paraguay, por su parte, se abrió otra investigación por lavado de activos luego de que trascendiera que Guinsel Costa habría intentado adquirir departamentos por 700 mil dólares en efectivo, pocos días después de la votación de la Ley Bases en el Senado argentino, en la que el voto de Kueider fue clave. Aunque la operación no se concretó, informes de inteligencia financiera confirmaron los intentos de pago y luego la devolución del dinero. UN CASO BINACIONAL CON DERIVACIONES POLÍTICAS El caso suma ingredientes judiciales, políticos y diplomáticos. El buen vínculo entre los presidentes Javier Milei y Santiago Peña no ha sido suficiente para destrabar el proceso de extradición, lo que ha generado sospechas sobre eventuales maniobras dilatorias por parte del Ministerio Público paraguayo. Mientras tanto, la situación judicial de Edgardo Kueider se agrava: enfrentará un juicio por contrabando en Paraguay, mientras la Justicia argentina lo espera por delitos aún más graves.
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