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» Comercio y Justicia
Fecha: 06/06/2025 08:12
Ayer se terminaron de abrir las propuestas para los tres tramos en que dividió la obra remanente. Según trascendió, hubo múltiples empresas interesadas. Sin embargo, aún hay escollos para avanzar con los trabajos. Sucede que sigue abierto el litigio con las contratistas originales CRZ Construcciones SA-Perales Aguiar SA-UTE. Milei rescindió el contrato pero la adjudicataria recurrió la medida. “Agotada la vía administrativa, podemos avanzar aunque la empresa recurra a la Justicia”, dijo una fuente. De todas maneras, los tiempos para concluir la obra se dilatarán más de la cuenta Por Alfredo Flury La empresa Caminos de las Sierras concluyó ayer la recepción de propuestas para licitar los tres tramos remanentes de la Autopista entre Córdoba y San Francisco, obra que requerirá una inversión de 153,2 millones de dólares y un plazo de ejecución de 18 meses. Se trata de una ruta emblemática para el gobernador Martín Llaryora, que -luego de la autopista a Buenos Aires- es una vía clave para el Mercosur y cuya ejecución, al igual que la autopista de la ruta 9, o el cierre del Anillo de Circunvalación de la ciudad de Córdoba, fue prometida durante años pero nunca concretada. De hecho, fue la propia Provincia de Córdoba la que inició los trabajos en el tramo desde la ciudad capital hasta Río Primero. En tanto, en enero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri firmó con Juan Schiaretti un acuerdo para ejecutar diferentes obras en Córdoba, entre ellas esa autopista. Muy poco de esas promesas se cumplieron. De hecho, fue Schiaretti quien financió parte de esos proyectos. El reclamo de los fondos utilizados derivó luego en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, cuantificado en unos 200 millones de dólares, aún irresuelto y hoy parte de la negociación entre Córdoba y la Nación en el marco del régimen de compensación de deudas y acreencias mutuas. Ofertas y plazos Como fuere, ayer se dio el puntapié inicial con la recepción de las ofertas para los tres tramos en que se dividió la obra. Dos de esas aperturas se concretaron el miércoles y ayer se completó con el tramo faltante. Aunque desde Caminos de las Sierras evitaron brindar información sobre el proceso aduciendo que la cantidad de oferentes y principalmente la voluminosa documentación presentada, impedía por ahora difundir los nombres de los interesados, fuentes consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que cada licitación concitó el interés de casi una decena de empresas, entre constructoras que se presentaron en soledad u otras que concurrieron en UTE. “Son todos pesos pesados, grandes jugadores”, graficó un informante. Más allá de los nombres de quienes pretenden adjudicarse el negocio, el dato que llamó la atención fue el importante interés manifestado por las empresas, en un contexto en el que la obra pública no abunda, principalmente por la decisión del Gobierno nacional de frenar las inversiones previstas o en marcha. En ese contexto, el gobernador Llaryora acordó con el presidente Milei el traspaso de la ruta a la Provincia que de esta forma se hace cargo de concluirla. Fue así que el mandatario ordenó avanzar con el proceso licitatorio pese a que aún había aspectos por resolver, básicamente vinculados a la liberación de la traza. Sucede que los dos tramos que faltan aún están bajo el control de CRZ Construcciones SA-Perales Aguiar SA-UTE, adjudicataria original y que hace años mantiene un conflicto con la Nación por la falta de pago de certificaciones ya entregadas. Ese litigio lleva al menos cinco años. “Además de la deuda que reclama, puede haber reclamos por gastos improductivos y lucro cesante”, explicó a este medio una fuente del sector de la construcción. Algo está claro. La UTE no va a abandonar su reclamo. Llaryora sabe que avanzar con la obra por cuenta propia sin que esté resuelto ese litigio entre la adjudicataria y la Nación, puede generarle a la Provincia un eventual juicio o, cuanto menos, un parate en el inicio de la obra. “La semana pasada firmamos un nuevo convenio con Nación para poder seguir adelante con el proceso licitatorio, y en el tiempo que nos lleve la apertura, evaluación de ofertas, adjudicación, etc. ellos se comprometen a agotar la vía administrativa, de tal forma que cuando firmemos contrato podamos empezar la obra”, explicó una fuente. ¿Y si la empresa acude a la justicia una vez agotada la vía administrativa?, preguntó este medio. “Se les rescindió, presentaron recurso y cuando se los rechacen queda firme la rescisión y agotada la vía, la traza queda liberada. Agotada la vía administrativa quiere decir que pueden judicializar y reclamar resarcimiento, pero no hay efectos retroactivos (no pueden volver a ser contratistas de esa obra)”, concluyó el informante. Tiempos Mientras ese proceso entre la Nación y la contratista se resuelva, la Provincia avanzará en el análisis de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. Todo ese proceso llevará varios meses, tiempo suficiente para que se despeje un eventual escollo que pudiera, por ejemplo, derivar en una denuncia judicial que recaiga también sobre Córdoba, tema que Llaryora quiere evitar, por cierto. Así las cosas, la obra cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, recién estaría concluida a comienzos de 2027 en el mejor de los casos. En cuanto al financiamiento, la idea es lograr fondeo externo. Mientras tanto se avanzará con recursos propios derivados del ahorro corriente de las cuentas públicas.
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