06/06/2025 14:55
06/06/2025 14:55
06/06/2025 14:54
06/06/2025 14:53
06/06/2025 14:53
06/06/2025 14:53
06/06/2025 14:53
06/06/2025 14:52
06/06/2025 14:52
06/06/2025 14:52
» Primerochaco
Fecha: 05/06/2025 21:10
El acceso a la vivienda digna es una de las demandas sociales más persistentes en la provincia del Chaco. En ese contexto, la nueva conducción del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) asumió con el desafío de ordenar una situación compleja, marcada por años de irregularidades, obras inconclusas y déficit habitacional. Fernando Berecoechea, presidente del organismo desde diciembre de 2023, brindó una entrevista en la que delineó los principales problemas heredados, las estrategias para revertirlos y los objetivos que orientan su gestión. Una herencia difícil: irregularidades y falta de planificación “Cuando asumimos encontramos más de 3.500 viviendas sin regularizar, y cerca de 1.500 adjudicaciones que no se habían concluido correctamente”, detalló Berecoechea. “Esto significa que muchas personas habitan viviendas sociales sin contar con la documentación correspondiente, mientras que otras —que fueron adjudicadas en su momento— nunca pudieron tomar posesión de su casa”. Según explicó el funcionario, durante años se aplicaron mecanismos de adjudicación poco transparentes, lo que derivó en la asignación de viviendas a personas que no cumplían los requisitos básicos, como la residencia en la provincia o la falta de ingresos suficientes. También se detectaron casos de viviendas adjudicadas a beneficiarios que no las habitaron, o que las transfirieron de manera informal. “El acceso a una vivienda social no puede ser visto como un privilegio ni como un beneficio político. Tiene que ser un derecho gestionado con criterios claros, justos y públicos. Por eso, lo primero que hicimos fue comenzar un relevamiento general para ordenar la situación”, enfatizó. Obras paralizadas y presupuesto limitado Uno de los aspectos más críticos detectados por la nueva gestión fue la gran cantidad de obras habitacionales inconclusas. “Recibimos más de 2.500 viviendas en ejecución, pero muchas de esas obras estaban paralizadas, con niveles de avance bajísimos, del 3% o 4%, y sin financiamiento previsto”, explicó Berecoechea. Frente a esa realidad, el IPDUV trazó una estrategia de priorización: terminar primero las obras con mayor grado de avance físico. Para eso, el gobierno provincial destina recursos propios, ya que los programas nacionales de vivienda vienen con demoras o están prácticamente frenados. “Sabemos que el esfuerzo financiero es enorme, pero no podemos tener casas sin terminar cuando hay miles de familias esperando”, dijo. A su vez, el Instituto trabaja en reactivar canales de diálogo con Nación para reencauzar convenios pendientes y acceder a nuevos programas, aunque Berecoechea reconoció que en el corto plazo la provincia debe avanzar por sus propios medios. “Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados”, aseguró. Regularización y justicia social Una de las prioridades del IPDUV es la regularización dominial: otorgar títulos de propiedad a familias que hace años habitan viviendas sociales. “La falta de documentación formal genera un círculo vicioso: sin título no hay acceso al crédito, no se pueden hacer mejoras estructurales, y se pierde seguridad jurídica”, explicó el titular del Instituto. “Estamos trabajando para entregar escrituras, pero también para detectar y recuperar viviendas que fueron adjudicadas y no están siendo utilizadas de forma adecuada”, agregó. En ese marco, se puso en marcha un sistema de inspecciones que permitió recuperar casas deshabitadas, usurpadas o utilizadas para otros fines. Esas unidades serán reasignadas según los criterios del padrón vigente. Nuevos programas y sistema de inscripción permanente Además del ordenamiento de lo heredado, la actual gestión busca sentar nuevas bases para una política habitacional más transparente. Una de las herramientas clave en ese sentido es el sistema de inscripción permanente, que reemplaza a los viejos sorteos puntuales. “Queremos que las familias puedan inscribirse en cualquier momento del año y que tengan la tranquilidad de que su situación será evaluada con criterios objetivos”, explicó. Otro eje innovador es el programa de recuperación de viviendas abandonadas o mal adjudicadas. A través de este mecanismo, se identifican viviendas en situación irregular y se las reintegra al sistema para asignarlas a familias que realmente las necesiten. “No se trata de castigar a nadie, sino de ordenar el sistema y garantizar el acceso justo”, aclaró. Transparencia y participación Berecoechea remarcó que uno de los grandes objetivos de su gestión es que el IPDUV vuelva a ser una institución confiable y abierta a la ciudadanía. “Nos proponemos ser transparentes, accesibles, y rendir cuentas. Por eso publicamos los listados, respondemos consultas, abrimos canales de denuncia y trabajamos con una perspectiva de justicia social”, indicó. Además, el Instituto colabora con municipios y organizaciones civiles para llegar a más barrios y detectar necesidades específicas. En paralelo, se proyectan nuevos desarrollos urbanísticos con criterios modernos de sustentabilidad y acceso a servicios. “La vivienda no es solo un techo, es dignidad” Para cerrar, Fernando Berecoechea dejó un mensaje que sintetiza el sentido de su gestión: “Nuestro gran objetivo es que las viviendas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan. La vivienda no es solo un techo, es dignidad, estabilidad, una herramienta para mejorar la calidad de vida. Cada casa que entregamos, cada título que regularizamos, es una deuda que saldamos con la comunidad”. Con ese enfoque, el IPDUV avanza en una etapa de reconstrucción institucional, con el compromiso de garantizar el derecho a la vivienda para todas y todos los chaqueños.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por