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Colon » El Entre Rios
Fecha: 06/06/2025 11:30
La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto de ley de emergencia en discapacidad, con 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones. Ahora, la iniciativa impulsada por el bloque de Unión por la Patria, será enviada al Senado. Por qué votó en contra La diputada nacional Nancy Ballejos (PRO), oriunda de Chajarí y radicada en Concordia, votó en contra. Consultada al respecto, explicó: “repitiendo las mismas recetas que nos llevaron a este fracaso, no vamos a llegar a resultados diferentes. La situación en discapacidad es crítica, eso lo sabemos. Pero la solución no va a venir creando más estructura y burocracia”, argumentó. De la misma manera, señaló que “la crisis que atraviesan los prestadores en salud, viene de larga data y arrastran un retraso en la actualización de los montos de por lo menos 4 años. Desde el 2020 a la fecha la actualización de los montos fue por debajo de la inflación. Más precisamente entre 2020 y 2023, el retraso acumulado en la actualización del nomenclador es de más de 120%”, precisó. Continuó: “en 2021 la inflación fue del 50% y la actualización del nomenclador fue del 34%. Mientras que en 2022 la inflación fue del 94% y la actualización fue del 73%. En tanto que, en el año 2023 la inflación fue del 211% y la actualización fue del 120%”. En sus fundamentos, difundidos también por sus redes sociales, la abogada consideró que “el abandono y el retraso en la actualización de los montos en el nomenclador fue sistemática y deliberada. Siendo el principal responsable el gobierno de Alberto Fernández”, acusó. Sobre las pensiones no contributivas Ballejos consideró que “el dictamen de mayoría propuesto por los diputados de Unión por la Patria, implica mucho más que la declaración de emergencia en discapacidad. Crea un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad, sin mencionar de dónde se van a sacar los recursos para poder financiarlas”, sostuvo y marcó que, “por lo tanto, lejos de solucionar el problema estructural, este dictamen incorpora más estructura al sistema, alejando aún más la posibilidad de solucionar el estado de retraso permanente en los montos de las prestaciones”. “Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) por las nuevas altas de estas Pensiones no contributivas se prevé una ampliación de la demanda que se incrementa de entre 500.000 a 950.000 los nuevos beneficiarios con un impacto fiscal equivalente al 0,42% del PBI1”, indicó. A modo comparativo, aportó datos de la ONU sobre las pensiones otorgadas en Ucrania en 2023, siendo 145.000 los certificados de discapacidad por heridas de guerra. “Con este proyecto se pretende otorgar entre 3 y 6 veces esa cantidad ¿Cuál sería la catástrofe que atravesó nuestro país para tener esos números de pensiones por invalidez?”, se preguntó. Asimismo, resaltó el proceso de auditorías, respecto al otorgamiento de estas pensiones, que está desarrollando el gobierno nacional. Dijo que entre 2007 y 2015 se quintuplicaron las pensiones por invalidez y agregó: “A su vez, entre 2021 y 2022 se incrementó en un 56% más la emisión de certificados de discapacidad”, el equivalente a unas 175 mil pensiones más. Lo que propone el PRO Por otra parte, la diputada que ocupó la banca que dejó Pedro Galimberti para asumir como delegado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se refirió al dictamen presentado por su partido. “Un proyecto que propone una actualización del nomenclador de discapacidad por IPC (Índice de Precios del Consumidor) conforme a los datos publicados por el INDEC. Así como también un sistema agilizado de pagos para evitar retrasos burocráticos”. “Por otro lado, se adapta el lenguaje de las leyes nacionales de discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y facilitar el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a través de trámites más ágiles de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, destacó. Marcó que, además, “proponemos un régimen de fomento a la inclusión laboral estableciendo más incentivos impositivos para los empleadores, porque creemos que es fundamental para el desarrollo de todas las personas poder acceder a un empleo digno y en igualdad de condiciones. Y para finalizar, exigimos la reglamentación del art. 26 de la ley 26.816 sobre empleo protegido, pendiente desde 2013. Estos incentivos laborales tienen que ver con que sólo el 13% de las personas con discapacidad mayores de 14 años tiene empleo. Sin autonomía no hay dignidad, y sin trabajo no hay autonomía. Necesitamos un Estado transparente y eficiente. Como legisladores tenemos la responsabilidad de proponer un enfoque serio en políticas de discapacidad”, remarcó. “Basta de los parches y la improvisación. Y, sobre todo, basta de utilizar las necesidades de los más vulnerables para un mero relato electoralista”, concluyó. Fuente: Chajarí al Día.
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