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Concordia » 7paginas
Fecha: 05/06/2025 22:14
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la provincia de Entre Ríos, presidida por la diputada Gabriela Lena, emitió un dictamen de mayoría para avanzar con un proyecto de reforma a la Ley de Juicio por Jurados Nº 10.746. La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca agilizar los procesos judiciales, pero ha generado un fuerte rechazo en sectores vinculados al Derecho y la sociedad civil, que la consideran inconstitucional y un grave retroceso. Según explicó Lena, el proyecto fue debatido en cinco reuniones durante el año pasado, y responde al retraso acumulado en la implementación de este sistema de juzgamiento. «Este retraso se ha incrementado debido a diversas razones, lo que motiva la necesidad de reformar», sostuvo la legisladora. Entre las principales modificaciones que plantea el texto se destacan: Limitar los delitos que pueden ser juzgados por jurados a aquellos cuya pena máxima en abstracto supere los 20 años de prisión o reclusión. Cambiar el sistema de remuneración a los ciudadanos que integran los jurados, reemplazando el pago basado en juristas por una compensación determinada en JUS. La intención declarada es dar mayor celeridad a los juicios, beneficiando tanto a las víctimas como a los imputados. Sin embargo, la propuesta generó un amplio rechazo de instituciones especializadas y asociaciones civiles. Fuerte oposición de organizaciones judiciales y de derechos Entre los sectores que manifestaron su preocupación y rechazo se encuentran: Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) Asociación de Pensamiento Penal En un comunicado conjunto enviado a 7Paginas, advirtieron que la reforma «resulta inconstitucional al limitar los casos que pueden ser juzgados por jurados», violando lo establecido en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional. Además, señalaron que representa “un retroceso para el sistema judicial provincial”, al restringir la participación ciudadana en decisiones tan sensibles como la privación de la libertad. También alertaron que la medida podría provocar un aumento en la litigiosidad, debido a la presentación de planteos de inconstitucionalidad que afectarían la normalidad de los procesos penales. Las organizaciones instaron a los legisladores a rechazar enfáticamente el proyecto y promover una discusión más profunda, plural y democrática, en línea con el principio de participación popular consagrado por la Constitución. El debate, que pone en tensión la búsqueda de eficiencia judicial con las garantías constitucionales, continuará en los próximos días en el ámbito legislativo, donde la atención estará puesta en cómo se equilibra el derecho ciudadano a juzgar con la necesidad de acelerar los tiempos de la Justicia.
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