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Concordia » Diario Rio Uruguay
Fecha: 05/06/2025 19:48
Agrandar imagen La obra social sigue en el ojo de la tormenta En diálogo con Diario Río Uruguay, el letrado aclaró que esta “es la única denuncia que hay contra la actual intervención del IOSPER”, dado que “todas las otras son anuncios periodísticos, porque no hay ninguna radicada o en trámite”. Dicho esto, repasó que “la denuncia es por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y, lo más grave para mí criterio, el abuso de autoridad y abandono de persona que al menos encontramos en el conocido caso de Gustavo Godoy, que murió esperando su marcapasos”. No obstante, mencionó que “lo más grave se centra en este delictivo contratar que se hizo a cuatro empresas de Buenos Aires, que no fueron electas por licitación pública y no están inscriptas en el registro de proveedores de la provincia". Además, agrego Giampaolo, "han sido exceptuadas de pagar el 2% que paga todo proveedor de IOSPER para un fondo especial para atender asuntos de extrema urgencia", como así tampoco "no cumplen con la obligación de contratar el seguro de la provincia (IAPSER), y se termina de poner la frutilla del postre cuando se observa que hay lazos comunicantes societarios, entre integrantes de la empresa y la intervención”. Además, Giampaolo comentó que “estas firmas violan la ley de compra entrerriana, que está vigente y establece que si hay un proveedor en la región que sea competitivo y de precios similares, debe tener prioridad sobre proveedores foráneos”. Por último, detalló que “se autorizó la contratación en moneda dólar, que no está permitido en la legislación entrerriana por excepción, o sea que si mañana explota el dólar, te endeudas” y, en este caso, subrayó que “todo el sistema de prótesis y marcapasos ha sido dolarizado, lo que es sumamente grave por la volatilidad que significa para la empresa”. Cómo seguirá Por lo pronto, el letrado adelantó que “el fiscal tiene que abocarse, porque es quien va a determinar los tipos penales o los delitos que se estarían cometiendo y seguir desde ahí la investigación”. En lo que respecta a lo legislativo, indicó que “se está trabajando con la intersindical, porque salvo un solo sindicato como UPCN, todo el resto se opone severamente a esta intervención, para que los legisladores al menos analicen con un poco de profundidad la serie de irregularidades que están detrás de esto”. Intervención Por otro lado, Giampaolo señaló que “la intervención se reduce de tres controlantes y siete representantes de los gremios a solo una persona, que va a ser el gobernador de turno, que va a decidir todo con reserva de información, que es otra inconstitucionalidad de la ley”. Sin embargo, desde la parte denunciantes “observamos que esto no es una obra social nueva, sino que como se les terminó el tiempo de la intervención (de 6 meses) donde hacían lo que querían, con esta ley quieren extenderla y les piden a los diputados que la blanqueen para continuar por el tiempo que ellos necesiten”. Servicio de streaming y campañas en contra Finalmente, el letrado se refirió a un detalle en particular que se observó respecto a la intervención, el de “una compra indebida, que no tiene nada que ver con los recursos de IOSPER, de un servicio de streaming para una actividad del gobernador de la provincia el 28 de abril”. Según sus palabras, llama la atención dado que “lo hemos chequeado y -el 28 de abril- el gobernador estuvo en Chaco, regresó a la provincia y lo único oficial que tuvo fue una conferencia de prensa en el salón de la Casa de Gobierno, pero no hubo ninguna actividad que requiera gastar un millón de pesos en un servicio de streaming y ningún tipo de gastos de pantalla”. Dicho esto, apuntó que “la empresa que se contrató de forma directa y sin licitación, es una que se dedica a este tipo de servicios oriunda de Paraná”, pero “el tipo de contratación no encuentra su asidero con la realidad, porque no hubo tal servicio brindado en esa fecha y la sospecha que nos transmiten personas que conocen de adentro del sistema, es que eso se utilizó para una campaña de desprestigio en redes sociales”, por lo que “parte del dinero que se está extrayendo de los afiliados, se utiliza para hacer campañas en contra de la obra social que justifiquen su intervención”.
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